jueves, 25 de octubre de 2012

Tarragona no atiende infartos después de las cinco de la tarde



«Sentía un fuerte dolor en el pecho y no me atendían, tenía miedo de no llegar a tiempo». Felipe Rivas es un vecino de Tarragona de 64 años que el pasado 19 de diciembre sufrió un infarto de miocardio y tuvo que desplazarse hasta el hospital de Bellvitge, en Barcelona, para ser atendido. Él mismo llamó a la ambulancia desde su casa y 15 minutos después, hacia las cuatro de la tarde, el médico del vehículo de urgencias le hizo un electrocardiograma que detectó el infarto. Le dio dos pastillas de cafinitrina, medicamento específico para las crisis cardiacas, que dilata las arterias coronarias y suele reducir el dolor en minutos.
Rivas llegó en mala hora al Hospital Joan XXIII de Tarragona. La unidad de hemodinámica de este centro sanitario cierra a las cinco y, aunque la ambulancia llegó media hora antes, el paciente no fue atendido. Rivas no llegó ni a bajar del vehículo de urgencias. «Desde la camilla, dentro de la ambulancia, oí que comentaban que nos teníamos que ir a Barcelona», explica. «Hace unos años esto no hubiera pasado, ahora no pagan las horas extras a los profesionales sanitarios», comentó el afectado, que recordaba que dos años atrás sufrió otro infarto y fue atendido sin problemas en el mismo hospital. Las dos capitales distan casi 100 kilómetros.
La Unidad de Hemodinámica del Joan XXIII atiende unos 80 infartos cada año, pero son unos 200 los residentes en Tarragona que anualmente sufren un infarto y tienen que ser trasladados hasta Barcelona. «Se trata de todos los pacientes que padecen un infarto cuando nuestro servicio está cerrado», reconoce el jefe del servicio de Cardiología del Hospital Joan XXIII, Alfredo Bardají. El horario de esa unidad, la única en la provincia de Tarragona, es de 8 de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes, y que se fijó en al año 2000. «Sabemos que en caso de infarto el tiempo es vital», admitieron fuentes del centro, que justificaron la falta de atención en que el procedimiento para preparar los recursos y atender al paciente es largo. «Ya no daba tiempo», señalaron esas mismas fuentes.
Rivas fue trasladado en ambulancia medicalizada hasta Bellvitge. Más de dos horas después de haber llamado alertando de su infarto, el paciente pudo ser atendido en este centro sanitario, donde le detectaron una trombosis. Al día siguiente, ya fuera de peligro, fue llevado de nuevo al Joan XXIII de Tarragona, donde estuvo ingresado cinco días. «Un infarto no avisa, es muy grave que no haya los recursos necesarios para atenderlos en Tarragona», lamenta Rivas, que está dispuesto a remover cielo y tierra para que estos hechos no vuelvan a repetirse. De momento, ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, denunciando que «los recortes en sanidad pusieron en peligro» su vida y que «podría haber sufrido daños irreversibles».
Rivas pide en su escrito, que también ha remitido al Ministerio de Sanidad, que la unidad de hemodinámica esté abierta las 24 horas. La única donde se pueden atender infartos todo el día, los 365 días del año, está en Bellvitge. «Es un gran inconveniente, ya que cuanto más se tarda en intervenir más riesgo hay que alguna de las partes del corazón se pare», explicó Bardají. «Si se tarda más de 120 minutos en abrir la arteria obstruida las posibilidades de salvar un infarto de miocardio son muy pocas», añadió el cardiólogo.
Bardají explica que decenas de pacientes no han llegado a tiempo y han sufrido consecuencias. «La vida posterior a un infarto depende mucho del tiempo que se haya tardado en intervenir; si no se atiende a tiempo, una de las partes del corazón se para, este órgano queda más débil y el paciente puede sufrir más episodios de ahogos y cansancio», añadió. El cardiólogo argumentó que, desde hace dos años, su equipo reclama ampliar el horario.
Sobre el caso de Felipe Rivas —que avanzó el diario local Més Tarragona— el jefe de cardiología explicó que, aunque la Unidad de Hemodinámica del Hospital Joan XXIII cierra a las cinco de la tarde, «el último paciente que se atiende en esta unidad es el que llega a las cuatro, ya que la intervención puede tardar entre 30 y 60 minutos». Bardají, que lleva 23 años trabajando en este hospital tarraconense, asume que el horario de la Unidad de Hemodinámica era más flexible en otros tiempos, antes del tijeretazo. Pero ahora, con los recortes en Sanidad que ha impuesto la Generalitat, Bardají asegura que hacer horas extras «es impensable».
Aunque el cardiólogo asegura que el método más efectivo para salvar un infarto es un cateterismo cardiaco (proceso que solo se puede hacer en una Unidad Hemodinámica), explica que en el caso de que el paciente tenga que ser trasladado se utiliza un fibrinolítico, un medicamento que en el 60 % de los casos logra desobstruir arterias.


(Viendo la corrupción reinante en la Generalitat de Catalunya en general, y en su Sanidad en particular, así como la manera que tienen de responder cuando el ciudadano osa toserles, casos como este se hacen aún más escandalosos e indignantes, cuando uno piensa que seguramente, pese a la crisis, el dinero que se llevan los de La Casta sería suficiente para mantener una calidad asistencial que se ha tardado muchos años en conseguir).

La UBU debe repetir una prueba de 2006 a cerca de 300 opositores



La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaba a repetir el segundo ejercicio de unas oposiciones de auxiliar convocadas en 2006 al entender que el tribunal calificador alteró las bases de la convocatoria.
La última resolución considera probado que en las citadas bases no se contemplaba el establecimiento de una nota de corte o la exigencia de un determinado número de aciertos para aprobar el primer ejercicio, sino solamente obtener al menos diez puntos. Sin embargo, cuando se había celebrado el primer ejercicio el tribunal decidió establecer dicha nota de corte (los aspirantes debían acertar un mínimo de 49 preguntas de 58, aunque después fue sobre 46 porque un grupo de opositores pidió la anulación de algunas de ellas). También acordó que solo 25 personas hicieran el segundo examen porque solo había ese número de ordenadores en aula de informática en el que iba a celebrar (sic).
La prueba para acceder a seis plazas de auxiliar constaba de dos fases, una de oposición y otra de concurso, a la que solo pasarían quienes superasen la oposición. La primera parte tenía dos ejercicios: en el primero se debía responder a un cuestionario sobre diversas materias en 45 minutos y en el segundo hacer una demostración práctica de conocimientos informáticos.
De este modo, el Supremo ratifica la anulación de todas las actuaciones practicadas después del primer ejercicio. «La Sala de Burgos lo único que hace es controlar la legalidad de la actuación de la Universidad e imponer el cumplimiento de las bases. En el ejercicio de ese control, la sentencia se limita a comprobar que el tribunal calificador ha ido más allá de lo permitido pues no tenía margen para cambiar la puntuación mínima que da paso al siguiente segundo ejercicio», indican los magistrados del Tribunal Supremo.
De los más de medio millar de aspirantes, 300 superaron el primer ejercicio en 2006 y ahora deberán ser convocados de nuevo para realizar el segundo ejercicio, incluidas las 6 personas que lograron las plazas en las que llevan cinco años trabajando.
La UBU pedirá al TSJ pautas para ejecutar la sentencia debido a la complejidad de localizar a estas personas, así como a los miembros que formaron parte de aquel tribunal. También recuerdan los cambios que han sufrido los programas informáticos que fueron objeto del segundo ejercicio.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Ciclista urbano = delincuente



El Ayuntamiento de Valencia le ha declarado la guerra a las bicicletas. Hace dos días, la Policía local comenzó una campaña de sanciones que aseguran se extenderá hasta el 10 de diciembre. Quieren hacer cumplir la ultrarrestrictiva ordenanza de movilidad que se aprobó hace unos meses y, de paso, recaudar. El valor de las multas, que puede llegar hasta los 500 euros, ha soliviantado a la comunidad de los pedales que se siente perseguida y engañada. «La bicicleta ha tenido un boom, no han preparado la ciudad para acogerlas y ahora multan a los usuarios», cuenta Giusseppe Grezzi, edil de Coalició Compromís en Valencia. La campaña ya se ha cobrado 530 multas y 887 avisos, principalmente para ciclistas que circulaban por la acera o por los jardines públicos, donde también está prohibido. Según el Ayuntamiento, la campaña ha comenzado por las quejas de otros usuarios de las calles.
Desde que se instaló el servicio público de alquiler Valenbisi, la capital ha vivido una explosión del uso de la bicicleta. Ante el éxito de las dos ruedas, se aprobó una normativa para evitar conflictos entre los diferentes usuarios de la vía pública. Se prohibía que los ciclistas circularan por la acera, encadenaran sus vehículos al mobiliario público o fueran por la noche sin una prenda reflectante. A su vez, se construyeron algunos carriles bici pero no se iniciaron medidas efectivas de pacificación del tráfico, inserción de la bici en la calzada o concienciación de los conductores. «En general ningún ciclista quiere ir por la acera pero para los nuevos usuarios no es fácil. El modelo de ciudad hace muy complicado conducir por la calzada para principiantes: hay demasiadas grandes avenidas donde los automóviles van a velocidades muy superiores a los 50 km/h permitidos», explica Grezzi.
Como los automóviles circulan a una velocidad desmesurada, a los ciclistas neófitos les da miedo pedalear a su lado y muchos de ellos se suben a la zona peatonal. Ahí te multan desproporcionadamente. En lugar de establecer un régimen de sanciones ponderado, el Ayuntamiento ha decidido un duro castigo económico que puede llegar hasta los 500 euros. Una cantidad mucho mayor que la que debe pagar un conductor de coche cuando estaciona en doble fila y colapsa una calle o cuando bloquea un paso de peatones. Es abusivo. «No hay afán de recaudar dinero. Hemos tomado esta medida porque hemos recibido quejas de peatones que han sufrido atropellos de ciclistas. Eso a pesar de que llevamos tiempo con campañas informativas», se justificaba Miguel Domínguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento.
La bicicleta, ese nuevo ente que habita en nuestras calles, genera conflictos porque llega tarde al reparto del espacio urbano; tiene que pelear por su hueco. La administración debe tener visión estratégica y evitar esos problemas en ciudades no concienciadas con los pedales. En Valencia no lo hicieron. «Cuando lanzaron la idea del servicio público, avisamos al Ayuntamiento que debía haber una serie de medidas de acompañamiento como ciclocalles o calmado del tráfico con el fin de evitar conflictos en las aceras. No han hecho nada y ahora se dedican a poner multas», denuncia Fernando Mafé, representante de la asociación Valencia en bici.
Como cualquier ciudadano, la actividad de los ciclistas debe ser controlada y legislada. La norma implica un reconocimiento de deberes y de derechos. Pero parece que en Valencia, y en España en general, se hace más hincapié en las obligaciones; se reconoce a la bicicleta pero no se han interiorizado los valores del ciclismo urbano. La prueba: la ausencia de medidas de acompañamiento cuando las bicicletas aparecen en la ciudad y la desmesura de las penalizaciones.
Para calmar los ánimos, en el pleno del Ayuntamiento se ha lanzado la idea de crear una Oficina de la Bicicleta y el concejal ha recordado que las bicis no tienen prohibido circular por el carril bus. «La política está anquilosada. El Ayuntamiento no tiene una estrategia de movilidad concreta; solo se preocupa por no afectar al tráfico», añade Mafé. En los tres días de la campaña se han puesto más de medio millar de sanciones y se han dado 887 avisos, lo que ha alarmado aún más a la comunidad ciclista. El día 11 de diciembre hay una bicifestación convocada. Llevaba programada un tiempo. Ahora, se va a convertir en la valoración en la calle que la comunidad ciclista hace de las medidas promovidas por la alcaldesa Rita Barberá y su equipo.

Un pastor baptista de Kentucky veta la entrada en su iglesia a una pareja interracial



La mujer quiso presentar a su novio ante los feligreses de su parroquia.
En junio, Stella Harville, de 24 años, regresó a casa para enseñarle a su prometido el lugar en el que creció y, sin esperarlo, se encontró rechazada por su parroquia por una cuestión racista. Stella estudia ingeniería óptica en una universidad de Indiana, pero de vez en cuando regresa a la pequeña localidad en la que nació y se crió, en el Condado de Pike, una zona rural al este de Kentucky, en los Apalaches. En esta ocasión trajo a su novio, Ticha Chikuni, de 29 años, nacido en Zimbabue y empleado por el Georgetown College de Kentucky.
El problema que Stella no supo anticipar es que ella es blanca y su novio es negro. Pensó que sería una buena idea presentar a Ticha a los demás feligreses de su iglesia, The Gulnare Freewill Baptist Church, de afiliación Baptista de Libre Albedrío, una denominación que hace especial énfasis en el evangelismo y que no perdona la apostasía o la pérdida de la fe. Stella decidió hacer una entrada triunfante, con una canción. Ella tocó el piano y Ticha cantó I Surrender All, un conmovedor tema cristiano.
El resultado fue el contrario al esperado: el veterano pastor, Melvin Thompson, le dijo a Stella que la parroquia no aceptaba los matrimonios interraciales y que no volvieran a presentarse allí. Para ella, y para sus padres, veteranos feligreses en la misma iglesia, fue un duro golpe. A los dos meses, el pastor Thompson, ya anciano, dejó su puesto, pero se negó a dejar el asunto inacabado. El mes pasado, ante las reiteradas protestas de la familia Harville, se dirigió a la congregación para pedir que se votara una resolución sobre parejas de distintas razas.
Esa resolución establecía que los matrimonios interraciales «no se aceptarán como miembros ni tomarán parte activa en los actos litúrgicos», a excepción de los funerales. El diario local The Herald-Leader publicó entonces fragmentos de ese texto, en el que se añadía que la prohibición no obedece a asuntos «relativos a la salvación de nadie, sino que busca promover una mayor unidad entre los miembros de la iglesia». Unidad en la discriminación, parece. La propuesta se sometió a votación el pasado domingo. Solo seis personas votaron en contra. Nueve lo hicieron a favor. El resto se abstuvo. El racismo prevaleció dentro de una pequeña iglesia, aparentemente perdida de la mano de dios, en pleno siglo XXI.
Han pasado solo 44 años desde que el Tribunal Supremo de EE. UU. ilegalizara las leyes que prohibían los matrimonios interraciales, un vestigio de la onerosa época del racismo y la esclavitud. Pero parece que ese casi medio siglo no haya transcurrido en aquella zona remota de Kentucky, donde es difícil encontrar habitantes afroamericanos. Pronto, medios locales y nacionales se hicieron eco de la humillación a la que se sometió a Stella y a Ticha. Ante la presión, el nuevo pastor, Stacy Stepp, ha dicho a los medios locales que está seguro de que la prohibición se revocará muy pronto.
La agrupación que congrega a las iglesias de la misma rama que la de Kentucky, conocida como la Asociación Nacional de Baptistas de Libre Albedrío, ha emitido un comunicado condenando la prohibición. «Históricamente, hemos defendido los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su raza. Nuestra denominación tuvo un papel muy activo en el movimiento de la abolición de la esclavitud, lo que da fe de ese hecho», ha dicho. «Muchas parejas interraciales son parte de iglesias Baptistas del Libre Albedrío. Son amadas, aceptadas y respetadas por todas sus congregaciones. Es algo injusto e incorrecto caracterizar a nuestra denominación como racista».