miércoles, 30 de noviembre de 2011

Telecinco sustituye CNN+ por un canal 24 horas de Gran Hermano


 

Tras el cierre del canal de noticias CNN+, Telecinco llenará su hueco con uno de sus productos estrella: Gran Hermano. Según informa El Mundo, está previsto que esta misma semana arranque un nuevo canal 24 horas dedicado día y noche al reality show estrella de Paolo Vasile.
Con este movimiento, la “cadena amiga” busca aumentar su audiencia y alimentar las tertulias que llenan la programación de la cadena.
Gran Hermano tiene previsto su final en marzo, aunque algunos rumores apuntan a que la estrategia de Telecinco pasa por enlazar el final de una edición con el comienzo de otra.

Boabdil no tenía motivos (Arturo Pérez-Reverte)

 

No quiero que se vaya 2010 sin glosar un recorte de prensa que tengo sobre la mesa. Hace unas semanas coincidieron, en tiempo y espacio, el alarde habitual de cinismo de las autoridades del ramo tras la publicación de cada informe Pisa sobre el estado de la educación en España -sólo estamos un poco por debajo de la media, no vamos tan mal como parece, etcétera- y una cosita de la Junta de Andalucía que me hace tilín. Sobre nuestro coma educativo no voy a extenderme, pues acabo de desayunar y sería incómodo que la náusea me hiciera vomitar el vaso de leche y los crispis sobre el teclado del ordenata; sobre todo si recuerdo los paños calientes del ministro responsable, señor Gabilondo, el triunfalismo idiota de su secretario de Educación -que ni me acuerdo de cómo se llama ni me importa un carajo-, o el de ciertos presuntos consejeros de Educación de los diecisiete putiferios del Estado español. Dicho sea lo de Estado con las cautelas oportunas.
El adobo de choteo, como digo, lo pone el recorte de prensa que mencionaba. Lo leí cuando se hacían públicos los datos que, una vez más, confirman que la lucha honorable de tantos maestros españoles, maniatados por nuestro triste sistema educativo, es una batalla perdida; que la excelencia en las aulas es políticamente incorrecta, que todo se iguala por abajo en favor de la apatía y la mediocridad, y que preferimos tener masas de chusma informe antes que élites preparadas que le pongan letras mayúsculas a la palabra futuro. Tengo ese recorte sobre la mesa, como digo, y me partiría la caja si no fuera porque el asunto tiene poca gracia. Mientras el informe Pisa confirma que Andalucía sigue a la cola de Europa, lo que preocupa a la Junta que gobierna esa autonomía, la prioridad a la que dedica tiempo y viruta, lo que le quita el sueño y merma su presupuesto, es publicar una guía de 71 páginas para propiciar “el conocimiento de la perspectiva ecofeminista y potenciar el lenguaje periodístico desde una perspectiva de género medioambiental”.
Lo de menos es que Andalucía, inculto patio de Monipodio de políticos oportunistas y clientela comprada con subvenciones, carezca de medios para que los colegios funcionen, los alumnos progresen, y los profesores heroicos dispongan de medios en la desigual lucha que libran. Por ahí pasa la Junta de puntillas. Para lo que comparecen cuatro consejeros -Medio Ambiente, Presidencia, Igualdad y Hacienda- es para exigir al mundo que se evite la palabra “actor” sustituyéndola por “persona que actúa”, que en vez de “futbolistas” digamos “quienes juegan al fútbol”, que en vez de “parados” se diga “personas sin trabajo”, que “los ciudadanos” se transformen en “la ciudadanía”, “el hombre” en “la humanidad”, “los niños” en “la infancia” y “los andaluces” en “el pueblo andaluz”.
Llegados a este punto, diríamos que la imbecilidad de la Junta andaluza, encarnada en sus representantes, quedó exhausta. Pues no. Aún les quedó resuello para poner algunos ejemplos de cómo evitar el lenguaje machista. Por ejemplo, sustituyendo la frase “los maestros les prohíben usar el móvil a los alumnos” por “el profesorado le prohíbe usar el móvil al alumnado”; que, además, resulta un delicioso pareado. Aunque mi recomendación favorita del informe juntero -me pregunto cuánto costó, y a quién arregló el año la subvención, o mandanga- es la que critica la frase “Páez estuvo magnífico en su intervención y la señora Martínez iba muy elegante” y exige cambiarla por “Páez estuvo magnífico en su intervención y la señora Martínez realizó unas aportaciones muy inteligentes”; dando por sentado que la señora Martínez, sea quien sea, y por el hecho de ser mujer, tiene que aportar inteligencia por cojones.
Sería injusto afirmar que en este alarde de sentido común y gusto expresivo, la Junta se olvida de la educación y la cultura. Hay una exigencia de la que, supongo, tomarán nota todos los profesores -el profesorado- que expliquen a sus alumnos, o alumnado, la Historia de Andalucía y de España; dicho sea lo de España sin ánimo de ofender. Según lo que recomienda el manual juntero, la madre de Boabdil ya nunca podrá dirigirse en los libros de texto a su destronado chaval con las palabras que le dedicó en 1492, largándose de Granada: «No llores como una mujer lo que no defendiste como hombre». La frase, ahora, será: «No llores, pues no tienes motivos para ello». Y punto. Ocho siglos de Reconquista, como ven, resueltos y simplificados de un plumazo. ¿Motivos? ¿Reconquista de qué? Más fácil para los chicos, imposible.
No puede ser, me digo, que sean tan analfabetos. Ni tan estúpidos. Eso me digo una y otra vez. Serían inocentes, y en nada de esto acabo de ver inocencia alguna. Me pregunto, entonces, cuál es la frontera que separa a un analfabeto de un sinvergüenza.

Los consejeros de las grandes empresas ganan un 8% más en pleno ajuste

 

Los datos del Informe de Gobierno Corporativo de la CNMV contrastan con la contención salarial vivida en 2009 y 2010.
En mitad de la tormenta del desempleo y frente a la implacable receta del Gobierno, plasmada en un riguroso catálogo de medidas de ajuste fiscal, parece que la crisis pasa de puntillas, sin apenas levantar polvareda, sobre los consejos de administración de las grandes compañías españolas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio a conocer ayer el último Informe de Gobierno Corporativo, en el que se especifica que la retribución media percibida por los consejeros de las empresas cotizadas de nuestro país ascendió a 3,05 millones de euros en 2009, una cifra superior en un 8,3% a la registrada durante el año anterior.
En concreto, la remuneración media de cada consejero ejecutivo creció de media un 7%, hasta situarse en 291.725 euros. Aunque lo cierto es que estos datos incluyen las indemnizaciones por cese que fueron abonadas en 2009, la paga media por consejero ejecutivo aumentó, asimismo, un 11,7%, hasta 1,1 millones de euros. El efecto de las indemnizaciones amortigua notablemente esa subida: las retribuciones crecieron sólo un 1,7% al descontar su efecto.
Como pone de relieve este documento, las empresas del Ibex 35 cumplen en un 77,3% de los casos con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. Pero aunque el llamamiento a la austeridad y la moderación salarial efectuado por el Banco de España ha imprimido cierta moderación en las retribuciones de los consejeros, lo cierto es que el diferencial con respecto al año anterior continúa aumentando.
Los contrastes son varios. El primero, el obvio: su comparación con los asalariados en el sector privado. Frente a los mensajes alarmantes que constantemente lanza el mercado laboral español (que se manifiestan con el espectro del elevado desempleo y la baja productividad), la evolución salarial durante los últimos doce meses es positiva e, incluso, mayor que la de nuestros países vecinos. Según dio a conocer recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en datos recogidos por Ep, los salarios medios en España se incrementaron en el último año un 3,5%, el mayor crecimiento registrado entre los países avanzados.
En otros países en mejor situación, los salarios aumentaron menos En Alemania, por ejemplo, el salario medio experimentó una caída del 0,4%. Las comparaciones, sin embargo, se tornan odiosas para los españoles si se analizan las retribuciones totales. Los españoles cobran, de media, 21.500 euros brutos al año, casi la mitad de los salarios de Reino Unido (46.058 euros al año), Holanda (42.720 euros) o Alemania (40.940 euros), según recoge un informe de Adecco y la escuela de negocios IESE.
El segundo contraste reside en la facturación de las compañías. Las empresas del selectivo español durante 2009 redujeron sus beneficios en un 20,24% hasta rondar los 40.000 millones. Entonces supuso la mayor caída de ganancias de las grandes cotizadas desde el año 2002, cuando cayeron un 26%. Descendiendo al detalle, destaca que las retribuciones variables se incrementaron más que las fijas, con un avance del 9,1% en las primeras, frente al 0,8% de las segundas. En concreto, las cotizadas repartieron 1,33 millones, frente a 1,22 millones de 2008 en concepto de remuneraciones no fijas. Del total, un 77,8% fue pagado por las compañías del Ibex. Eso sí, 21 sociedades superaron la retribución variable media, de las que 18 pertenecían al selectivo.
Siguen los blindajes.
Asimismo, el 69,7% de las sociedades pagaron dietas por valor de 428.000 euros. Y en siete de ellas las pagas por este concepto superaron el millón de euros. En tres de las grandes empresas cotizadas las dietas superaron los dos millones. En las aportaciones a los planes de pensiones, hasta 33 sociedades declararon en esta ocasión haberlas realizado, aunque disminuyeron en un 57%. En cuanto a la alta dirección, la retribución media se situó en 416.590 euros, un 1,3% más. Un total de 84 sociedades declararon tener cláusulas de blindajes a favor de 486 directivos.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Un alumno musulmán denuncia a un profesor tras discutir sobre el jamón



La familia de un estudiante musulmán ha denunciado en la comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz) a José Reyes Fernández, profesor del instituto Menéndez Tolosa, porque asegura que fue insultado por el profesor al cuestionar sus creencias religiosas. Por el contrario, el docente afirma que solo daba clases de Geografía y que destacó los beneficios del clima de Trevélez (Granada) para curar jamones.
José Reyes Fernández ha remitido un escrito en el que afirma que «la denuncia es tan ridícula, insostenible y grotesca que, para poder sustentarla, la madre del alumno ha tenido que echar mano de la difamación, la mentira y la calumnia. Esto entra en confrontación con mi honor, imagen y ética profesional.»
«Al hablar del clima de montaña, en vez de recurrir al Himalaya, busqué un ejemplo más cercano y hablé de Trevélez, donde el clima es frío y seco y donde, gracias a ello, se curan muy buenos jamones», contó el docente.
Un alumno, “de forma muy correcta”, le pidió que, por favor, no hablase de jamones, porque era musulmán y no podía oír hablar de eso. El profesor le respondió: «Lo que tú comas o coma este otro, a mí no me importa nada. La religión que tú profeses, profese este o aquel otro, todavía me importa menos. Aquí sois 30 alumnos y tú te debes adecuar a los 29 restantes y no los 29 restantes a ti». José Reyes también dijo a su alumno que, si no estaba de acuerdo con las enseñanzas y conocimientos que se imparten en el centro, tenía la posibilidad de elegir y marcharse a otro colegio.
La madre del alumno asegura en su denuncia que José Reyes le dijo a su hijo que se fuera a su país si no le gustaba el jamón y que lo llamó inútil.
El profesor dice reservarse el derecho de interponer una querella contra la madre del menor, a la que acusa de difamación y calumnia. La Junta de Andalucía ha mostrado “todo su apoyo” al profesor y desestimado la denuncia.

martes, 15 de noviembre de 2011

El Congreso blinda las pensiones doradas de diputados y senadores

 

Con solo siete años de actividad parlamentaria, sus señorías mantendrán el derecho a cobrar el 80% de la pensión. El Pacto de Toledo rechaza ampliar la edad de jubilación a los 67 años.
Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.
Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año.
Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%.
Recortes de más del 5%.
La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá un recorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.
Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superen los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma (sic), sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 u 11 años.
Además, mientras que un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65, se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia.

El aeropuerto de Castellón tendrá una escultura inspirada en Fabra

 

La obra, de 24 metros, mostrará un avión saliendo de la cabeza del político.
El aeropuerto de Castellón, cuya inauguración está prevista para el próximo año, contará con una escultura de 24 metros de altura y 18 de diámetro “inspirada” en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. La obra ha sido encargada al artista Juan García Ripollés, amigo de Fabra y habitual de las concesiones públicas castellonenses.
La escultura estará formada por varias figuras, entre las que destacará una cabeza (inspirada en la testa de Fabra) de la que surgirá un avión para simbolizar que ha sido el político quien ha hecho posible que el aeropuerto sea una realidad.
El dirigente del PP agradeció ayer a Ripollés que se haya inspirado en él, aunque matizó que la escultura no reproducirá su cara porque no es un retrato. Según Fabra, este homenaje no es “inmerecido” por su gran contribución a la construcción del aeropuerto. «Me encanta saber que inspiro a los artistas», afirmó. Y añadió que «si inspirara a las musas, también sería perfecto».
La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol denunció el proyecto -que costará 300.000 euros- y pidió al presidente de la Diputación que si quiere una escultura «la pague de su bolsillo y la instale en el comedor de su casa». Albiol también anunció ayer que intentará parar su construcción a través de las Cortes.
No es la primera vez que Fabra inspira a un artista. El presidente de la Diputación de Castellón ya había aparecido antes como personaje, principal o secundario, en algunas obras de arte de edificios públicos y tiene una plaza dedicada a él en la localidad de Villahermosa (Castellón). Incluso ha dado nombre a un caso judicial todavía pendiente de resolver por los tribunales.

martes, 8 de noviembre de 2011

Ignasi Guardans en Twitter

 

«Si conoces a un controlador aéreo, sácalo de su cómodo anonimato entre sus vecinos. Hacen daño a ciudadanos inocentes escondidos en la masa».

Los papeles del Departamento De Estado. Las presiones sobre Guantánamo y el ‘caso Couso’

 

«El Gobierno español ha ayudado entre bastidores».
Un cable de la Embajada de EE. UU. afirma que Conde-Pumpido dijo a Aguirre que hacía lo que podía para que se archivara el ‘caso Couso’.
«Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención». «El fiscal jefe de la Audiencia Nacional tiene una estrategia para torcer el brazo a Garzón». Estas dos frases muestran el apoyo que el Ejecutivo y los fiscales, según la Embajada de EE. UU. en Madrid, prestaban para archivar el ‘caso Couso’ y evitar que la investigación sobre torturas y crímenes de guerra en la base militar de Guantánamo recayera en el magistrado más temido por Washington. Ambos siguen abiertos.
Conseguir el archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante los últimos siete años. En su lucha diplomática, la legación presionó en dos direcciones. Por un lado, mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo: con la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otro, se dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El apoyo del Ejecutivo español, según la embajada estadounidense, era total. Un telegrama confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como título: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional”. Se refería a las que había dictado dos días antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.
La embajada no tenía dudas sobre lo que quería -y según los telegramas diplomáticos, obtenía- del Ejecutivo español. El embajador escribió en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, días antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007 (telegrama 109781), que «el Gobierno de España había ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara [las decisiones del juez]». Le recomendaba también que, en su reunión con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar la “constante preocupación” del Gobierno de EE. UU. por la causa. Concluía que era importante que hubiera “una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo” hasta que el asunto decayera.
La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban “respeto por la independencia del sistema judicial español” y por “la trágica muerte” de Couso, “entre bastidores”, luchaban “con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos” contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143).
El cámara de Telecinco José Couso murió el 8 de abril de 2003 durante la toma de Bagdad. Un blindado norteamericano disparó hacia el hotel en el que se alojaba, el Palestina. El proyectil impactó en la habitación 1503, mató al cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y dejó otros tres periodistas heridos. Couso estaba grabando en la terraza del piso de abajo. Resultó gravemente herido y murió horas más tarde en el hospital mientras los médicos trataban de salvarle la vida y después de que tuvieran que amputarle una pierna. El 27 de mayo la familia se querelló contra los autores de los disparos. Se abrió un procedimiento penal en la Audiencia Nacional.
Durante el primer año la embajada consideró este caso como un proceso “durmiente”. Empezaron a preocuparse cuando el juez Pedraz inició actuaciones que consideraron más agresivas. El encargado de negocios de la embajada, Robert Manzanares, habló el 22 de julio de 2004 con el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para entregarle una carta de Colin Powell al ministro Miguel Ángel Moratinos sobre el caso Couso, en respuesta a una previa del político español. Manzanares expresó su inquietud por el proceso, dijo que querían evitar cualquier acusación sobre sus soldados y pidió que, si el juez acusaba formalmente, EE. UU. esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición (telegrama confidencial 19029).
El juez Pedraz prosiguió su investigación. El 19 de octubre de 2005 ordenó la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte de Couso: el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados; y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. El magistrado alegó que era la única forma de lograr que declararan ante la falta de cooperación judicial por parte de Estados Unidos.
Tras la resolución judicial, dos ministros se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. Lo hicieron ese mismo día. El primero en llamar fue el entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró a Aguirre que «el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos», según el relato de un cable confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 (43323). La siguiente llamada la hizo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para decir que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba “implicada en el tema” y que, “si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución”. El telegrama subraya que “en público, ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez”.
Las conversaciones telefónicas tranquilizaron al embajador, que a su vez tranquilizó a su Gobierno con este análisis: «Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente. Para no agravar la situación, los líderes gubernamentales españoles deben mostrar en público su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas». El título del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención”.
La fiscalía recurrió de inmediato la resolución de Pedraz. Un día después de las llamadas de los ministros al embajador, Conde-Pumpido anunció públicamente que el ministerio público se opondría a la resolución del juez por la falta de indicios de delito contra los soldados y porque España carecía de jurisdicción para juzgar el caso. Ese mismo día, el 20 de octubre, el fiscal Pedro Rubira recurrió efectivamente la decisión de detener a los militares estadounidenses.
Cinco meses después, el 10 de marzo de 2006, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el caso Couso. Los jueces argumentaron que no se había cometido un “asesinato” sino un “acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado”. El tribunal consideró que no tenía jurisdicción para investigar los hechos y revocó las órdenes de detención de los tres soldados norteamericanos.
El embajador, satisfecho con la decisión -que creía definitiva-, se reunió el día 21 de ese mes con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para tratar varios asuntos. Ella le dijo, según un telegrama confidencial enviado el 22 (número 57678), que Conde-Pumpido ya le había informado de la “excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso”.
Pero la familia de Couso, que llevaba casi tres años luchando en los tribunales, no tiró la toalla y recurrió al Supremo. El alto tribunal les dio la razón el 14 de diciembre de 2006: ordenó a la Audiencia Nacional que reabriera el caso y el juez Santiago Pedraz prosiguió su investigación.
La Embajada de EE. UU. intensificó a partir de ese momento sus contactos con políticos y fiscales para desactivar el proceso (informe sin clasificar número 92692). Diplomáticos de la sección política, legal y consular se reunieron el 18 de enero de 2007 con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para “sensibilizarlo sobre la preocupación de EE. UU. por este proceso”. Zaragoza les explicó que no conocía con la suficiente profundidad el expediente, pero que lo estudiaría. Añadió que era consciente del “interés y compromiso” de Cándido Conde-Pumpido en el asunto. En el telegrama emitido por la embajada ese mismo día (número 93036) se dice que Zaragoza “entiende claramente las implicaciones políticas del caso" y que "anticipan" que "procederá con el cuidado que ha dicho que tendría”.
Cada movimiento de Pedraz acrecentaba la inquietud de la embajada. El 22 de enero envió un fax a legación pidiendo los datos completos de los militares imputados. Tres días más tarde el fiscal general del Estado mantuvo una “reunión informal” con el embajador Aguirre. En un telegrama confidencial de fecha 26 de enero (94177), en el que se califican las revelaciones de Conde-Pumpido como de “estrictamente protegidas” se relata que el fiscal aseguró a Aguirre que, «aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso».
EE. UU. no tenía intención alguna de responder a la petición de Pedraz, como la embajada reconoció en el cable, porque, según su criterio, la había enviado de manera informal y no según los cauces legales establecidos. Conde-Pumpido recomendó al embajador que contestaran, aunque fuera de forma “superficial”, para minar el argumento de Pedraz de que EE. UU. no estaba colaborando. El fiscal general del Estado expresó su convencimiento de que España no tiene jurisdicción sobre el caso y es ahí cuando “anticipó” que este “no iba a llegar a ninguna parte”. Tranquilizó también al embajador confirmando que cualquier petición de extradición de los tres militares tendría que ser aprobada por el Ejecutivo español.
Aguirre dijo tener la “sensación” de que el Gobierno “buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso (que ya había acusado a los fiscales de trabajar para defender los intereses del Gobierno de EE. UU.)”
Ante el revés que había supuesto la decisión del Tribunal Supremo, el embajador se planteó varias posibilidades, entre ellas, hablar con “el ministro de Justicia o con la vicepresidenta De la Vega”. «Como en anteriores comunicaciones con autoridades españolas sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con ellos a evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial» , señala un telegrama confidencial del 8 de febrero de 2007 (95857).
El cable elucubra también sobre las supuestas motivaciones del juez Pedraz –“en parte la frustración por la negativa de EE. UU. a aceptar su jurisdicción” y, por otro lado, “el deseo de evitar que le culpen por no ser capaz de llevar adelante el caso”, se sugiere- y habla de una representante de Reporteros Sin Fronteras que habría dicho a la embajada que el magistrado buscaba publicidad y que no estaba gestionando el caso Couso como un “asunto judicial serio”.
Otro momento delicado es el procesamiento de los tres militares por parte del juez Pedraz el 27 de abril de 2007. Después de la reapertura del caso, el magistrado acusó formalmente a los soldados de delito contra la comunidad internacional (castigado con penas de 10 a 15 años) y asesinato (de 15 a 20 años). La embajada, en ese momento, empezó a hablar ya directamente de presionar al Ejecutivo. Esta es la reflexión del embajador que aparece en el cable de ese día (106159): «Claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EE. UU.» Aguirre firma que respetadas figuras en los ministerios de Justicia e Interior y en La Moncloa habían asegurado a la embajada que estaban de acuerdo con el punto de vista de EE. UU. sobre el caso, y que este era tan débil que se desmoronaría.
El mismo día del procesamiento un miembro de la legación llamó por teléfono al secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, para “enfatizar su malestar” por los procesamientos a pesar de que el Gobierno de EE. UU. había entregado un informe con la investigación completa sobre la muerte del cámara. Poco después, la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, devolvió la llamada. Dijo, según la embajada (telegrama 106159), que las acciones de Pedraz habían sorprendido al ministerio, que ella estaba de acuerdo en que no había base legal para los cargos y que “habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso”.
El siguiente movimiento fue una reunión del segundo de la embajada, Hugo Llorens, con Julio Pérez Hernández el día 10 de mayo para abordar directamente el caso. Este, después de decir que el Ejecutivo no controlaba a los jueces y que “podría ser contraproducente que iniciara un acercamiento formal”, añadió que el Gobierno de España “trabajaría con el de EE. UU. para asistirlo en el proceso”, según el despacho confidencial del embajador, fechado el día siguiente (107903). Dijo que el Ejecutivo “compartía la preocupación del norteamericano, que él seguiría cada paso que se diera en el procedimiento y que estaría en contacto con la embajada”.
Como había sucedido con las resoluciones anteriores de Pedraz, el procesamiento de los tres militares por parte del juez fue recurrido por la fiscalía el 11 de mayo. El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamó a la embajada tres días después para informar de ello (según un cable del 14 de mayo de 2007, número 108128). Dijo que aunque compadecía a la familia Couso por la tragedia, su trabajo era hacer una evaluación técnico legal y que después de revisar los hechos había concluido que la muerte de José Couso no fue intencional. La noticia del recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo.
Mientras se resolvía la cuestión, las gestiones diplomáticas continuaron. Cándido Conde-Pumpido tuvo un almuerzo con el embajador Aguirre el 18 de julio de 2007 y este aseguró al día siguiente, en un cable confidencial (115995), que el fiscal general del Estado le había dicho que “continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa”.
El 13 de mayo de 2008 la Audiencia Nacional revocó el procesamiento de los militares norteamericanos. Los magistrados consideraron posible la hipótesis de que los soldados creyeran que había un francotirador en la terraza a la que dispararon. La resolución, que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa tuvo un voto particular discrepante, del magistrado José Ricardo de Prada, en el que hablaba de “suficientes indicios de criminalidad para procesar a los tres militares” y calificaba los razonamientos y criterios de sus compañeros de “insólitos”.
La embajada recibió la noticia con gran alivio. Fueron informados ese mismo día por Javier Zaragoza y por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. En un telegrama emitido el día siguiente (153919) se indicaba que, con suerte, la última resolución era uno de los pasos finales que pondrían fin a esta “larga saga”. Pero se equivocaron. Aparecieron nuevas pruebas y el magistrado Pedraz volvió a procesar a los tres militares, el 21 de mayo de 2009, aunque a partir de aquí apenas aparecen cables diplomáticos en los papeles filtrados. Solo hay uno, de fecha 22 de mayo de 2009 (208341), que hace una descripción aséptica de los últimos acontecimientos y de las nuevas pruebas. En él se señala que, de acuerdo con un asesor legal español, es probable que la fiscalía vuelva a recurrir la decisión de reabrir el caso de Pedraz (al que califican como apasionado con el caso y cercano a la familia Couso) y se sugiere que quizá sea un tema que Washington quiera tratar con Javier Zaragoza en un próximo viaje del fiscal a EE. UU.
Como había ocurrido antes, la fiscalía volvió a recurrir la reapertura del procedimiento, y la Audiencia volvió a archivarlo el 14 de julio de 2009. El Tribunal Supremo ordenó de nuevo la reapertura del procedimiento el 6 de julio de 2010. El día 30 de ese mismo mes Pedraz ordenó la busca, captura e ingreso en prisión de los tres soldados, pero Interpol no ha inscrito las órdenes. Estados Unidos se negó y consideró los hechos un “delito militar”. El juez tiene ahora el permiso del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak a reconocer el escenario en el que se produjo la muerte del cámara José Couso durante la toma de Bagdad a manos del Ejército de EE. UU. A pesar de sus innumerables intentos, la embajada no logró cerrar el caso.
«Hace lo que puede».
El cable enviado tras la comida del embajador Aguirre con el fiscal general en julio de 2007 mantiene que en «el caso Couso, en el que un periodista español resultó muerto por un tanque en la invasión de Bagdad, Conde-Pumpido dijo que sigue haciendo lo que puede para que se archive el caso».
“Ayuda entre bastidores”.
El telegrama del 1 de junio de 2007 relata cómo el Gobierno español ayudó “entre bastidores” para que el fiscal recurriera el caso Couso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Queremos vigilancia continuada y cooperación del Gobierno español hasta que el caso decaiga».

Ferrán cobró un finiquito de 20.000 euros por dos meses de alta en Marsans

 

El salario bruto del nuevo director de la empresa ronda el medio millón.
El diario de a bordo de los últimos meses de Marsans ha llamado la atención del juez y los administradores que gestionan la quiebra de la empresa: el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, Gonzalo Pascual, decidieron darse de alta como trabajadores de su grupo de agencias de viajes en abril de 2010, dos meses antes de la quiebra. Un mes después, el 31 mayo, cobraron como finiquito 20.555,21 euros cada uno de ellos, según consta en el escrito que los administradores envían al Juzgado que lleva el caso. En junio, Ferrán y Pascual solicitaron al juez el concurso de acreedores de Viajes Marsans y traspasaron el negocio a un inversor especialista en quiebras.
El autofichaje de Díaz Ferrán por su propia empresa, en la víspera de la bancarrota, es uno de los elementos que los administradores concursales de Viajes Marsans han puesto como ejemplo ante el juez como actuación agravante de la situación de insolvencia en la que se encuentra Marsans desde hace meses y que, por tanto, hace posible que Ferrán y Pascual puedan resultar responsables del fiasco.
El presidente de la gran patronal española y Pascual «decidieron darse de alta como trabajadores de Marsans y un mes después cobraron como finiquito la cantidad de 20.555,21 euros cada uno. La asunción de estas nuevas obligaciones salariales parece a todas luces injustificada y más apenas unos meses antes del concurso en el que la sociedad ya se encontraba en situación de insolvencia», señalan los administradores concursales en un escrito remitido al juez el pasado 3 de noviembre, en el que enumeran una serie de motivos para solicitar el embargo preventivo de bienes a los empresarios y nuevos propietarios de la empresa.
Antes de recibir el finiquito, Ferrán y Pascual habían cobrado unos sueldos por ese breve tiempo como trabajadores de su empresa de más de 150.000 euros cada uno, según trascendió el pasado verano. «Empleamos la totalidad del salario y finiquito para pagar un pagaré avalado por Viajes Marsans a la compañía Wells Fargo, para evitar que ejecutaran ese pagaré a Marsans. Todo el dinero se empleó para ese fin, no recibimos personalmente ni un euro», responde el dirigente empresarial. Ferrán dejará la presidencia de la CEOE el 21 de diciembre, cuando la organización celebra elecciones anticipadas.
El auto que dicta el embargo por la quiebra de Marsans utiliza la palabra “estupor” para referirse al que hecho de que Ferrán, «a pocos días de la primera solicitud de concurso necesario de Viajes Marsans», se diera de alta como trabajador.
Si el juez determina que Pascual y Díaz Ferrán son responsables de la bancarrota -en términos jurídicos: si acaba calificando el concurso de acreedores como culpable-, los empresarios pueden tener que responder con su patrimonio personal a la deuda de Marsans y también afrontan otras consecuencias, como la inhabilitación.
Por eso, el juez ha dictado el embargo de bienes a ambos empresarios para responder a un déficit patrimonial de más de 417 millones. La quiebra de Air Comet también llevó al juez a solicitar un embargo de bienes a Ferrán, Pascual y otros miembros del consejo de administración, aunque por cuantía muy inferior (37 millones).
Pero en esta ocasión, la juez también ha solicitado el embargo de bienes a los nuevos propietarios de Marsans, la sociedad Posibilitum Business, a través de la cual realizó la operación Ángel de Cabo, porque ve indicios de que su actuación también ha podido agravar la situación de insolvencia de Marsans.
Los administradores y el auto judicial ponen en tela de juicio los salarios pactados para nuevas incorporaciones en la compañía tras el traspaso de los negocios en bancarrota a Possibiltum y citan sueldos de seis personas que van de los 125.000 a los 500.000 euros. El medio millón de salario bruto anual, más un 5% en los eventuales beneficios de la compañía, corresponde a Iván Losada Castell, que asumió las tareas de director general de la firma, según el escrito de los administradores al juez. La nueva empresa ha defendido en declaraciones a este diario la necesidad de estos fichajes y argumentan que los sueldos no son elevados.
Otros motivos por los que los administradores ven posible la declaración de concurso culpable es la falta que liquidez que sufría la empresa cuando solicitó el concurso, con tesorería de signo negativo, y la antigüedad de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El trabajo de los administradores también afea el retraso en la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE), pese a que el concurso se declaró el 25 de junio, y la empresa no tenía actividad, ya que cada mes que se retrasaba la solicitud del citado ERE la deuda de Marsans por salarios crecía.
Más de 2.000 personas han perdido el trabajo por la suspensión de pagos (concurso de acreedores) de las empresas de estos socios, Air Comet y Viajes Marsans.

martes, 1 de noviembre de 2011

‘La Gaceta’ reescribe un artículo de opinión del presidente de FACUA para hacer creer que fomenta la denuncia contra fumadores

 

La asociación envía un requerimiento al director del diario para que publique el artículo original ya que manipuló su contenido. FACUA pone este grave atentado contra la ética periodística en conocimiento de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
El diario La Gaceta, del grupo Intereconomía, ha publicado este fin de semana un artículo de opinión del presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, cuyo contenido ha sido reescrito por el diario para que apareciese como partidario de denunciar a los fumadores que incumplan la Ley del tabaco.
FACUA ha enviado un requerimiento al director de La Gaceta, Carlos Dávila, para que publique el artículo original ya que el diario manipuló su contenido.
Asimismo, FACUA ha puesto este grave atentado contra la ética periodística en conocimiento de los presidentes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
La semana pasada, La Gaceta solicitó a FACUA un artículo que defendiese “la posibilidad de denunciar a los establecimientos que incumplan la ley antitabaco”.
Pero el sábado, el diario publicó el texto, firmado por el presidente de FACUA, como si diese respuesta a otra pregunta: “¿Es partidario de delatar a los fumadores?”
Y pese a que en reiteradas ocasiones FACUA ha informado públicamente y a redactores de La Gaceta de que no fomenta este tipo de denuncias, el periódico manipuló el contenido del artículo, añadiendo la palabra “Sí” al inicio de cada párrafo, para que su significado fuese distinto.
Durante la última semana, La Gaceta ha intentado desprestigiar la imagen de FACUA y vincularla al PSOE por el hecho de apoyar la Ley del tabaco y fomentar que los ciudadanos denuncien a los establecimientos y organismos públicos que la vulneren.
En el programa El gato al agua, de Intereconomía TV, el director del diario del grupo insultó al portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al que llamó “bodoque, zafio y miserable”, dando los mismos calificativos a todos los ciudadanos que están participando en la campaña de FACUA.
En los últimos días, el periódico ha descubierto, después de tres décadas, que como casi todas las asociaciones de consumidores, FACUA y las organizaciones que la integran reciben subvenciones de las administraciones públicas. Aunque eso sí, mencionando solo las otorgadas por gobiernos del PSOE y ocultando las de los del PP.

Publica una rectificación en sus ediciones impresa y digital y elimina de su web el texto manipulado.
El diario La Gaceta, del grupo Intereconomía, ha publicado este miércoles una rectificación, tanto en su edición impresa como en la digital, de un artículo del presidente de FACUA que manipuló para que pareciese que fomenta denuncias contra fumadores.
Esta es la rectificación publicada por La Gaceta, después de que el lunes FACUA enviase un requerimiento al director del diario, Carlos Dávila:
LA GACETA quiere aclarar que el pasado 5 de enero solicitó a la asociación de consumidores FACUA un artículo que defendiese “la posibilidad de denunciar a los establecimientos que incumplan la Ley Antitabaco” y que el diario publicó el texto, firmado por el presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, como si diese respuesta a otra pregunta: “¿Es partidario de delatar a los fumadores?”
Sánchez Legrán entiende que el periódico manipuló el contenido del artículo, añadiendo las palabras “Sí” o “Sí, porque” al inicio de cada párrafo, para que su significado fuese distinto. Y ello pese a que en reiteradas ocasiones Facua ha informado públicamente y a redactores de LA GACETA de que no fomenta este tipo de denuncias, sino contra establecimientos y organismos públicos que incumplan la Ley del Tabaco.
En su edición digital, La Gaceta ha eliminado la página en la que publicó el artículo manipulado y reproduce hoy el texto íntegro enviado por el presidente de FACUA:
LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD.
FACUA lleva más de treinta años denunciando a empresas y organismos por cometer o permitir abusos contra los consumidores y pidiéndoles a estos que se movilicen para defender sus derechos. En estos días hemos llamado una vez más a los ciudadanos a que se movilicen en defensa de su salud, denunciando los incumplimientos de la Ley del Tabaco, porque los tiempos en los que a un ciudadano se le impedía denunciar los atentados contra sus derechos ya se acabaron.
FACUA desea que los responsables de los establecimientos de hostelería asuman y hagan cumplir la norma, al tiempo que pedimos a los fumadores comprensión con las nuevas restricciones establecidas en la Ley, ya que su objetivo es proteger los derechos de los no fumadores. Esperamos que los empresarios se convenzan de que esta medida no les va a afectar en sus negocios como ha quedado demostrado en otros países donde medidas parecidas se pusieron en marcha.
FACUA no está de acuerdo con los que dicen que se está impidiendo el derecho a fumar, pues la Ley lo que garantiza es que los no fumadores no sean obligados a fumar y a sufrir en su salud los efectos de los componentes cancerígenos del tabaco. El fumador puede ejercer su derecho a fumar siempre que no afecte a la salud de los demás, algo totalmente razonable para la inmensa mayoría de los españoles.
FACUA reclama a las autoridades sanitarias que intensifiquen las inspecciones para garantizar que esta vez se dé cumplimiento a la Ley y apliquen las sanciones previstas en la misma a los infractores, pues lo que está en juego es el derecho a la salud.

‘La Gaceta’ ha tenido que publicar una rectificación. En Intereconomía TV continúan insultando a la asociación, sus dirigentes y los ciudadanos que participan en la campaña sobre la Ley del tabaco.
El programa El intermedio, que presenta en La Sexta El Gran Wyoming, se ha hecho eco este jueves de la manipulación realizada por el grupo Intereconomía de la campaña de FACUA-Consumidores en Acción sobre la Ley del tabaco, para aparentar que fomenta denuncias contra fumadores.
En el programa, Beatriz Montañez y El Gran Wyoming explicaron cómo La Gaceta manipuló un artículo del presidente de FACUA, que el diario tuvo que rectificar el miércoles, para que pareciese que fomenta denuncias contra fumadores mientras que en el programa El gato al agua, de Intereconomía TV, llevan dos semanas insultando a la asociación.
«O sea, primero manipulan el artículo para hacer creer que los de FACUA están animando a que se delate a los fumadores, cuando no es cierto. Y luego encima les llaman chivatos y delatores», señaló El Gran Wyoming. «Es verdad que el libro de estilo de Intereconomía prohíbe esas prácticas, pero lo manipularon para poder hacer lo que les da la gana», bromeó el presentador.
«Afortunadamente después los tertulianos se calmaron, reflexionaron, se calmaron los ánimos… y ya sólo les llamaron nazis», agregó Montañez para dar paso a un vídeo de El gato al agua de la noche del miércoles.
Tras él, Wyoming comentó: «Un momento, estos señores ayer por la noche aún creían que FACUA animaba a la gente a delatar a los fumadores, a pesar de que por la mañana ‘La Gaceta’ había publicado una rectificación que decía que no era así. Esto me lleva a una conclusión. Que ‘La Gaceta’ no se lee ni en Intereconomía».