jueves, 5 de enero de 2012

González se aferra a su pensión y Moncloa lo apoya

 

El entorno de Aznar cree que tampoco renunciará a su asignación pública pese a sus cuantiosos ingresos privados. El PP se declara dispuesto a “abrir una reflexión” sobre este asunto.
El Ejecutivo defendió ayer las prerrogativas que disfrutan los expresidentes del Gobierno, aun cuando las complementen sobradamente con sueldos privados. Mientras, los dos principales afectados, Felipe González y José María Aznar, mostraron sus primeras cartas sobre el tapete de la polémica.
En medio de debate desatado tras el fichaje de José María Aznar por Endesa, 200.000 euros anuales que se unen al millón que se estima que gana con otras actividades privadas, y el de Felipe González por Gas Natural, 126.000 euros, solo el ex presidente socialista se atrevió a romper el silencio tras el que optó por parapetarse Aznar.
González anunció, a través de un portavoz, que no renunciará a la asignación vitalicia que le concede el Estado, 80.000 euros anuales, a pesar de percibir otros ingresos de la empresa privada, y subrayó que cumple escrupulosamente la ley al percibir esta pensión en su calidad de antiguo jefe del Ejecutivo. 


González, después de 15 años.
Para apuntalar su defensa, el expresidente socialista trazó diferencias notorias con Aznar. Así, subrayó que ha aceptado un puesto de consejero en Gas Natural 15 años después de dejar la Moncloa, con una retribución “transparente” y sometida al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según aseguró el portavoz de González a Europa Press, el debate abierto responde a “intereses muy determinados” que no aclaró. Por eso lamentó que la polémica se haya avivado a raíz de la incorporación de González a Gas Natural y no por las actividades privadas de otros ex presidentes que no renunciaron tampoco a sus prerrogativas.
Leopoldo Calvo-Sotelo perteneció a tres consejos de administración distintos y Aznar se vinculó a intereses privados: trabaja para media docena de empresas nada más dejar el Gobierno, a cambio de unas retribuciones cuya cuantía no está sometida a control alguno, recordó la oficina de González para acentuar las distancias.
El expresidente conservador se refugió entretanto en el silencio. Presente ayer en León en un acto de partido organizado por el PP, Aznar no dio opción alguna a ser preguntado sobre esta cuestión. 


Trato institucional deferente.
Su entorno admitió a Público que duda de que renuncie a su asignación pública como expresidente y remitió, como única respuesta, a las afirmaciones que pronunció el jueves el número dos de la FAES, Jaime García-Legaz. El secretario general de la fundación que preside Aznar admitió que la compatibilidad entre la retribución pública y los sueldos privados “es un tema a debatir (sic)”, aunque defendió un “trato institucional deferente” para los ex presidentes como el que mantienen en otros países.
El PP mostró ayer distintas caras en torno a la misma polémica. Su responsable de organización, Ana Mato, abogó por “abrir una reflexión sobre las remuneraciones de los expresidentes y los políticos” por la actual situación de crisis económica en la que “se están pidiendo esfuerzos a mucha gente y las familias lo están pasando mal y sacrificando muchas cosas”.

Una polémica “paleta”.
Menos contemporizador, el coordinador de relaciones internacionales del PP, Jorge Moragas, consideró una “actitud paleta y populista” las críticas “desaforadas” que a su juicio se han lanzado contra los sueldos vitalicios de los expresidentes. Moragas aseguró que Aznar “cobra una pensión ridícula”, 80.000 euros al año, comparada con la de algunos ex presidentes autonómicos.
«Yo quiero respeto para González y Aznar y ese mismo respeto exigiremos para Zapatero cuando asuma la condición de expresidente», defendió el dirigente conservador en una línea coincidente con la que mostró el PSOE y defendió también el Ejecutivo.
Su portavoz, el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el Gobierno no se plantea cambiar el régimen que regula el estatus de los expresidentes. «Hay un sistema establecido desde 1983. El Gobierno no valora este tipo de cosas, que son parte de nuestro entramado institucional y donde no se ha planteado ningún cambio», zanjó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Rubalcaba recurrió a la “juventud” de la democracia española como argumento: «España tiene muy pocos expresidentes y es bueno que tengan cierto estatus institucional», defendió para avalar sus prerrogativas.
El PSOE se sumó a esta defensa del régimen actual que ampara a los exjefes del Ejecutivo a través de su portavoz, el secretario de organización, Marcelino Iglesias. «Legalmente es compatible con sus sueldos» la asignación que perciben del Estado, subrayó. «No hay ningún incumplimiento de la ley y, por tanto, hay que verlo desde este punto de vista», abundó el número tres socialista marcando la posición oficial de su partido. Ningún dirigente del PSOE discrepó ayer de esta línea acerca de lo que Iglesias consideró un debate “de última hora”.

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