jueves, 22 de diciembre de 2011

No hay quien saque al ‘okupante’

 

La crisis azuza nuevas formas de ocupación de viviendas. Hay mafias que ocupan y luego arriendan los pisos a familias. Desalojar a quien se ha instalado es un vía crucis judicial.
Loyola tiene problemas para llegar a fin de mes, tras un reciente divorcio, y dificultades para pagar la luz de un piso que acababa de dejar cerrado a la espera de venderlo. La extensa familia que lo ocupa ilegalmente gasta demasiado. Cuando le avisaron de que en su casa había ropa tendida y ruido a todas horas, fue acompañada de la policía. La familia les mostró un contrato que firmaba un desconocido. Dentro de dos meses Loyola tiene que abandonar la otra casa, en la que se refugió. Se quedará en la calle, pero tendrá que seguir pagando la luz y el agua porque, de lo contrario, puede ser acusada de coacciones, aplicándole el Código Penal.
No es un caso aislado. Cada vez saltan a la prensa más denuncias de ocupación ilegal de viviendas. Se ceba en los barrios más humildes, pero nadie está libre. Ocupar una vivienda no es difícil y es un buen nicho de mercado para los delincuentes: se revienta la cerradura, se coloca otra, se pinta la puerta y se falsifica un contrato por escrito o bien se hace de forma verbal, se alquila y a cobrar. Gracias a la lentitud de la justicia, hay negocio para entre varios meses y algunos años.
El dueño del piso suma al disgusto la pesadilla de enfrentarse, en un 99% de los casos, a un procedimiento judicial que puede dilatarse entre uno y dos años. O más. El juez no puede poner en la calle a una familia sin las máximas garantías. Pero decir procedimiento judicial es abrir un culebrón. Como muestra valga el ejemplo de Juan. Una pareja con un bebé forzó el balcón de un piso que tenía para alquilar, accediendo desde otra vivienda. Olatz Alberdi, del bufete Aba Abogadas, se ocupó del caso: «Pusimos una demanda de lo que se denomina desahucio por precario (al no tener contrato) en la vía civil y, a la vez, una querella por delito de usurpación en la penal». Los ocupantes pidieron que se suspendiera la vista dos veces por motivos de salud: ocho meses de retraso. Y llegaron a falsificar un contrato para seguir ganando tiempo. El juez, ante la más mínima duda sobre si los ocupantes tienen o no derecho a estar en el inmueble, remite el proceso de la vía civil a la penal: de un año de media en la vía civil a 18 meses en la penal, según Alberdi. Si todo va bien, porque simplemente realizar una prueba pericial puede dilatar el proceso de tres a ocho meses.
Estos ocupantes fueron condenados por un delito de usurpación. El juez acordó que las fuerzas del orden desalojaran, se restituyera la vivienda al propietario y se le indemnizara (con la renta media de un piso de alquiler multiplicada por los meses de ocupación). Juan, tras tres años sin poder usar su vivienda, no cobró nada: el matrimonio era insolvente. Seguirles la pista por si recuperaban la solvencia encarecía más el proceso. El coste medio por la vía civil está en torno a 600 euros y 3.000 euros por la penal, según Alberdi.
No es extraño que más de un propietario decida aprovechar que el ocupante ilegal sale de la casa para cambiar la cerradura e instalarse dentro. Ni tampoco que haya abogados que reconozcan que ellos actuarían exactamente así. El problema es que no siempre hay una pareja menesterosa detrás. Los propietarios consultados no quieren dar su nombre porque sospechan que la ocupación puede estar organizada por mafias.
Con la crisis aumentan los ocupantes ilegales que pagan al supuesto casero, en realidad un estafador que se aprovecha de que el contrato verbal es válido en el Código Civil español. Y los que entran tras una patada de forma espontánea, aunque los hay profesionales del techo gratuito, al igual que ocurre con el alquiler, que exigen dinero para abandonar la vivienda, según Andrés Vilacoba, abogado de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Adeprovi). «Sería necesario un registro público de arrendatarios morosos para que se les pueda denunciar por estafa cuando acumulan sentencias», propone.
¿Qué falla? «Faltan medios en los juzgados, que están colapsados», dice Alberdi. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pesimista, Antonio Joya considera que para el desalojo por ocupación ilegal «se podría diseñar un procedimiento especial, pero de nada serviría si no hay presupuesto y medios en la justicia para ponerlo en práctica». En España, con un derecho muy garantista, no cabe, a diferencia de otros países, «que cuando hay una ocupación y no se alega en qué calidad se ocupa la vivienda se pudiese llevar a cabo un lanzamiento [desalojo] por el propio juzgado de instrucción», indica la abogada Virginia Arce.
Mientras tanto, el propietario debe tener mucho cuidado con no intimidar al usurpador porque puede ser denunciado por violación de intimidad si se le ocurre entrar en su propia vivienda. En www.enalquiler.com se cita el caso de un propietario que cortó la luz al okupa ilegal: el juez le obligó a restablecer los suministros y a renovar toda la instalación eléctrica.
«Hay que tener cuidado si lleva tiempo viviendo o ha puesto a su nombre los suministros, porque el juez puede pensar que hay consentimiento y archivará el procedimiento penal», alerta Arce.
Cuando la ocupación es de viviendas públicas, la vía de reclamación es la administrativa. En teoría, se podría recuperar la vivienda de oficio y recurrir al desahucio administrativo, lo que no significa que sea automático, como prueban las quejas de Ayuntamientos y comunidades. En Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denuncia numerosos casos. «A veces, si se detecta la ocupación en el momento en que se está produciendo, la policía lo evita. Pero mi experiencia es que, una vez que está ocupada, se puede hablar de uno, dos años e incluso más», según Vicente Pérez Quintana, de la FRAVM, quien puntualiza que los vecinos solo viven la ocupación como problema cuando es conflictiva, por drogas o robos.
Pérez Quintana no condena la ocupación de edificios vacíos convertidos en centros cívicos, de la misma forma que hay jueces que consideran que no puede castigarse por la vía penal a ocupantes de fincas manifiestamente abandonadas por sus propietarios.
Hay inmigrantes que llevan consigo el contrato por miedo a que ocupen su vivienda, pero no es un miedo generalizado en toda la población como el que tienen los propietarios de un piso antes de alquilar: que el inquilino deje de pagar y se tarde meses en desalojarle. Tras la reforma legal de hace un año, se puede solventar en cuatro meses, según Elena López Bonet, abogado del departamento jurídico de la organización especializada en alquileres Provivienda. «Ya no hay que notificar sucesivas veces al inquilino, lo que demoraba hasta ocho meses el proceso. Tampoco tiene que dictar un auto el juez. El secretario del juzgado, simultáneamente, admite a trámite la demanda de desahucio, fija la fecha de la vista y del lanzamiento. Y no hace falta presentar tras la sentencia una demanda de ejecución para pedir el desalojo». Además, explica la experta, se reduce a un mes el tiempo desde que se notifica al moroso y se presenta la demanda; y este no podrá enervar la acción (pagar y seguir en la vivienda).

jueves, 15 de diciembre de 2011

Excarceladas por donar un riñón

 

Misisipi libera a dos hermanas presas por un robo menor a cambio de que una le done el órgano a la otra. El Estado se libera así del alto coste de la diálisis.
¿Qué fue peor: condenar a dos hermanas a cadena perpetua por tomar parte en un robo por el que se embolsaron entre 11 y 200 dólares (entre ocho y 154 euros) o que el Gobernador de Misisipi las haya liberado a cambio de que una de ellas le done un riñón a la otra? La polémica está servida. Ayer, con gran expectación, las hermanas Jamie y Gladys Scott abandonaron la cárcel de la localidad de Pearl en la que han pasado los últimos 16 años de su vida, condenadas a perpetua por tenderles una emboscada a dos conocidos para que tres adolescentes les asaltaran y les atracaran.
Una de las dos, Jamie Scott, de 38 años, se había convertido en una gran carga económica para el Estado de Misisipi. Sus riñones no funcionan y su diálisis le suponía al sistema de prisiones unos 200.000 dólares (154.000 euros) al año. El Gobernador, el republicano Haley Barbour, dijo que si su hermana Gladys, de 36 años, le donaba un riñón, las sacaría a ambas de prisión y les permitiría mudarse a Florida, donde vive su familia. Allí permanecerán en libertad condicional de por vida. No se trata de un perdón, sino de una suspensión de condena, con condiciones. «Nunca pensé que vería este día, en que saldría de esos muros», dijo Jamie Scott, la receptora del riñón, en conferencia de prensa. «Ahora podré tener un tratamiento decente a mi enfermedad. Estoy muy agradecida, a mucha gente, sobre todo a mi hermana y al Gobernador del Estado, ahora puedo volver a comenzar mi vida».
«Hasta la fecha, las hermanas han cumplido 16 años de su condena y se les podría aplicar la libertad condicional en 2014», dijo el Gobernador Barbour en un comunicado. «Jamie Scott se somete a diálisis de forma regular y su hermana se ha ofrecido a donarle uno de sus riñones. El Departamento de Prisiones de Misisipi cree que las hermanas ya no representan una amenaza para la sociedad. Su condena ya no es necesaria para la seguridad pública o para su rehabilitación». Salieron de la cárcel en la que cumplían su condena en coche, a las ocho de la mañana, hora local de Misisipi (tres de la tarde en la España peninsular), al grito de “somos libres” y “que dios os bendiga”.
En Estados Unidos hay leyes que prohíben el comercio con órganos para su trasplante. Pero la situación es tan anómala que los detractores de la decisión del Gobernador ni siquiera saben si tildarla de trueque. Ambas tienen, todavía, que someterse a las distintas pruebas de compatibilidad hematológica e inmunológica. Barbour no ha aclarado qué sucedería si los análisis previos dan resultados negativos. El trasplante lo tendrán que pagar las propias hermanas, que han anunciado que pedirán donaciones altruistas para ello.
La decisión le ha supuesto a Barbour diversas alabanzas por parte de las Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, ya que ambas hermanas son afroamericanas. Hace solo una semana esa organización le criticó duramente por haber definido a los Consejos de la Ciudadanía -una serie de grupos supremacistas y segregacionistas de Misisipi, que defendían la separación racial en los lugares públicos- como “líderes municipales” que mantenían al Klu Klux Klan a raya.

Mark Twain, ¿demasiado políticamente incorrecto para el nuevo EE. UU.?

 

‘The N-word’ (la palabra que empieza por N), ‘the F-word’… Estados Unidos es conocido por el uso de eufemismos pobremente maquillados para eludir palabras ofensivas como “negrata” o “jódete” en medios de comunicación o discursos públicos. Algunas cadenas incluso retransmiten sus directos con unos segundos de retraso para poder tapar con un pitido los términos malsonantes. Y apenas nadie se rasga las vestiduras por ello.
Pero que la corrección política haya llegado ahora hasta un grande de los grandes de la literatura de este país, Mark Twain, parece haber colmado la paciencia de muchos para quienes Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn son clásicos intocables.
El anuncio de una editorial de Louisville, NewSouth Books, de reeditar las dos novelas más famosas de Twain sustituyendo la palabra “nigger" (término usado de forma despectiva para referirse a las personas de color –sic-) por “esclavo” y hasta la de “indian” por “injun” ha provocado todo un debate en el mundo literario y más allá de las fronteras de las letras.
El propio autor de la reedición, el profesor de lengua inglesa y experto en Twain, Alan Gribben, reconoció lo “controvertido” de su apuesta, que implicó reemplazar unos términos que aparecen un total de 219 veces en las obras.
«Sospecho que los puristas van a estar horrorizados», admitió en una entrevista en la revista especializada Publisher Weekly.
Pero a la vez defendió su decisión: «Hablé con profesores locales que me dijeron que les encantaría enseñar (en clase) esta novela, pero que sienten que ya no pueden hacerlo. En las aulas actuales, realmente es inaceptable», relató.
Gribben usa el mismo argumento en la introducción de la nueva edición de las novelas, que saldrán a la venta el próximo febrero.
«Podemos aplaudir la capacidad de Twain como un prominente realista literario estadounidense de recoger el habla de una región particular durante una era histórica específica, pero los insultos raciales abusivos que implican claras connotaciones de inferioridad repulsan a los lectores de hoy en día», sostiene.
Una cruzada contra el escritor.
Un argumento que sin embargo no acaba de convencer a muchos, como muestra el revuelo mediático que ha producido estos días el anuncio de la reedición de las obras… ¿Censuradas?
«Aquellos que están haciendo una cruzada contra (Mark Twain) no han leído mucha literatura norteamericana», sostiene el escritor, poeta y crítico Ishmael Reed en un comentario en The Wall Street Journal.
«¿Hasta dónde debería llegar esto? ¿Censuraremos después letras de canciones? Esto supondría el fin del hip hop tal como lo conocemos», advierte y condena: «El hecho de que un crítico se haya dedicado a estropear la gran obra de Twain no es más que otra muestra de que el filisteísmo atávico que se ha apropiado de nuestra política y cultura ha llegado al mundo académico».
«Esta solución es como tratar el síntoma más obvio en vez de la acechante crónica enfermedad en sí misma», escribe entretanto en The San Francisco Chronicle el poeta, profesor y crítico literario Dean Rader, para quien el cambio de términos «racialmente ofensivos» tiene el mismo efecto que «poner una tirita que ni siquiera cubre la herida».
Una decisión “ridícula”.
Más duro aún se muestra el comediante (afroamericano –sic-) Elon James White, para quien el intento de reescribir la obra de Twain es “ridículo”. «El libro, que trata directamente sobre el racismo, no queda mejor eliminando los términos racistas», afirma en Slate.com.
«Pretender que esto tiene un alto fin es insultar la inteligencia de los estadounidenses (…) Estados Unidos habla sobre la raza como los padres amedrentados hablan con sus hijos sobre sexo (…) pero si continuamos con nuestras terriblemente retorcidas y voluntariamente ignorantes interpretaciones de la historia, acabaremos teniendo una generación que esté deplorablemente malinformada, y eso será culpa nuestra», advierte.
La polémica está servida. Algo que, pese a todo, beneficiará de seguro a los editores de la nueva versión de los clásicos de Twain.
«Si la publicación provoca un buen debate sobre cómo el lenguaje impacta el aprendizaje o sobre la naturaleza de la censura o el modo en que los comentarios racistas ejercen una dañina influencia, entonces nuestra misión a la hora de publicar esta nueva edición habrá sido cumplida (sic; ¿quién demonios ha traducido esto?)», afirma NewSouth Books en su presentación de la nueva obra.
El propio Twain, para quien un clásico literario era una obra «que la gente alaba pero no lee», debe estar revolviéndose de risa en su tumba con esta nueva polémica.

Me pregunto a qué están esperando en España, con lo aficionados que somos a correr delante de la locomotora, y al que no quiera correr, obligarlo por decreto. A más de un político aficionado a la psicopedagogía de laboratorio y a la lengua hablada y escrita controlada por ley, debería gotearle el colmillo: hay más humo con el que marear la perdiz. Más posibilidades de que la peña, propensa a desviarse de pitones cuando le agitan un capote desde la barrera, no piense en lo que debe pensar, la que está cayendo y va a caer. Buenos ratos echando pan a los patos.
Hace un par de meses, una editorial gringa publicó ediciones políticamente correctas del Huckleberry Finn y el Tom Sawyer de Mark Twain en las que, además de retocar crudezas propias del habla de la época, se elimina la palabra “nigger”, que significa “negro”. Los alumnos se escandalizaban, arguyó el responsable: un profesor de Alabama que, en vez de explicar a sus escandalizables alumnos que los personajes de Twain usan un lenguaje propio de su época y carácter -Joseph Conrad tituló una novela The nigger of the Narcissus-, prefiere falsear el texto original, infiltrando anacronismos que encajen en las mojigatas maneras de hoy. Convirtiendo el ácido natural, propio de aquellos tiempos, en empalagosa mermelada para tontos del ciruelo y la ciruela.
Coincide la cosa con que el ministerio de Cultura francés, confundiendo la palabra “conmemorar” con la de “celebrar”, excluya a Louis-Ferdinand Céline de las conmemoraciones de este año, cuando se cumplen cincuenta del fallecimiento del escritor. Que fue pésima persona, antisemita y colaborador de la Gestapo -como, por otra parte, miles de compatriotas suyos-, y autor de un sucio panfleto antijudío titulado Bagatelle pour un massacre; pero que también es uno de los grandes novelistas del siglo XX, el más importante en Francia junto a Proust, y cuyo Viaje al fin de la noche transforma, con inmenso talento narrativo, una muy turbia sordidez en asombrosa belleza literaria. Eso demuestra, entre otras cosas, que un retorcido miserable puede ser escritor extraordinario; y que un artista no está obligado a ser socialmente correcto, sino que puede, y debe, situarnos en los puntos de vista oscuros. En el pozo negro de la condición humana y sus variadas infamias.
Así que, españoles todos, oído al parche. Suponiendo -tal vez sea mucho suponer- que quienes vigilan a golpe de ley nuestra salud física y moral sepan quiénes son Twain o Céline, imaginen las posibilidades que esto les ofrece para tocarnos un poquito más los cojones… ¿Qué son bagatelas como prohibir el tabaco o convertir en delito el uso correcto de la lengua española, comparadas con reescribir, obligando por decreto, tres mil años de literatura, historia y filosofía éticamente dudosas?... ¿A qué esperan para que en los colegios españoles se revise o prohíba cuanto no encaje en el bosquecito de Bambi?... ¿Qué pasa con esas traducciones fascistas de Moby Dick donde se matan ballenas pese a los convenios internacionales de ahora?... ¿Y con Phileas Fogg, tratando a su criado Passepartout como si desde Julio Verne acá no hubiera habido lucha de clases?... ¿Vamos a dejar que se vaya de rositas el marqués de Sade con sus menores de edad desfloradas y sodomizadas antes de la existencia del telediario?... ¿Y qué pasa con la historia y la literatura españolas?... ¿Hasta cuándo seguirá en las librerías la vida repugnante de un asesino de hombres y animales llamado Pascual Duarte?... ¿Cómo es posible que al genocida de indios Bernal Díaz del Castillo lo estudien en las escuelas?... Y ahora que todos somos iguales ante la ley y el orden, ¿por qué no puede Sancho Panza ser hidalgo como don Quijote; o, mejor todavía, éste plebeyo como Sancho?... ¿A qué esperamos para convertir lo de Fernán González y la batalla de Covarrubias en el tributo de las Cien doncellas y doncellos?... ¿Cómo un machista homófobo y antisemita como Quevedo, que se choteaba de los jorobados y escribió una grosería llamada Gracias y desgracias del ojo del culo, no ha sido apeado todavía de los libros escolares?... En cuanto a la infame frase “Viva España”, que como todo el mundo sabe fue inventada por Franco en 1936, ¿por qué no se elimina en boca de numerosos personajes de los Episodios nacionales de Galdós, donde afrenta a las múltiples y diversas naciones que, ellas sí, nos conforman y enriquecen?... ¿Y cómo no se ha expurgado todavía El cantar del Cid de las 118 veces que utiliza la palabra “moro”, sustituyéndola por “hispano-magrebí de religión islámica”, y buscándole de paso, para no estropear el verso, la rima adecuada?
Por fortuna no leen, ni creo que en el futuro lo hagan. Tranquilos. El peligro es mínimo. Menos mal que esos pretenciosos analfabetos, dueños del Boletín Oficial, no han abierto un libro en su puta vida.

Le pide que apague el cigarro y acaba con 16 puntos de sutura

 

El propietario de la bolera Roydy sufre un profundo corte al mediar en una pelea que se formó después de advertir a un cliente que dejara de fumar.
El dueño de un bar y varios clientes han acabado heridos tras una pelea que podría estar motivada por la Ley Antitabaco. Los hechos ocurrieron en la bolera de la localidad cacereña de Montehermoso en la tarde del pasado domingo día 2, horas después de la entrada en vigor de la norma. Pasaban las ocho de la tarde cuando un cliente se encendió un cigarro en el Roydy, local situado en la Plaza de la Constitución. Al verle otro hombre avisó al dueño del local, Juan Francisco Valhondo, para que le ordenara dejar de fumar. «Le dije educadamente que lo apagara. Le pegó un par de caladas y ahí quedó la cosa», explica el dueño.
Cuando parecía que todo había quedado en una simple advertencia, se formó una trifulca en medio del bar. «No vi si se dijeron algo, no vi si volvió a encenderse otro cigarro, había bastante gente en la barra, el caso es que cuando me quise dar cuenta se estaban peleando». Participaban al menos cinco personas, entre ellas el hombre que estaba fumando y su hermano, enfrentados con el cliente que dio cuenta de la infracción y algunos parientes de éste.
El propietario intentó mediar en la trifulca y cuando sacó del establecimiento al cliente que había estado fumando, éste volvió hacia él y le propinó el golpe en la frente, que le causó una profunda herida. «Me golpearon con una botella o un vaso de cristal. No sé con qué me dieron».
La pelea acabó con varias personas en el Hospital de Plasencia. El dueño de la bolera requirió atención médica por un corte de doble trayectoria junto a la ceja izquierda. Recibió entre 16 y 18 puntos de sutura. «Ni siquiera los he podido contar».
Además, en el mismo centro hospitalario tuvieron que ser atendidas otras tres personas que se vieron involucradas en la trifulca, una de ellas con un ojo morado, otra con contusiones en un brazo y otra con la muñeca abierta.
Tras la correspondiente denuncia, todos han empezado a declarar en el cuartel de la Guardia Civil.

jueves, 1 de diciembre de 2011

El PP lleva un experto al Senado que afirma que ser gay es una enfermedad

 

Aquilino Polaino dice que tener un padre alcohólico o violento es causa de homosexualidad.
Hace 15 años, la Organización Mundial de Salud (OMS) sacó la homosexualidad de su lista de enfermedades. Sin embargo, el catedrático de Psicopatología Aquilino Polaino, uno de los expertos llamados por el PP a la Comisión de Justicia del Senado, que estudia la ley de matrimonio gay, declaró ayer que a los homosexuales «se les puede ayudar con terapia reparativa. Aunque se haya desclasificado como enfermedad, no quiere decir que no haya trastornos», afirmó. El portavoz del PP, Agustín Conde, le contestó: «Usted nos ha descrito perfectamente la psicopatología de la homosexualidad».
Aquilino Polaino, director del departamento de Psicología en la Universidad San Pablo-CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, abrió la sesión de expertos sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parejas gays. «He gastado [sic] 20 000 horas con personas de conducta homosexual en función de una actitud humanitaria», dijo. En total, 160 gays y lesbianas que han «solicitado» su ayuda «como psicoterapeuta», indicó.
Para Polaino, las causas de la homosexualidad son «un padre hostil, violento, alcohólico o distante; una madre sobreprotectora —más con los niños que con las niñas—, fría, necesitada de afecto; emocionalmente vacía para sus hijas lesbianas». El resultado son niños que «rehúsan los juegos violentos, con ausencia de identificación con sus iguales, ausencia de destrezas motoras para los deportes violentos e incapacidad de defenderse».
También tienen «fobia social» y, «por lo visto» por este terapeuta, «alrededor de un 30 % ha sufrido abusos sexuales». Además, es frecuente la coexistencia con otras enfermedades, aunque ello no implique una relación de causa-efecto, como «depresión grave, trastorno obsesivo compulsivo, suicidio, crisis de ansiedad, elevado consumo de drogas, trastornos de conducta, esquizofrenia y narcisismo patológico», afirmó Polaino. Esta suma de factores tiene su efecto en sus relaciones: «Mayor promiscuidad, inestabilidad y sentimientos crónicos de no ser masculinos», afirmó.
Después de esta descripción, Polaino invitó al senador por CiU Miquel Bofill: «Si usted piensa que la homosexualidad no es ningún problema, le invitaría a que viera usted cinco horas de terapia que tengo esta tarde».
Las afirmaciones de Polaino causaron estupor entre los senadores de los demás grupos. «Si esto es lo mejor que tiene el PP, resulta grotesco. Sólo está defendiendo sus garbanzos», dijo el portavoz del PSOE, Arcadio Díaz Tejera. «Ni siquiera es procedente que le pregunte», despachó la representante de Izquierda Unida, Isabel López Aulestia. «¿He creído entender que la homosexualidad significa una patología que habría que reconducir?», preguntó incrédula Elena Etxegoyen, del PNV.
Rajoy elude comentar.
El presidente del partido, Mariano Rajoy, eludió comentar las afirmaciones de Polaino, informa Europa Press. Tras felicitarle por su exposición, el portavoz popular en la Comisión del Senado, Agustín Conde, le pidió que se centrara en «los trastornos del menor».
La otra compareciente llamada por el PP fue la profesora de la universidad San Pablo-CEU Patricia Martínez Peroni. Martínez ha sido una de las autoras de la recopilación sobre la adopción elaborada por la organización Hazte Oír, una de las convocantes de la manifestación contra el matrimonio homosexual, que ella presentó como «un estudio universitario». El trabajo ha sido prologado por Polaino. Esta psicóloga basó su intervención en la crítica a los estudios del resto de los expertos sobre niños educados por gays o lesbianas por tener, dijo, «serios problemas metodológicos». Estos estudios concluyen, según el resumen del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que «no está demostrado que existan perjuicios psicológicos» en los niños criados por gays o lesbianas.
Martínez afirmó que, al ser la homosexualidad «marginal», no se debería «aventurar al niño en la convivencia con personas homosexuales».
Díaz Tejera, del PSOE, dijo que, «por cortesía», no iba a contestarle. «Si no hay estudios válidos, ¿por qué afirma categóricamente que la adopción es negativa?», le preguntó Félix Ayala, de Coalición Canaria. Sólo Conde (PP) le agradeció el estudio, titulado No es igual. «No enjuiciamos la homosexualidad ni el derecho de una persona a encauzar su sexualidad, sino que parejas homosexuales adopten», añadió el portavoz popular.
El pronunciamiento de 1973 de la Asociación Americana de Psiquiatría en el que se dice que gays y lesbianas deben poder adoptar es para el senador Conde la reflexión de «militantes» homosexuales. Una opinión en línea con el informe de Hazte Oír.