lunes, 5 de julio de 2010

Okupas: especie protegida

Una familia catalana lleva 16 meses con la casa ocupada. Una juez ha rechazado desalojar a los intrusos porque carecen de recursos. Jueves, 19 de noviembre de 2009 (El País).


Josep M. y su esposa viven con su hijo en el barrio de El Poble-sec, en Barcelona. Lo hacen desde el 21 de julio del año pasado. «Estábamos pasando unos días de vacaciones y nos llamaron para decirnos que parecía que hubiera alguien en casa». Volvieron a uña de caballo, llegaron a la puerta de su piso, en El Raval de Barcelona, y trataron de abrir: la llave no iba. Dentro no se oía nada. Josep (que pide el anonimato y se niega a ser fotografiado) tiene un primo cerrajero: lo llamó y acudió casi de inmediato. Cuando ya estaba abierta la puerta, alguien acabó de abrir desde dentro. Ahí empezaron más líos.
- «¿Qué hacen aquí?»
- «¿Cómo que qué hago? Esta es mi casa».
- «De eso nada».
El matrimonio puso una denuncia, ante los Mossos y en los juzgados. Su abogada, Esther Villaescusa, lo resume así: «Primero instamos un proceso penal, por allanamiento de morada, pero fue archivado y se nos dijo que utilizáramos la vía civil para el desahucio. Lo hicimos y en abril de este año hubo sentencia, que daba la razón a mis clientes. La otra parte recurrió. Yo pedí la ejecución de sentencia porque Josep y su mujer no tienen otra casa. Se fijó para octubre. Pero el día en que iba a ejecutarse, la juez la aplazó aduciendo que los ocupantes carecen de medios. Nos queda la apelación y la hemos presentado, pero es difícil que se resuelva antes de marzo. Todo surrealista», concluye.
«Si fuera un piso de alquiler normal, dejaría de pagar y listo». Pero la cosa es mucho más complicada. El piso es una vivienda social propiedad de la Generalitat y se halla en un bloque gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que reconoce estar al tanto de los hechos. El inquilino no puede dejar de pagar porque, si lo hiciera, perdería los derechos adquiridos. De modo que el matrimonio no vive en el piso pero paga el alquiler y la luz, el gas, el teléfono o el agua. «Nos han dicho que si no lo hacemos, luego las cosas pueden ser más complicadas», señalan.
Hace unos días, un vecino les avisó: los intrusos estaban tirando cosas a la calle. Acudieron corriendo y salvaron un viejo televisor Elbe. Lo conservan. La mujer lo muestra y añade: «Sé que no vale mucho, pero es mío, como todo lo demás que había en el piso. A saber cómo estará ahora...» Se habían arreglado el apartamento (tres habitaciones, 80 metros cuadrados) a su gusto. «Hace unos años se hicieron unas obras, porque fallaban las tuberías y los desagües. Les dije que la cocina me la haría yo nueva», cuentan. Hablan de la casa con una profunda nostalgia: la ropa, las fotos, los recuerdos y, sobre todo, proyectos de un futuro que ya no será.
Josep y su esposa se aferran a lo poco que les queda de la vivienda: el papel del censo electoral con sus nombres y la dirección en litigio, porque los que había en el buzón han sido borrados. El intruso ha puesto los suyos con rotulador.

2 comentarios:

  1. Aunque la historia ya es vieja como noticia, no por ello deja de ser indignante. Y más todavía los criterios judiciales que se cuentan en la misma, utilizados para dilatar la okupación en el tiempo .
    http://antiokupas.blogspot.com/

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  2. Es que con la "justicia" española es el cuento de nunca acabar...

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