jueves, 23 de febrero de 2012

Telefónica prepara más ajustes de plantilla tras ganar 10.167 millones

 

El grupo reducirá personal, incluidos puestos directivos.
El grupo Telefónica cerró el año 2010 con unos beneficios de 10.167 millones de euros, un 30,8% más que en el año anterior por el efecto contable de la adquisición de la operadora brasileña Vivo. La comparación homogénea con 2009 muestra que, sin contar los extraordinarios, los beneficios habrían crecido un 3 %.
El gigante empresarial que preside César Alierta informó ayer de que con los citados resultados cumple los objetivos comprometidos con el mercado y ha recordado la propuesta de repartir un beneficio por acción de 1,60 euros este año con cargo a estos resultados, un 14,3 % más que en el año anterior. No obstante, estos beneficios están por debajo de las previsiones del consenso del mercado que estimaba que serían por encima de los 11.000 millones de euros.
Y la primera multinacional española y cabecera del Ibex 35 está pensando en nuevos ajustes de plantilla para rebajar costes. El director financiero de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, afirmó que la compañía recortará gastos en Telefónica España, con una reducción del 6 % en los puestos directivos, potenciará la subcontratación de operaciones a proveedores de servicios y llevará a cabo «nuevos procesos de reestructuración de la mano de obra», así como una aplicación de revisiones salariales no vinculadas al IPC.
Los ingresos de Telefónica en España se situaron en los 18.711 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 5%, debido a un menor consumo de los clientes en los diferentes negocios y a la elevada intensidad competitiva.

Uno de cada diez jóvenes vascos sigue justificando a ETA

 

Los jóvenes vascos rechazan a ETA mayoritariamente, si bien existe aún “una minoría recalcitrante” de casi un 10 % que sigue encontrando justificación a la violencia terrorista, según las conclusiones del informe “Retratos de la juventud”, elaborado por el Gobierno vasco.
El estudio, presentado hoy en Bilbao y efectuado a partir de entrevistas a personas de 15 a 29 años hechas por el Observatorio Vasco de la Juventud y el Gabinete de Prospección Sociológica del País Vasco, destaca que ese porcentaje de jóvenes que encuentra motivos al terrorismo coincide con estudios anteriores y, en concreto, con el realizado por el Ararteko en 2009.
El director del Gabinete de Prospecciones Sociológicas, Víctor Urrutia, ha expuesto que seis de cada diez jóvenes expresan sin rodeos su rechazo a ETA y casi un 71 % expone que las víctimas de cualquier acción terrorista merecen todo el apoyo.
Sin embargo, Urrutia ha alertado de que los jóvenes vascos no quieren (51 %) tener como vecinos a víctimas o personas amenazadas, casi en el mismo porcentaje que rechazan vivir junto a miembros de ETA (55 %) o neonazis (62 %), de lo que ha deducido que, en la práctica, tienen “un posicionamiento ético poco solidario” y que escogen “mirar para otro lado”.
El estudio ha definido a los jóvenes de ésta comunidad como personas satisfechas (75 %) en lo personal, optimistas (64 %) aunque preocupados por su futuro laboral y desconfiados de la sociedad en general y de los políticos y los partidos en particular, que solo interesan a un 17 por ciento.

La cara poco humana de la justicia

 

La anticuada organización de los tribunales, el boato judicial y las rígidas estructuras explican el trato que se da a los ciudadanos.
No es sencillo encontrar a una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasión por un accidente de tráfico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gestión o a declarar en un juicio. El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no solo es burocrático y frío, sino, en ocasiones, hasta despectivo. La justicia es un servicio público más, pero sigue apareciendo como el más trasnochado y deshumanizado tras 30 años de democracia e innumerables promesas de modernización de los sucesivos Gobiernos, sean del PSOE o el PP, que no se traducen en ninguna mejora.
Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organización de los tribunales, sus rígidas estructuras y el boato judicial. A eso hay que sumar las insuficientes reformas del proceso judicial para hacerlo más ágil y rápido, la necesidad de incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados más allá de ordenadores que sirven para poco más que para escribir y la atención adecuada al ciudadano siguen siendo asignaturas pendientes.
Seguramente lo más preocupante de esa justicia deshumanizada es que la situación se agrava con el tiempo y que el número de pleitos España no para de aumentar. La cifra de asuntos totales que tramita la justicia española ha pasado de seis a nueve millones en una década y en 25 años se ha cuadruplicado la media de casos que lleva cada juez. Es una realidad que afecta a todas las jurisdicciones y otros servicios que ofrece la justicia, como el registro civil o la celebración de matrimonios civiles, la mayoría de los cuales se celebran en los juzgados. En 1996 fueron 44.779 y representaban el 23% del total de uniones. En 2009, las bodas civiles superaron a las religiosas por primera vez (94.108 frente a 80.959).
La ciudadanía se queja cada vez más del trato que recibe. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en tres años casi se han triplicado las quejas relacionadas con lo que se denomina el derecho a una justicia atenta, un capítulo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia promulgada en 2002 y que reconoce 41 derechos. En 2008, último año del que se tienen datos, se contabilizaron 7.013 quejas, frente a las 4.436 del año anterior y las 2.579 del año 2006.
El derecho a la justicia atenta agrupa conceptos como el trato recibido (las quejas aumentaron un 16%), la puntualidad de las actuaciones judiciales (se quintuplicaron), el incumplimiento del deber de identificación de los funcionarios (se multiplicó por diez) la información sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atención al público.
El Poder Judicial constata en su memoria de 2008 su preocupación y recuerda que, por primera vez, los ciudadanos se quejan más por la falta de atención que por la endémica lentitud de la justicia. Más de 7.000 quejas por desatención no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada año a los tribunales, viene a decir el CGPJ, «pero esta apreciación no resta valor a la llamada de atención que subyace en estas quejas, en la que la ciudadanía parece querer expresar que, además de tomar conciencia de la tradicional carencia de medios, existen además otros obstáculos para que la justicia sea más atenta con ellos», dice en la memoria.
«El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenador y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso. La mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada y lo que hay que hacer es eliminarlos en lugar de digitalizarlos. Tampoco existe una estructura moderna ni ágil de gestión, todo sigue siendo jerárquico y autoritario y a la gente se la sigue tratando de manera agria y destemplada en la mayoría de los casos», explica Manuela Carmena, una magistrada que se jubiló hace unas semanas a los 66 años después de 30 años en la carrera judicial y 15 de abogada. Ahora dedica su tiempo a elaborar un blog para “reinventar la justicia”, algo sobre lo que ya teorizó en 1998 en un libro.
Carmena no niega que la justicia ha cambiado desde que hay democracia y que han desaparecido corruptelas de otros tiempos, que se han dictado leyes más ágiles en el proceso civil oral y que ahora los juicios quedan grabados. «Pero la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan. Sobran un sinfín de liturgias procesales», dice. Y falta sentido común, pues no es razonable, por ejemplo, que un tribunal cite a 70 personas a declarar a la misma hora del mismo día (ocurrió hace años en la Audiencia de Barcelona). O que centenares de ciudadanos pasen toda la mañana esperando a declarar y no puedan hacerlo finalmente porque el juicio se había suspendido y no se les había avisado (sucede a diario en muchos juzgados españoles). Otra cosa es la incomprensible falta de medios, pues si cualquier persona se puede comunicar con otra de punta a punta del planeta, con o sin videocámara, no se entiende que un testigo (sea policía, perito o ciudadano), tenga que desplazarse expresamente al juzgado y esperar toda la mañana a que le llegue su turno para declarar y responder a una o dos preguntas.
«Los españoles continúan recibiendo trato de súbditos, no de ciudadanos, cuando acuden a los tribunales. Eso no tiene parangón con cualquier otro servicio público», explica el abogado madrileño José Luis Galán, que ejerce desde hace 35 años. Para él, la solución radica en la voluntad política, pero es muy escéptico. «La justicia no da votos y los partidos piensan que no es un problema del todo suyo, lo que no ocurre con los hospitales ni con las escuelas», añade. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero la organización de la justicia en todos sus ámbitos, la dotación de medios y la relación de personal para hacerla más ágil depende del Gobierno y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de los medios materiales.
«Los clientes nos empiezan a mirar mal a los abogados y yo creo que acabaré llevándoles un día a los juzgados para que vean como funcionan», explica Galán, aunque admite que “todos no son iguales” y que, no solo entre jurisdicciones (civil, penal, laboral, mercantil o administrativa) existen diferencias, sino que entre un juzgado y otro «puede haber un mundo en el trato a los ciudadanos, según sean el juez y el secretario».
La estadística de 2008 del Poder Judicial revela que las quejas de los ciudadanos por desatención se achacan mayoritariamente a los funcionarios judiciales (57%), después al juez (24%, cuatro puntos más que en 2007). «Es necesario replantearlo todo, pero empezando por el concepto del proceso, cosa que no ha hecho el Poder Judicial hasta ahora», explica Manuela Carmena. Ella fue vocal cinco años y asegura que ya expuso estas ideas sin ningún éxito. «Hay que cambiar la mentalidad y así se cambiará la relación de la justicia con los ciudadanos. No puede ser que casi siempre se le haga declarar a la gente de pie, o que si va a una oficina judicial casi nunca tenga silla para sentarse», dice.
Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la organización mayoritaria entre los jueces españoles, quita hierro a las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado. También defiende el trabajo de los funcionarios, que son los que más tratan con los ciudadanos y, por ello, es razonable que soporten la mayor parte de las quejas. Con todo, admite que la justicia actúa con mecanismos muy enquistados y que sería necesario habilitar espacios en los juzgados para que víctimas y acusados estén separados antes del juicio —lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX— y que el juicio se celebrase sin demoras.
«La justicia en España funciona muy mal, como en Italia. Y en el resto de países de nuestro entorno, mal», sentencia el abogado José Luis Galán, «porque no ha habido intentos serios de arreglarlo, solo falsas declaraciones de intenciones».
Josep Junyent es un abogado catalán que vive a caballo entre Barcelona y la ciudad sueca de Umeå. En aquel país, el funcionamiento de la justicia es también un modelo a seguir. «En Suecia se intenta evitar el pleito siempre que se puede, los equipos de mediación están muy arraigados y muy reconocidos en la sociedad y todo es más simple que en España». Divorciarse de mutuo acuerdo, por ejemplo, es tan sencillo como rellenar un impreso y comunicarlo a la administración.
Allí los testigos disponen de un cómodo sillón cuando declaran, no han de acudir necesariamente a la sala de vistas y lo pueden hacer por teléfono —eso significa que los edificios están acondicionados para ello— y el proceso judicial está desposeído de toda liturgia. El juez y su ayudante, que es quien dirige el proceso, no visten toga, y se sientan junto a los miembros del jurado, pues casi todos los juicios penales se celebran por ese procedimiento. Y esos miembros del jurado se eligen de unas listas de hombres justos que designan los partidos políticos en cada municipio.
Una carta de derechos sin rango de ley.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que tiene carácter vinculante para jueces, fiscales y todos los profesionales relacionados con la justicia, reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido de forma respetuosa adaptada a sus circunstancias y a exigir que las actuaciones judiciales en las que intervenga “se celebren con la máxima puntualidad”. En este sentido estipula que el juez o el secretario deberán informar al usuario de los motivos por los que se ha suspendido o retrasado esa actuación. Son contadas las ocasiones en que se actúa de esa manera en los tribunales españoles.
También se reconoce el derecho a que la comparecencia de un ciudadano ante un tribunal “resulte lo menos gravosa posible” de manera que solo se le podrá llamar “cuando sea estrictamente indispensable” y que las zonas de espera deberán reunir condiciones para asegurar una correcta atención. Otro de los derechos que se incumple a diario es el de proteger a los testigos o conocer la identidad de la autoridad o la persona que le atiende. También se reconoce el derecho a ser atendido personalmente por el juez o secretario respecto de cualquier incidencia y a utilizar y ser atendido la lengua oficial que escoja en su relación con la administración de justicia.

viernes, 17 de febrero de 2012

El “fascista” y los “tontitos”

 

Villalobos se enzarza con Bono, que le reprochó que insultara a los discapacitados.
Hace meses que José Bono, presidente del Congreso, y Celia Villalobos, diputada del PP y secretaria cuarta de la Cámara, mantienen agrias discusiones en la Mesa, a puerta cerrada. Hace varias semanas discutieron por el viaje a Guinea Ecuatorial de una delegación de la Cámara, y ayer superaron los precedentes.
Primero porque los representantes del PP plantearon la petición de comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para explicar las investigaciones sobre los ERE de Andalucía. Bono les dijo que el PP debía reformular la petición porque nunca se admiten comparecencias del fiscal sobre asuntos concretos. Como los cuatro representantes del PP se negaron, tras una agria discusión, Bono lo sometió a votación y, con apoyo de los representantes de PNV y CiU, se rechazó.
En el archivo de la Mesa del Congreso constan una docena de peticiones de comparecencia sobre asuntos concretos del fiscal general del Estado en las últimas tres legislaturas que fueron frenadas. Cuando el PP tenía mayoría fueron rechazadas, y desde 2004 se han reformulado en muchas ocasiones para que sean peticiones genéricas, a partir de las cuales los grupos pueden plantear al fiscal asuntos concretos que estén sub iúdice.
Luego, a propósito de la convocatoria de plazas para personal de la Cámara, Villalobos se refirió reiteradamente a los discapacitados como “tontitos”. Se discutía sobre la inclusión en el cupo de discapacitados de un solicitante, y la diputada del PP insistió en el término “tontitos”. Bono, que había salido un momento, se incorporó a la reunión y, tras ser informado, afeó a Villalobos el uso de ese término, imputándole “falta de sensibilidad social”.
«Hablo como se habla en mi tierra», dijo Villalobos. «Ni coloquial ni nada. Aquí todos tenemos alguna discapacidad. A unos les falta un brazo y a otros sensibilidad», le respondió Bono, antes de zanjar la agria discusión asegurando que el tema no estaba en el orden del día y se levantaba la sesión. La diputada del PP protestó.
Según explicó luego, lo que quiso decir «es que si hay cinco plazas y las ganan [los discapacitados], para ellos, que no hagan corralitos, porque eso es lo que se hacía en los años cuarenta, cuando se distinguía entre listitos y tontitos; en los cuarenta, no ahora». A la salida, Villalobos coincidió con diputados de su grupo como Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández y Ana Pastor. La secretaria cuarta de la Cámara, en tono airado, informó a los suyos de que no se admitía la petición de comparecencia del fiscal general. Las cámaras captaron a Villalobos decir frases como: «Lo que no es de recibo es que la mayoría decida lo que tenemos que poner en una petición de comparecencia»; «lo que nos faltaba con el demócrata este»; «es lo más fascista que he visto en mi vida… como presidente». Villalobos se escudó luego en que era una conversación informal y aseguró que tachó a Bono de fascista como equivalente a “arrogante”.
El asunto parecía haberse cerrado así, pero el cruce de palabras continuó por la noche. En una entrevista con la cadena Veo7, el presidente del Congreso, preguntado por su disputa con la diputada popular, aseguró no estar enfadado por el calificativo de “fascista” porque venía de una persona que “insulta a su chófer”, según dijo haber visto en varios vídeos de Youtube. «Que a mí me llame fascista es lo mejor que me podía llamar. Que Dios la perdone», concluyó.

Castilla y León protege las ballenas que no tiene

 

Se les extinguió el lince y ahora tratan de extinguir los lobos a tiro limpio, pero no se preocupe nadie, que en Castilla y León la protección de la fauna es una prioridad. Especialmente la de los cetáceos marinos, como ha quedado demostrado en el tocho-informe (812 páginas) del Programa de Desarrollo Rural (2007-2013), base para justificar los 1.838 millones de subvención que recibirá de los fondos FEADER de la Unión Europea. De acuerdo con este documento público, la marsopa común (Phocoena phocoena) y el cachalote (Physeter macrocephalus) no sólo están presentes en los ecosistemas fluviales, embalses y lagunas de esa inmensa Comunidad Autónoma, sino que además sus poblaciones son vulnerables, esto es, son todavía numerosas pero empiezan a dar señales de estar amenazadas.
Sorprende esta preocupación por los cetáceos en una región de interior sin salida al mar. Pero aún sorprende más la explicación dada para justificar tan injustificable error. Según explicaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente al Diario de León, “el listado se ha copiado del que ya existía en el año 2006″. O sea, que la obsesión ballenera de nuestros políticos viene de lejos.
En realidad, tal comportamiento evidencia una forma diferente de hacer las cosas: el esfuerzo por alzarse con la difícil corona de copiones en este cada día más competitivo mundo del Copia y Pega. Experiencia no les falta. Como en los tres intentos fallidos por presentar un informe ambiental mínimamente creíble con el que el Gobierno de Castilla y León pretende avalar la construcción de una macro urbanización de esquí y cachondeo en San Glorio (Picos de Europa), y donde se incluyen numerosos párrafos copiados de páginas web como “El Rincón del Vago”, tesis universitarias e incluso una guía de Chile.
Con tales antecedentes, que en el río Pisuerga haya ballenas en peligro de extinción resulta de lo más lógico.

La Policía Local atornilla dos señales en el muro de la iglesia protegida de San Tirso

 

La Policía Local de Oviedo ha atornillado dos señales —una de prohibición y otra que informa de que la zona está vigilada por cámaras de seguridad— en los muros trasero y lateral de la iglesia de San Tirso, junto a la Catedral. El templo, de origen prerrománico, fue fundado por Alfonso II “el Casto” en el siglo IX, y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico. Fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, de la que depende la Policía Local, afirmaron ayer “desconocer” este hecho. «Es asunto de la Policía, solo podemos lamentarlo», apuntan las mismas fuentes, que insisten en responsabilizar al cuerpo municipal de seguridad.
Las dos señales pueden apreciarse desde la plaza de la Catedral —la de prohibición— y desde los tránsitos de Santa Ana y Santa Bárbara, la que informa de la vigilancia por cámaras. Para colocar las señales se han utilizado seis tornillos de calibre grueso —tres para cada una—, tras agujerear los sillares del templo. Además de la propia protección cultural y patrimonial del templo, la iglesia se incluye en el entorno de protección de la Catedral, aprobado por el Ministerio de Cultura. Una de las señales, la colocada en el tránsito de Santa Ana, está atornillada muy próxima al denominado “muro testero” de la cabecera del templo, el único que se conserva de la iglesia prerrománica original tras el incendio de 1521. En esta zona del monumento se aprecia la ventana trífora, característica de este período artístico.

martes, 14 de febrero de 2012

Newt Gingrich

 

El posible candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones de 2012 dijo, en referencia a la construcción del centro cultural islámico cerca de la Zona Cero, que «los nazis no tienen derecho a colocar un símbolo al lado del museo del Holocausto en Washington», y añadió que los estadounidenses nunca hubiesen aceptado «que los japoneses construyeran un templo al lado de Pearl Harbor. No hay razón entonces para aceptar una mezquita cerca del World Trade Center».
En el mismo artículo encontramos una referencia a una simpática organización denominada “SIOA (Stop Islamization Of America) se traduce como “Detegan la islamización de América (sic)” y su grito de guerra «Todo lo que necesitaba saber sobre el Islam, lo aprendí el 11-S» se ha convertido en uno de los habituales de las manifestaciones en contra de “Park 51”.

viernes, 10 de febrero de 2012

Isabel monta a Fernando (Javier Marías)

 

Con razón me considerarán un pesado, pero siempre aduciré en mi descargo la vieja excusa infantil: “Yo no he empezado”. Si la realidad es insistente y pelma, además de con frecuencia imbécil, hay que salirle al paso una y otra vez, porque los que la manipulan son tan tenaces —parece que les sobre el tiempo, o que lo dediquen todo a una sola causa— que, en cuanto nos cansemos quienes les contestamos y dejemos de hacerlo, aquéllos impondrán sus memeces como una apisonadora. Leo en una columna de mi colega Pérez-Reverte que la Junta de Andalucía, a través de sus consejerías de Medio Ambiente, Presidencia, Igualdad y Hacienda —cuatro, nada menos, han de estar bien ociosas—, publica una guía de 71 páginas para propiciar “el conocimiento de la perspectiva ecofeminista y potenciar el lenguaje periodístico desde una perspectiva de género medioambiental”. Al redactor o redactora de semejante galimatías habría que enviarlo de vuelta a la escuela o, mejor, deportarlo. Bueno, ya pueden imaginar de qué va la guía, apenas distinta de las directrices que hace unos años soltó Comisiones Obreras y de las que proliferan aquí y allá: que no se diga “los alumnos” sino “el alumnado”, ni “actor” sino “persona que actúa”, ni siquiera “futbolistas”, que termina en “as”, sino “quienes juegan al fútbol”. Ya lo saben los periodistas deportivos: en aras de las perspectivas “ecofeminista” y “de género medioambiental”, nada de escribir “Los futbolistas del Barça”, sino siempre, y machaconamente, “quienes juegan al fútbol del Barça”. Amenas crónicas íbamos a leer.
Pero lo mejor ya lo señalaba Pérez-Reverte (no me parece justo que no se enteren los lectores de El País Semanal). A partir de ahora, a la “infancia” andaluza se le escamoteará la famosa frase atribuida a la madre de Boabdil al perder éste Granada en 1492, ya se acuerdan: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”. Aquella madre era una machista del copón, y no la disculpan ni la época en que vivió ni que por entonces las mujeres no guerrearan —salvo excepción— ni nada de nada. Así que se censura lo que la leyenda o la poesía popular dicen que dijo, y se sustituye por la siguiente frase, sosa e inexacta a más no poder: “No llores, pues no tienes motivos para ello”. Hombre, motivos no le faltaban, acababa de perder su reino y lo habían largado al exilio, y con él a muchos de sus súbditos. Nada, la guía ni siquiera se ha preocupado de buscar un equivalente más sonoro y lucido: podían haber suprimido lo del hombre y la mujer y haberlo dejado al menos en “No llores ahora lo que no supiste defender”. No sé, lo de “defender” algo les debe de haber resultado sospechoso a las cuatro consejerías, quizá poco medioambiental.
Si la cosa se limitara a Andalucía… No, señor, en las mismas fechas nos enteramos de que un editor estadounidense ha decidido reeditar Huckleberry Finn, de Mark Twain, sustituyendo la palabra despectiva “nigger”, que los personajes del siglo XIX emplean, por “esclavo”, y la más bien humorística “injun” (transcripción de una determinada pronunciación de “indian”) por no sé bien qué, seguramente por “americano nativo”, que es como ahora exige el espíritu censor que se denomine a comanches, siux, cheyenes y demás. Lo peor de todas estas iniciativas no es su ridiculez intrínseca, sino el ánimo que subyace a ellas, y que no es otro que el de mentir, falsear, ocultar, tergiversar, adulterar y censurar el pasado, la historia y la literatura. Ya que el pasado no fue como debería haber sido ni como el presente que aspiramos a instaurar, vamos a falsificarlo sin más. Tiene gracia que alguien como Tarantino, en sus Malditos bastardos, se invente el ametrallamiento de Hitler a manos de un comando judío: es una ficción y todo el mundo sabe —o eso creo, aún— que las cosas no sucedieron así, que Hitler duró más de la cuenta y que le dio tiempo a exterminar a seis millones de judíos sin que ninguno de ellos pudiera soñar ni con tocarle un pelo. Pero si en los colegios se enseñara en serio lo que cuenta Tarantino en su farsa, supongo —supongo— que la gente pondría el grito en el cielo. Pues eso es, nada menos, lo que pretenden la Junta andaluza y el reciente editor de Twain, sin que se les mueva un músculo; es más, orgullosos de su falseamiento. El espíritu es el mismo de Stalin, quien, como es sabido, hacía eliminar de las fotos a los antiguos camaradas según iban cayendo en desgracia, y junto a él era raro que no se cayera en desgracia —es decir, se fuera a Siberia o al paredón— antes o después. “No me gusta que se me vea con quien fue leal amigo pero ahora es un traidor”, pensaría Stalin; “alteremos el pasado, hagamos que el traidor nunca fuera otra cosa”. De la misma manera, estos nuevos puritanos inquisitoriales son capaces de reescribir la historia y la literatura enteras: “No nos gusta que Lady Macbeth, una mujer, instigara a su marido a asesinar. Vamos a convertirla en la que intentó disuadir al muy criminal”. “Lo de la evolución de las especies va contra la religión. Vamos a decir que Darwin es una leyenda urbana, que jamás existió”. “Es intolerable que Don Quijote tuviera escudero, menudo clasismo. Convirtamos a Sancho en otro hidalgo, para que se traten de igual a igual”. “Y eso de ‘Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando’, nada, ni hablar, no es igualitario porque todos sabemos que la lista era ella y hay discriminación a favor del varón. A partir de ahora, ‘Isabel monta a Fernando’, que es mucho más ecofeminista y de género medioambiental”.

El 80% de las empresas del Ibex está presente en paraísos fiscales

 

El informe sobre responsabilidad social de 2009 destaca la falta de información.
El 80% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia de manera directa en paraísos fiscales a través de sociedades participadas y no informan de cuáles son sus actividades en estos territorios, según la 7ª edición del estudio “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35” referido al ejercicio 2009 y realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Así, el informe desvela riesgos de posible utilización de estrategias “poco responsables y claramente incoherentes” con los mensajes de sostenibilidad y contribución al desarrollo que las empresas del Ibex 35 ofrecen en sus memorias. En ese sentido, subraya que mientras que las inversiones de las empresas del Ibex 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso (entre enero y septiembre de 2010 la inversión ha sido el doble a la de todo 2009), en España la recaudación por impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios empresariales de las grandes empresas en el mismo periodo solo han descendido un 14%.
Igualmente, explica que pese a que el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y deducciones, en la práctica el tipo efectivo no supera el 10% de media sobre los beneficios. El director del estudio, Carlos Cordero, ha destacado que buscar el beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal evidencia un escaso compromiso con el desarrollo de los países y sociedades donde se operan.

Las ‘perlas dialécticas’ de Ana Botella

 

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid atesora una buena colección de declaraciones polémicas en los últimos años.
Cuando este pasado miércoles los periodistas le preguntaron por la excesiva polución de la capital, Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, respondió contundente: “El paro asfixia más”.
En boca de cualquier otra persona esa respuesta sería como mínimo desconcertante, pero no en la mujer de Aznar: Botella atesora una buena colección de declaraciones polémicas cuando no sorprendentes o fuera de lugar.
Botella, a la que todos señalan como la natural sucesora de Gallardón en el sillón de la alcaldía, aparece de cuando en cuando en los principales titulares de la prensa nacional, pero no por sus méritos o aportaciones, sino por sus declaraciones extemporáneas, siempre directas y sencillas.
Las de este miércoles, comparando la polución con el paro, son las últimas de una larga lista. Aquí recopilamos algunas de sus frases más polémicas y discutidas.
25 de enero de 2011.
Tras reconocer la excesiva polución en Madrid, Botella aseguró: “No es nociva para la salud de los ciudadanos”.
22 de septiembre de 2010.
Ante las denuncias por la excesiva suciedad de las calles de Madrid, la delegada de Medio Ambiente se descolgó con un argumento muy polémico: afirmó que los mendigos eran “una dificultad añadida” a la limpieza de las calles. También citó al botellón y los grafitis como otros focos de suciedad.
13 de febrero de 2010.
Suscribiendo las tesis de su marido, José María Aznar, contra el cambio climático, Botella dijo durante un congreso de Medio Ambiente algo que dejó estupefactos a cuantos la oyeron: “El planeta ha de estar al servicio del hombre”.
19 de noviembre de 2009.
La política conservadora presentó un libro de cuentos escrito por ella misma en el que adoctrinaba sobre el aborto o la igualdad. En uno de los cuentos, El conejito burlón, aseguraba que las reivindicaciones a favor de la igualdad de la mujer hoy “ya son innecesarias”.
29 de mayo de 2008.
Ocurrió en el distrito de Vicálvaro, en Madrid. La concejal de Medio Ambiente visitaba la zona para presumir del Plan de Limpieza Integral del distrito. Ante los reproches de una inmigrante a dicho plan por ser excesivamente caro e inútil, Botella se encendió y le dio a la mujer “una lección” de limpieza e higiene: «Yo no sé si ustedes tienen costumbre, nosotros sí. Se hace una cosa que nosotros llamamos limpiezas generales y se hace todo a la vez».
25 de enero de 2008.
Botella, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó sobre la anterior ley del aborto, la misma que Mariano Rajoy pretende reinstaurar si llega a La Moncloa: “Todos los ciudadanos han visto esas escenas realmente espeluznantes de niños de siete meses de gestación en las trituradoras”. No aportó ninguna prueba.
2005.
Es quizá su declaración más polémica y más conocida. Botella cargó con fiereza contra la ley del matrimonio homosexual, que en aquella época se estaba tramitando en el Congreso. «Las manzanas no son peras. Si se suman una manzana y una pera nunca puede dar dos manzanas», dijo en una entrevista.
2003.
En 2003, cuando aún era la primera dama del país, Botella se refirió a la violencia de género citando el ejemplo de la Cenicienta: «La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en el recuerdo de su madre».
2002.
El Prestige, un barco cargado de miles de toneladas de fuel, acaba de hundirse frente a las costas gallegas provocando un desastre ecológico de grandes proporciones. Todos —políticos, ciudadanos, medios de comunicación— buscaban culpables; todos menos Botella: «En la catástrofe del Prestige solo hay un culpable: el barco».

Ana Botella, sobre la contaminación: «La calidad del aire de Madrid es la mejor que hemos tenido en la historia.»

 

Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que la capital está “lejísimos” de una alerta por contaminación, algo que, a su entender, “nunca se va a producir”. Y para justificar su argumentación ha manifestado que el país pasa por momentos en los que “la gente está deprimida por el paro”. “Eso asfixia más”, ha apostillado.
En una entrevista concedida a la Cadena Cope, Botella ha achacado a la situación “preelectoral” los ataques que está recibiendo el Consistorio por la contaminación de la capital y ha criticado que conviertan el problema en “un tema sanitario cuando no lo es”. «Nunca es un tema sanitario, sino una cuestión medioambiental».
«La calidad del aire de Madrid es la mejor que hemos tenido en la historia», ha proseguido la concejala, que ha atribuido los altos niveles actuales de dióxido de nitrógeno al buen tiempo de estos días. Se debe, en su opinión, a aquellos días del año en el que coinciden mucho tráfico, temperaturas agradables durante el día y frío durante la noche, que obliga a encender las calefacciones.
Arremete contra el Gobierno.
Botella ha aprovechado además para arremeter contra el Gobierno y ha señalado que no cree que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, «esté muy satisfecha por la política en materia ambiental que llevó a cabo cuando era alcaldesa de Córdoba». Además, ha criticado que la anterior responsable de la cartera medioambiental, Elena Salgado, tuvo “una actuación diferente”. «Tenemos una carta suya en la que refrendaba la red de calidad del aire de Madrid porque somos los que hemos cumplido la normativa de manera más diligente en toda España», ha agregado.
Por otro lado, ha culpado al Gobierno central de no haber puesto en marcha el prometido Plan de Cercanías ya que habría servido, a su juicio, para frenar la polución. «Si hoy fuera una realidad (el Plan) habría muchos coches que no entrarían en la capital de ciudades limítrofes», ha argumentado.
Respecto a los requerimientos del Fiscal de Medio Ambiente para que el Ayuntamiento refleje “la realidad de la calidad del aire” y tome medidas al respecto, Botella ha afirmado que no le contestarán todavía y cuando lo hagan “será a través de un escrito y no a través de los medios de comunicación”.
Por otro lado, ha reiterado que pedirán una moratoria a la Unión Europa para que le den más margen para cumplir el límite de contaminantes, puesto que en 2010 el Consistorio rebasó lo fijado por la directiva comunitaria.

jueves, 2 de febrero de 2012

Rumsfeld limpia su historial

 

Donald Rumsfeld, el halcón de halcones, el ideólogo de la guerra contra el terror, quiere pulir su imagen. Sin el aura del poder, sin el barniz de la importancia, el más duro entre los duros ha dejado de asustar a sus enemigos, rivales y discrepantes. Pasaron los tiempos en los que podía inventarse continentes —la nueva y la vieja Europa—, encararse con periodistas preguntones e invadir países.
El ex jefe del Pentágono con George W. Bush acaba de publicar en EE. UU. un libro de memorias titulado Known and Unknown (Sabido y no sabido) -editorial Sentinel; 815 páginas. A sus casi 79 años quiere un puesto caliente en la Historia.
No es el primero que intenta decorar su huella, algo imposible en estos tiempos en los que a la hemeroteca (foto con Sadam cuando Sadam era amigo) se suman los vídeos y las nuevas tecnologías. Antes que Rumsfeld, escribieron sus memorias (o se las escribieron) Bush (Decision Points) y el amigo inglés Tony Blair (A Journey), además de algunos representantes de la Administración que inició dos guerras tras los terribles atentados del 11-S.
En vez de considerarlos ataques terroristas y actuar en consecuencia contra los terroristas, sus bases y sus simpatizantes, Bush optó por la declaración de guerra. Frente a la respuesta clásica, el enemigo invisible. No ha sido un buen camino: los dos principales jefes de Al Qaeda siguen (aparentemente) vivos, la amenaza terrorista es mayor (Bali, Madrid, Londres), Irán resultó beneficiado del desastre de Irak y se está perdiendo la guerra de Afganistán contra los talibanes.


En su libro, Rumsfeld reconoce que hubo un error de cálculo con las armas de destrucción masiva, la excusa para lanzar la guerra, y que nunca contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora solo habla de “sitios sospechosos”. La seguridad ha desaparecido.


El tiempo demostró que no había armas de destrucción masiva, algo conocido porque los suministradores fueron EE. UU. y algunos países europeos para que Sadam las lanzara sobre las tropas iraníes en la guerra del Chat-el-Arab (1980-1988). Rumsfeld admite el error de interpretación de la información de espionaje recibida, pero no acepta que la acusación contra Sadam Husein en 2003 fuese un montaje para justificar la guerra.


En el libro, aún no traducido al castellano, el ex jefe del Pentágono trata varios temas de interés y en todos sale indemne. Este es el objetivo de las autobiografías. Rumsfeld no habla de torturas, sino de interrogatorios duros y, como antes Bush y Cheney, defiende esos métodos prohibidos por la Convención contra la Tortura porque “han salvado vidas”. Niega haber ordenado el waterboarding, que crea en el interrogado la sensación de ahogo. Aunque defendió otras técnicas, como el uso de frío y calor extremos, en el caso de Mohammed al-Qahtani, quien supuestamente no pudo sumarse al grupo que atentó el 11-S porque EE. UU. le denegó la entrada.
Dice que quedó “sorprendido y turbado” cuando supo que los interrogatorios aplicados fueron más allá de lo que él había autorizado.
Rumsfeld quedó políticamente tocado por el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib.


Otro asunto polémico que también trata el libro es el saqueo de Bagdad tras la caída del régimen que afectó al Museo Arqueológico. Rumsfeld dijo en una rueda de prensa en el Pentágono: “Esas cosas suceden”. En el libro explica que estaba pensando en los disturbios que siguieron al asesinato de Martin Luther King y se queja de que los medios de comunicación dieran la impresión de que a EE. UU. no le importaba el saqueo, que lo permitió y alentó con su pasividad. «Usé mil palabras en esa rueda de prensa y los medios se quedaron con dos».


Rumsfeld critica a Barack Obama por acosar a la Administración Bush por la creación del penal de Guantánamo y ser incapaz de cerrarlo, y mantener después las denostadas políticas de la Administración anterior.
Genial broche con Bill Hicks, que murió en 1994 a los 32 años de cáncer de páncreas, tras la guerra del Golfo, llevándose todas sus risas y las nuestras.

La banca concedió 100.000 millones en hipotecas con alto riesgo de impago

 

Representan uno de cada cinco créditos a los particulares. La morosidad es seis veces más alta. Las cajas aprobaron más préstamos que los bancos.
Es el aspecto que mejor refleja la ambición por crecer sin la prudencia que siempre debe acompañar al negocio financiero: las hipotecas que se concedieron por más del 80% y del 100% del valor de tasación de los pisos. Los préstamos con estas arriesgadas características suman 89.819 millones de euros, pero faltan importantes entidades, con las que la cifra sobrepasaría de largo los 100.000 millones. Representan casi una de cada cinco de las concedidas por las cajas y los principales bancos para la compra de vivienda y su morosidad es del 6,1%, lo que triplica la media del sistema. Estas hipotecas son lo más parecido a las subprime de Estados Unidos, como las definió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Los expertos apuntan al sector de los inmigrantes y de los jóvenes con contrato temporal, como los principales clientes de las hipotecas-bomba. El Banco de España, más allá de realizar avisos públicos y privados, no impidió esta dudosa práctica bancaria.
Entre las entidades ausentes (o que no ofrecen la información completa) están: la fusión de Caja Madrid-Bancaja y cinco pequeñas entidades más; Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra); Caja 3 (Caja Inmaculada de Zaragoza, Caja Badajoz y Círculo Católico de Burgos) y Unicaja, que no han facilitado la información de manera homogénea con la plantilla del Banco de España y dificulta su comparación.
“Compre un apartamento en Ampuria Brava y con el dinero de la hipoteca podrá adquirir un amarre y una embarcación”. Este fue el eslogan de una entidad financiera en los años de la abundancia. Un kit completo y sugerente, pero basado en una ilusión que podía convertirse en pesadilla. Primero para el que lo aceptara si ha tenido algún problema laboral, porque habrá arrastrado a todos sus avalistas y aún se puede haber quedado con una deuda de propina. En segundo lugar para la entidad, que se puede haber convertido en dueña del apartamento, el amarre y el barco (tres bienes en depreciación) que generan gastos de mantenimiento. Los banqueros y cajeros dieron por buena la ilusión de que los pisos no podían bajar, incluso algo peor: que no dejarían de subir. Así que casi daba lo mismo cuánto dinero se le prestara a un cliente por su vivienda (que debe ser la principal garantía del crédito), porque el piso siempre sería suficiente para resarcir el préstamo. Pero se pinchó la burbuja y estalló el lío.
Los datos pedidos por el Banco de España a las entidades reflejan una regla de tres: la morosidad sube a medida que el crédito es más alto sobre el valor de la vivienda. En concreto, hay seis veces más morosidad cuando se da un crédito por más del 80% que cuando supone menos del 50%. Con las hipotecas de más del 100% del valor, los impagados se multiplican por 10. Entre las entidades que destacan por su arriesgada concesión, a partir del 80% del valor de tasación, están: Caja Madrid-Bancaja, con 19.221 millones; el BBVA, con 15.556 millones; el Santander, con 9.286 millones; La Caixa, con 9.232 millones; Caixa Catalunya, con 6.528 millones y Banco Base (Cajastur, CCM, CAM) con 5.810 millones. Por morosidad en esta franja, los peores son Caja Duero-España, Unnim y la Kutxa de San Sebastián. Entre los bancos, el Sabadell y el BBVA. En total las cajas suman 56.000 millones en créditos problemáticos frente a los 27.650 millones de los seis bancos principales. El resto de hipotecas, bien concedidas, suman más de 437.000 millones, cuatro veces más que las malas. Pese a la gran diferencia, solo suman morosos por 5.801 millones.
José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda, critica las hipotecas arriesgadas. «Es un espanto que muchas hipotecas se hayan valorado por encima del precio de mercado, que es el pactado entre comprador y vendedor. Creo que algunas tasaciones no se han hecho bien. Las tasadoras recibieron presiones de las entidades para elevar la valoración de la vivienda y así poder conceder un dinero que representara, entre comillas, el 80% de la tasación. Al final se convirtieron en préstamos de altísimo riesgo». En su opinión, la razón de que las normas digan que no se debe dar más del 80% del valor de tasación es que «los intereses del préstamo van a costar, como mínimo, el 20% restante».
Navas critica una modalidad típica de una burbuja: los créditos que se actualizaban constantemente, a medida que se amortizaban, para prestar dinero para viajes, muebles y otros destinos, con el piso como garantía. El coordinador del Observatorio recuerda que ya en 2004 advirtieron al sector financiero que la vivienda estaba sobrevalorada. En su opinión, la combinación de la caída de los precios con los créditos mal concedidos a clientes que “casi no tenían que hacer ningún desembolso inicial”, han multiplicado los problemas.
Sin embargo, Navas no es pesimista porque sostiene que el sector ya ha reducido sensiblemente los precios de los pisos y pronto pueden volver a encontrarse la oferta y la demanda. “No habrá una hecatombe”.

Pánico en el centro de salud

 

Se disparan las agresiones a los médicos.
Insultos, golpes, amenazas… las consultas médicas de atención primaria se están convirtiendo en una especie de campo de batalla… Y no es una exageración: el año pasado se registró más de una agresión diaria. Considerada entre las profesiones más peligrosas, los médicos reclaman soluciones.
«En la universidad, nadie me advirtió de que esta fuera una profesión de riesgo. No estudié medicina diez años de mi vida para acabar así.» Así, quiere decir asustado, con miedo, devorado por la ansiedad. Es como se siente uno de los numerosos médicos que ha sufrido una agresión en consulta y que prefiere ocultar su nombre. Hace dos años, un paciente se puso agresivo, lo insultó, lo sujetó por el brazo, lo empujó y le lanzó diversas amenazas. A pesar de lo duro de la situación vivida, el doctor se considera afortunado, y lo subraya recordando el caso de María Eugenia Moreno, una doctora murciana asesinada a tiros hace dos años en el turno de guardia, o el de Antoni Passardi, el médico mallorquín que hace unos meses recibió una paliza en toda regla (quedó tendido en el suelo, en un charco de sangre, con un traumatismo ocular grave) tras denegarle la baja a un paciente.
No son casos aislados. Las agresiones a médicos son el pan nuestro de cada día en la sanidad española, especialmente en atención primaria (57 por ciento de los casos) y en urgencias (el ocho por ciento). «El comentario de pasillo al final de la jornada todos los días es: ‘Jo, qué bronca he tenido hoy con un paciente porque no he hecho lo que él quería’», subraya el médico agredido. «En el centro de salud donde yo trabajo, la Policía viene unas tres veces por semana —suscribe su colega, el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón, portavoz de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem)—. Y eso que solo los llamamos cuando hay incidentes muy graves, porque pacientes que gritan e insultan al personal, dan portazos o golpean la mesa o el mostrador los tenemos casi a diario.»
El Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), organismo creado en junio ante la magnitud creciente del problema, registró el año pasado 451 agresiones en España a personal sanitario; más de una por día. Este dato, en realidad, es solo la punta del iceberg. «Son las agresiones que se notifican a los colegios de médicos o se denuncian en comisaría —subraya Sánchez Chillón—. Muchos compañeros prefieren dejarlo correr. Según nuestros datos, el 75 por ciento de los facultativos recibe insultos o amenazas, pero apenas tres de cada diez formalizan una denuncia tras ser agredidos de forma física o verbal.»
Sánchez Chillón sería uno de esos tres. «Yo estaba de guardia y vino una mujer, que no era paciente mía, solicitando unas recetas para su madre. Le dije que no era una urgencia médica y que fuera por la mañana a su médico de cabecera —al cual no había acudido ese día, pese a tener cita—. Cuando se lo dije, se puso hecha una furia y, a grito pelado, en la sala de espera empezó: ‘No se extrañe si le pegan un par de tiros’.» El médico denunció a la mujer. «El juicio fue rápido. Ella negó las amenazas, pero soltó un: ‘No se extrañe si les ocurren cosas de este tipo, es lo que se merecen’. La juez escuchó aquello y dio la vista por concluida. La condenaron a pagar una pequeña multa y a prisión menor, pero, como la señora no tenía antecedentes, no fue a la cárcel.»
Sí, sí, ha leído bien. A la cárcel. Hasta cinco años. Agredir a un médico —y a un profesor— puede constituir un “delito de atentado a la autoridad” desde que una sentencia reconociera en 2007 este estatus a ambos profesionales. Los colegios de médicos quieren ir más allá y presionan por una reforma legislativa que incluya esta designación en el Código Penal, ya que muchas agresiones se siguen incoando inicialmente como juicio de faltas. Las condenas, en cualquier caso, son cada vez más frecuentes. Solo en la Comunidad de Madrid se han dictado cinco penas de cárcel por agresiones a médicos en los últimos dos años y nueve órdenes de alejamiento.
Pese a esta mayor cobertura legal y a la tarea de apoyo y asesoría jurídica de las organizaciones colegiales, a los médicos les cuesta animarse a denunciar una agresión. «No es sencillo —instruye el doctor Sánchez Chillón—. La gente tiene miedo de denunciar a una persona a la que luego puedes tener que atender de nuevo o a un pariente suyo. Muchas veces te dicen: ‘Ya te pillaré por ahí’ o ‘Ya saldrás a la calle’. A uno de mis compañeros, por ejemplo, le llegaron a rajar las ruedas del coche hasta siete veces. Y, claro, uno se asusta. Además, cuando ves a los colegas que denuncian y que se pasan años enredados en juicios, rememorando el episodio sin poder pasar página, pues mucha gente, si no le han partido la cara o algo más grave, lo deja pasar.»
Los médicos aseguran que el problema crece. Y los respaldan los datos. Por ejemplo, desde 2002 las agresiones gestionadas desde el Colegio de Madrid han aumentado un 175 por ciento. «A los médicos —cree Sánchez Chillón— se nos ha perdido el respeto. El usuario viene a la consulta con una actitud y unas expectativas que no se corresponden con la realidad. Cada vez hay más información, más ansiedad, mucha gente llega con todo sabido y entonces vas tú, les dices que están equivocados, surge la frustración y de ahí todo lo demás.»
Se quejan también de que los pacientes entran en las consultas sabiendo exactamente lo que les sucede y lo que se les debe prescribir, ya sea un medicamento, una baja laboral, una prueba diagnóstica o a qué especialista. También se producen muchas situaciones violentas por parte de pacientes que llegan tarde a su cita y exigen ser atendidos al momento. «Estoy va in crescendo —insiste Sánchez Chillón—, se vive a diario, sobre todo en muchos centros que son conflictivos. La única vía que hay de luchar contra esto es la denuncia.»
Denunciar y también, como señala un buen número de expertos, reforzar las medidas de seguridad en los centros, con cámaras y mecanismos como los llamados ‘botones del pánico’ —el médico lo aprieta bajo su mesa para solicitar ayuda, como en un banco— o la colocación de más de una puerta en las consultas para facilitar la huida. La OMC reclama incluso la presencia de policías en los centros de salud con historial conflictivo.
Muchos médicos se sienten indefensos y buscan, cada vez más, formación extra que los ayude a mejorar sus habilidades comunicativas y su capacidad de reacción ante una situación violenta. Uno de los sistemas más extendidos es el conocido como AIPS (Autoprotección Integral del Personal Sanitario), desarrollado en España por la enfermera Vanessa Adán y el experto en seguridad y autoprotección Álex Esteve. «Aquí no enseñamos artes marciales —subraya Esteve—. Un médico no debe responder a una agresión con otra agresión, va contra la propia práctica sanitaria, que es el cuidado y la protección de los pacientes. Lo que nosotros enseñamos son técnicas para, primero, protegerte y zafarte de un ataque y, después, controlar al agresor físicamente hasta que llegue ayuda, mediante técnicas de anticipación, posicionamiento, desplazamiento, bloqueo, huida o contención momentánea.»
Esteve y Adán aleccionan también a sus clientes sobre cuestiones tan básicas, en apariencia, como la disposición de bisturís, tijeras y objetos punzantes fuera del alcance de los pacientes o a distribuir el mobiliario de la consulta para facilitar la huida. «Los médicos deben dejar de pensar en su consulta como un despacho», apunta el especialista en seguridad. Sin olvidar, claro está, las estrategias psicológicas que permitan predecir o aplacar la agresión, incluyendo técnicas de negociación en situaciones de crisis. «Hay que saber lidiar con el miedo, que no te bloquee», recalca Adán.
A los médicos se los acusa a veces de falta de tacto o de ciertas carencias psicológicas a la hora de tratar con los enfermos y sus familias. «Dudo que exista un médico de atención primaria que no haya hecho un curso de cómo comunicar con el paciente —se defiende el doctor Sánchez Chillón—. Trabajamos mucho el tema de la entrevista y la interacción. Pero es que, hoy en día, cualquiera entra y te pega un par de tiros o te mete un navajazo. Ahí no hay nada que hacer.»
Testimonio.
«El paciente me agarró del brazo y me empujó contra la puerta».
Este médico madrileño de 41 años denunció por agresión a un paciente que entró a su consulta exigiendo un volante. A la espera de juicio desde hace dos años, prefiere ocultar su identidad. Recordar aquel episodio aún le produce ansiedad.
«Estaba pasando consulta y, de pronto, recibí un aviso de los administrativos de que subía un paciente sin cita, pero sin nada urgente. Al rato aporreó la puerta, la abrió y exigió que lo atendiera. Le dije que esperara, que tenía un par de pacientes por atender. Dio un portazo y se sentó afuera. Debió de esperar, como mucho, diez minutos. No era paciente mío, sino de otra doctora, así que le pedí que me explicara su caso y, sin decir palabra, me tiró unos papeles sobre la mesa. ‘¡Que me des el volante urgente para el otorrino!’. Le digo: ‘Espere que voy a ver su historia en el ordenador’. Veo que está diagnosticado de una sinusitis, una enfermedad que, para derivar al especialista, debe ser crónica, con recaídas sucesivas o que haya expansión de la infección a nivel craneal. No era su caso y ya estaba en tratamiento. Le dije que, en apariencia, no veía motivo para enviarlo al especialista y empezó a gritarme: ‘¡Por mis cojones que yo me voy de aquí con el volante urgente al otorrino. Tú ni eres médico ni eres nada. Tú lo que eres es un gilipollas’. Al ver cómo se ponía, abrí la puerta y le dije que no me faltara al respeto. Él, lejos de calmarse al ver a la gente en la sala de espera, me agarró del brazo: ‘Te vienes ahora mismo conmigo que te voy a poner una reclamación, que tú ni eres médico ni eres na. ¡Gilipollas!’. Entonces me agarró del brazo con todas sus fuerzas y, al soltarme, me empujó contra la puerta. Me temblaban las piernas. Y él, crecido, golpeándome con el dedo en el pecho: ‘Voy a ponerte un reclamación y enseguida subo a por ti’. Me di media vuelta y entré en la consulta. El siguiente paciente me dijo que cómo aguantaba eso. Yo tenía que seguir pasando consulta, ¿qué iba a hacer? Y él: ‘Yo a usted me lo llevo a comisaría a que ponga una denuncia’. Les dije a los administrativos que repartieran mis pacientes, que no podía seguir trabajando así. Por lo visto, el agresor, que estaba abajo, debió de oírles algo y dijo: ‘Ah, sí, pues yo también voy a denunciarlo’. Él pide que me inhabiliten por un año por omisión del deber de socorro y 6.000 euros de indemnización. Llevo dos años en un sinvivir, sin quitármelo de la cabeza y esperando juicio.»