lunes, 28 de mayo de 2012

«¡Os pagan los putos fachas del PP, borrachos!»

 

El senador socialista detenido tras un incidente en un club de alterne y su hijo llamaron terroristas a los policías. Curbelo a los agentes: «Maricones, voy a tener el mejor abogado. Os habéis arruinado la vida por detenernos.»
«Soy senador y vosotros más que policías sois unos terroristas, unos borrachos. No sabéis con quién estáis tratando, soy del Senado, voy a acabar con vuestras carreras». Con este talante, según consta en las diligencias policiales, se despachó el senador del PSOE y presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, con los agentes de la comisaría madrileña de Tetuán que le explicaban a él, a su hijo y a un amigo del joven los pasos que debían seguir para denunciar la agresión que dijeron haber sufrido en el “club de alterne Gola” poco antes. Ocurrió en la madrugada del jueves y los tres acabaron detenidos por atentado a agente de la autoridad. Dos días después el PSOE mantiene cautela pese a las graves acusaciones vertidas por el parlamentario contra la Policía.
El incidente comenzó a las 4.30 de la madrugada del jueves en el número 32 de la avenida General Perón, cerca del Bernabéu. Allí, a las puertas de la base policial situada en los bajos de Azca, Curbelo, su hijo Casimiro Adays Curbelo y un amigo de éste llamado Francisco Javier Darias requieren a los agentes que acaban de llegar para relevar a sus compañeros. Aseguran que les acaban de agredir en el club “Gola”, a unos metros, y que les han expulsado del local. Los funcionarios les piden datos sobre los agresores, que no pueden proporcionar. «Estas tres personas presentan un evidente estado de embriaguez, dificultad en el habla, boca pastosa, ojos vidriosos, pupilas dilatadas, halitosis etílica y un estado de excitación consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas», recoge el atestado.
«Vosotros sois policías y estáis para atender a los ciudadanos y no queréis atender una agresión», les espeta el senador. Los policías se arman de paciencia y les repiten los pasos que deben seguir, en balde. Uno de los agentes hace ademán de entrar en la oficina para sustituir a su compañero y ahí interviene el hijo del parlamentario “con ánimo amenazante”: «Tú eres un “pringao” y estás hablando con un senador, no me des la espalda. Te vamos a denunciar por abuso de autoridad».
«Un fuerte puñetazo».
El funcionario le pide la documentación y Adays Curbelo se niega a identificarse; el primero le avisa de que si insiste en esa actitud lo trasladará a dependencias policiales. Cuando los agentes le dicen que los acompañe, el joven «sin mediar palabra —señalan las diligencias— y de forma sorpresiva propina un fuerte puñetazo en el pecho al funcionario».
En ese momento se le detiene, no sin que medie su amigo que intenta entorpecer el arresto. También es identificado y se resiste; otros dos policías que estaban en el interior se suman a sus compañeros. Y ahí se desata la furia de los tres gomeros: «Esto es un abuso; os voy a denunciar por detención ilegal, sois unos terroristas, borrachos, hijos de puta, sinvergüenzas, soy senador y voy a ir uno a uno a por vosotros. Voy a acabar con vuestras carreras, que estáis pagados por los putos fachas del PP; sois unos putos vendidos». En el interior, el hijo se envalentona y agarra por el pecho a uno de los policías al que rompe el polo del uniforme.
Inicialmente, los funcionarios decidieron sancionar al senador y al amigo por los insultos, hasta que Curbelo continúa con las amenazas y los improperios y «propina un manotazo» a otro agente. Antes de ser trasladados a comisaría, el presidente del Cabildo de La Gomera desafía a los policías y arroja su teléfono móvil al suelo: «Lo habéis roto vosotros, os vais a enterar», reta al mismo agente con el que empieza a forcejear. El policía tiene lesiones en la mano izquierda, antebrazos y cuello, según el parte médico adjuntado a las diligencias.
El atestado no tiene desperdicio: «Tu cara no la voy a olvidar en la vida, ni tu familia de Ceuta, que eres un moro», le suelta Casimiro hijo al policía que le detuvo, que no nació en Ceuta pese a su piel morena, sino en Ibiza. «¿No conoces a nadie que puede envenenar el asunto? —pregunta a su padre. Todos estos hijos de puta se van a enterar. Vuestro sueldo lo paga el puticlub. Esto es una trama urdida por el Partido Popular».
El camarero del club de alterne “Gola” confirmó en su declaración que los Curbelo y el amigo llegaron a las tres de la mañana, que su actitud era «agresiva, grosera y chulesca» desde el principio, que se metieron en un reservado con varias trabajadoras del local, montaron una bronca y él pudo oír cómo decían: «Yo me meo en las putas, yo no pago a las putas». Ellos aseguran que no estuvieron allí.

Detenido un senador del PSOE canario por agredir a un policía

 

El senador canario del PSOE y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, fue detenido en la madrugada de ayer por agredir a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según explicaron fuentes del caso. El político socialista acudió junto con su hijo a una sauna en la zona de Azca, en el distrito de Tetuán (Madrid), y rompió una mesa y una mampara del local. También fue detenido su hijo, que le acompañaba durante el altercado.
El senador socialista acudió con sus compañeros y familiares a una marisquería del distrito de Retiro para celebrar el último pleno del Senado celebrado la tarde del miércoles. Después se trasladaron a la zona de bares de Azca y entraron en una sauna que está en la confluencia de la calle de Orense y la avenida del General Perón, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu.
Alrededor de las cinco de la madrugada, el senador, con evidentes síntomas de embriaguez, tenía un reservado en la sauna, en el que organizó un altercado. Los responsables del local le echaron.
El político socialista se acercó a una comisaría de policía que hay en Azca y exigió a los agentes que estaban de guardia que fueran a la sauna y arrestaran a los responsables. Cuando los policías le dijeron que pasara y denunciara lo ocurrido, agredió a uno de ellos. El funcionario pidió refuerzos ante lo ocurrido. Al lugar acudió una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), uno de cuyos agentes también recibió un tortazo del hijo de Curbelo.
Cuando fueron a detenerle por un delito de atentado a un agente de la autoridad, el senador gritó que a él no le detenía ni la Guardia Civil. Se produjo un forcejeo y fue arrestado. Quedó en libertad con cargos a las 14.30 de ayer. A la salida de la comisaría, el senador manifestó que había sido detenido por una tontería, que se trataba de “un incidente sin trascendencia” y que le podía “pasar a cualquiera”. No ofreció más detalles.

Ryanair deja ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales

 

FACUA acumula reclamaciones de pasajeros, que tienen derecho a compensaciones económicas más el pago del nuevo billete y los gastos adicionales. El INC lleva a la aerolínea a la Fiscalía.
FACUA-Consumidores en Acción alerta que (sic) Ryanair está dejando ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales, vulnerando con ello el Plan Nacional de Seguridad Aérea.
FACUA acumula reclamaciones de pasajeros afectados por estas irregularidades, como familias con niños a los que Ryanair no permitió volar pese a que la legislación española establece que “los pasajeros españoles menores de 14 años, en vuelos nacionales, están exentos de llevar documentación, siendo en todo caso responsable de los mismos (sic) la persona con la que realiza el viaje”.
Además, el Plan Nacional de Seguridad Aérea, de obligado cumplimiento para todos los vuelos con origen y destino en España, reconoce como documentación válida los documentos de identidad expedidos en cualquier país de la UE, el pasaporte, el carné de conducir español y el permiso de residencia en España o alguno de los Estados Schengen.
Sin embargo, la compañía irlandesa se niega a reconocer la normativa española argumentando que se rige por sus condiciones internas. Así, Ryanair señala que “no acepta como documentos válidos los permisos de conducir, las tarjetas de residencia ni los libros de familia”.
¿Qué pueden reclamar los afectados?
FACUA advierte a los pasajeros afectados por estas prácticas que tienen derecho a reclamar a Ryanair las mismas compensaciones económicas que fija la normativa europea para cancelaciones o grandes retrasos.
A ellas deben sumar los gastos adicionales que les causara la compañía al no permitirles volar, como la comida o el alojamiento en hoteles durante la espera hasta un siguiente vuelo, así como el importe de los nuevos billetes que tuvieran que comprar a otra compañía para llegar a su destino.
El Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que actúe contra Ryanair por estas prácticas. Asimismo, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, fechada el 24 de marzo, ha declarado nula por abusiva la imposición a los menores de 14 años del DNI o pasaporte como única documentación válida para vuelos nacionales.

lunes, 14 de mayo de 2012

La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles

 

Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos de culto de forma opaca. Pueblos de toda España descubren con sorpresa la apropiación.
La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.
Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.
¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. “Robo” y “expolio”, repiten cuando se les pregunta por el caso.
“Inconstitucional”, dicen los expertos jurídicos. «No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público», empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que «no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público», recuerda Alejandro Torres. «Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo», asegura.
Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.
«Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no», dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. «Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya…».
A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. «Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos y, aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas, ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado», dice Ilzarbe.
«Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental», dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. «Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles», critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. «Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo», dice.
La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: «La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios». Otra cosa, responden en un correo electrónico, «es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos», por lo que tienen que “defenderse”, aseguran.
«Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido», afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. «Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo», dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: «No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia».
Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. «La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas», dice Josemari Esparza.
Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII «quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo», se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. «Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario», sigue Esparza.
En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. «En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos», explica Esparza.
En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.
¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, «la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad». Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?

El ministerio de Economía intentó tapar el escándalo de la familia Botín

 

Los inspectores de Hacienda tuvieron que puentear al propio ministerio ante la protección que este hace de los banqueros.
Ni Zapatero, ni Salgado, ni Rubalcaba. Quien hizo todo lo posible para que la familia Botín fuera investigada por un supuesto delito fiscal en la Audiencia Nacional fueron los inspectores de Hacienda, que no se conformaron con la regularización practicada por los implicados e insistieron en trasladar el caso al fiscal, frente al criterio de Economía, que había dado todas las facilidades posibles para cerrar el asunto con un acuerdo privado sin publicidad.
Así lo confirman varias fuentes conocedoras de la situación. «A los inspectores de grandes contribuyentes no les tiembla la mano porque están acostumbrados a “emplumar” a todo el mundo, incluyendo grandes multinacionales norteamericanas en casos como las ETV (entidades de tenencia de valores). Se intentó un acuerdo para evitar el delito fiscal en el “caso Botín” pero los inspectores se empeñaron en seguir investigando», señala una de ellas.
Otra fuente añade que «una cosa es una decisión política (la invitación para regularizar) y otra es que a un inspector no le cuadre. Los altos cargos del ministerio, el fiscal o el juez podían haber tumbado la petición de los inspectores, pero nadie quiso jugársela con algo tan escandaloso y respetaron el criterio de los profesionales».
Como se recordará, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el 16 de junio una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín, su hermano Jaime, cinco de sus hijos, entre ellos Ana Patricia, y otros cinco sobrinos ante la inminente prescripción de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El motivo es la ocultación en el banco HSBC en Suiza de un patrimonio que superaría los 2.000 millones. Economía pretendía evitar el escándalo.
De esta forma, los Botín resultan ser los mayores implicados en el escándalo de las cuentas del HSBC que estalló el verano pasado. Entonces, el Ministerio de Elena Salgado optó por enviar un requerimiento invitando a regularizar ese dinero en vez de abrir inspecciones a todos los nombres que aparecían en este fraude. Esto provocó fuertes protestas y acusaciones de “trato de favor” y de “amnistía fiscal encubierta”, tanto de los inspectores y los técnicos de Hacienda como de algunos grupos políticos. E incluso llevó a una guerra de declaraciones entre Economía y sus empleados.
Una guerra de la que han final han salido victoriosos los segundos al conseguir llevar a la familia Botín a los tribunales. «En Hacienda hay quien reconoce que el asunto se les ha ido de las manos por el empeño de los inspectores, porque el Ministerio no quería que esto acabase con publicidad y en la Audiencia Nacional», asegura una de las fuentes consultadas. «Jamás en la historia la Agencia Tributaria había tenido información de alguien con 2.000 millones ocultos en Suiza. Y en vez de mandarles la inspección, les permite regularizar. No se hizo ninguna inspección porque a la cabeza de la lista estaba Botín y toda la gestión del caso estaba orientada a que estos señores pudieran arreglarlo sin escándalo», señala una tercera fuente. ¿Por qué Botín se la jugó? La familia Botín reconoció el mismo día 16 haber ingresado en Hacienda 200 millones por este caso y sus abogados insisten en que con eso han cumplido todas sus obligaciones tributarias. Sin embargo, los inspectores no se dieron por satisfechos y encontraron indicios de que podría no ser suficiente. Además, el auto del juez Andreu señala que el volumen y la complejidad de la documentación aportada requieren más tiempo para investigar. De ahí que se diera traslado al fiscal para evitar que el ejercicio 2005 prescribiese el 30 de junio.
La gran incógnita de este asunto es por qué, ante la oportunidad extraordinaria para regularizar, los Botín no lo hicieron de forma que no quedara lugar para la duda y se arriesgaron al escándalo. «Se han equivocado con su estrategia, si te quedas corto te juegas que te pase esto. No se entiende cómo envían documentación en inglés y francés sin traducción —que no tiene validez oficial— ni cómo no se sientan con los inspectores para explicarles hasta el más mínimo detalle, porque han tenido un año para ello», opina la primera fuente.

martes, 8 de mayo de 2012

Ryanair pide a un juez que prohíba a FACUA decir públicamente que “comete abusos y fraudes”

 

El lunes 27 de junio se celebra la comparecencia de medidas cautelares solicitada por la aerolínea irlandesa.
Ryanair ha solicitado a un juez que prohíba a FACUA-Consumidores en Acción realizar “declaraciones y manifestaciones públicas” sobre dicha aerolínea “en las que directa o indirectamente exprese que” la misma (sic) “comete abusos y fraudes que sufren los pasajeros”, que incurre en “fraudes millonarios” y que “toma el pelo” o “se burla” de los usuarios.
Estas son las medidas cautelares que Ryanair ha pedido al titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla previas a la resolución final de la demanda presentada contra FACUA por la compañía irlandesa.
La aerolínea también solicita como medidas cautelares que FACUA retire las citadas afirmaciones de distintas noticias publicadas en su medio de comunicación en Internet, FACUA.org, además de sus espacios en las redes sociales.
El lunes 27 de junio se celebra en el citado juzgado la comparecencia de medidas cautelares solicitada por Ryanair, donde el juez tendrá que decidir si las admite o no.
En su demanda, Ryanair argumenta que con sus afirmaciones, FACUA ha cometido una intromisión ilegítima a su honor atentando contra su fama y causándole un grave descrédito en el mercado.
Ryanair es la compañía aérea objeto de más consultas y quejas planteadas por los consumidores en FACUA. Junto a las reclamaciones planteadas en representación de pasajeros a nivel individual, la asociación tiene abiertas numerosos (sic) expedientes de denuncias presentadas de oficio ante las autoridades de protección al consumidor y navegación aérea por irregularidades masivas.

Telemadrid admite el error de usar imágenes de Grecia para mostrar la “violencia” del 15-M

 

La cadena pide disculpas pero cree que el fondo de la noticia “se mantiene” porque la violencia de los disturbios en Barcelona “está ahí y no tiene precedentes”.
«Sin palabras, juzguen ustedes mismos». La periodista de Telemadrid María López retó el jueves a los espectadores de El Círculo —el programa matinal de la cadena— a valorar si el Movimiento 15-M es pacífico, como dicen sus portavoces, o no. El problema es que mientras la presentadora hablaba de los indignados españoles, en la pantalla se emitían imágenes de los disturbios de la huelga general griega del miércoles. «Están armados con palos, muy pacifistas, muy pacifistas…», dejó caer López.
A raíz de una denuncia de la plataforma Salvemos Telemadrid, un portavoz de la cadena aseguró ayer que asumen “el error” por la emisión de las imágenes y que el lunes pedirá disculpas en directo en el mismo programa. La dirección de informativos, sin embargo, considera que gran parte de la polémica creada y de las críticas hacia Telemadrid son “gratuitas” porque «el fondo de lo que se estaba contando se mantiene. La violencia de los disturbios de Barcelona está ahí y no tiene precedentes. En violencia no desmerecieron a Grecia», dijo el portavoz de la cadena.
En el momento de la emisión la presentadora hacía un “análisis” del ideario del Movimiento 15-M. En concreto, del segundo principio: “Somos pacifistas. No a la guerra”. «Pues vean algunas de las instantáneas que podemos ver hoy», anunciaba López. Las imágenes utilizadas son fotos que ese mismo día publicó El Mundo, aunque el diario las identifica como “protestas en Grecia”. En ellas se ve a grupos de jóvenes enfrentándose a palos con policías antidisturbios y, si uno se fija ligeramente, se ven banderas helenas o letras griegas en los escudos de los agentes.
La plataforma Salvemostelemadrid.es denuncia que «el objetivo de la periodista era cargar contra los manifestantes para desprestigiarles». «Como no encontró fotos de Barcelona en las que la violencia fuera suficientemente expresa utilizó las de los enfrentamientos en Grecia», añade en un comunicado colgado en su web.
Maite Treviño, representante de UGT en el comité de empresa, cree que no se trata «solo de manipulación informativa», sino de «baja profesionalidad de quien ejerce cargos en el organigrama de Telemadrid». La presentadora María López es coordinadora de editores y, según Treviño, «una persona con su cargo al menos tendría que leer y comprobar la información que va a dar».
No es la primera vez que a la cadena autonómica se le acusa de manipular informaciones. El último episodio fue el pasado mes de abril, cuando en una de sus informaciones sobreimpresionó el sello de ETA sobre la imagen del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del vicepresidente y ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Telemadrid, después de la polémica creada, argumentó que había usado el anagrama de ETA para distinguir lo que la banda terrorista decía en las últimas actas publicadas y lo que decía entonces el Gobierno. «Se trata de un recurso perfectamente legítimo que ayuda a diferenciar unas declaraciones de otras», defendió.

Un grupo de ‘indignados’ zarandea a un diputado ciego e intenta quitarle el perro guía


   

(O de cómo se va a la mierda el trabajo de miles de personas durante semanas por culpa de cuatro gilipollas).

Un grupo de ‘indignados’ concentrados alrededor del parque de la Ciutadella de Barcelona ha zarandeado al diputado ciego de CiU, Josep Maria Llop, a quien incluso han tratado de arrebatarle (sic) el perro guía, para impedirle llegar al Parlament.
¿A que os damos miedo? Llop se encontraba antes de las 10.00 h de este miércoles en los aledaños de la Ciutadella, acompañado por el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, intentando hallar la manera de entrar al parque para acceder al Parlament. Algunos de los jóvenes ‘indignados’ que se encontraban en el lugar les han identificado como diputados y han empezado a acosarles con empujones, insultos e incluso amenazas de muerte, ha explicado Turull una vez dentro del Parlament.
«¡Os mataremos!», les ha espetado uno de los manifestantes; «¿A que os damos miedo?», se mofaba otra joven ‘indignada’ gesticulando frente a ellos. El grupo de violentos ha intentado acorralar a ambos diputados en un portal cercano: «Ha sido el momento de mayor tensión», según ha relatado Turull.
Viendo los apuros de su compañero invidente, Turull se ha encarado con los agresores: «¿No se os cae la cara de vergüenza por lo que estáis haciendo?», les ha preguntado enfurecido. «Es ciego, pero también es un diputado. Y de Convergència», le ha contestado un ‘indignado’ para justificar su acoso, según el relato de Turull.
Otro de los jóvenes ha intentado arrebatarle a Llop el perro guía del que no se separa nunca cuando sale a la calle; en ese momento, el diputado invidente ha reaccionado vehementemente agarrando con fuerza la correa del animal para que no se lo quitaran. Finalmente ambos diputados han conseguido llegar a toda prisa hasta un cruce donde se encontraban varios agentes de la Guardia Urbana, que les han escoltado hasta uno de los accesos al Parlament.
Un gran número de los 135 diputados catalanes han sufrido este miércoles ataques o intentos de agresión generalizados cuando han intentado acceder a la Cámara catalana, soportando lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, además de golpes, zancadillas, empujones, amenazas verbales, pulverizadores con pintura y persecuciones callejeras.