viernes, 28 de marzo de 2014

Un comercio textil de Coslada ofrece un trabajo sin remunerar los dos primeros meses



Una tienda de ropa de señora en Coslada (Madrid) busca dependienta para trabajar en días festivos y sueltos. En principio, esta oferta de trabajo publicada esta semana en Segunda Mano no tiene ningún problema. Hasta que leemos las siguientes líneas.
El comercio establece un período de prueba de dos meses para la candidata («preferiblemente española») en la que esta no recibirá remuneración alguna.
El anuncio especifica que la candidata tendrá que acudir durante estos dos meses a la tienda de 10 a 14 horas de la mañana y de 17 a 20.30 horas de la tarde sin percibir salario de ningún tipo.
Esta oferta de trabajo ha sido denunciada por usuarios de Twitter, indignados por el abuso que encierra.

jueves, 20 de marzo de 2014

Prohibido pasar: zona de cacería



El Gobierno está estudiando, a petición de los cazadores, dar prioridad a las actividades cinegéticas en los montes públicos frente a otras formas de ocio como el senderismo o la búsqueda de setas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha tratado con las principales organizaciones que representan a los cazadores introducir en la futura Ley de Montes la prohibición de acceso al bosque en las zonas y los días en los que se organicen monterías o batidas. Los cazadores aseguran que su objetivo es garantizar la seguridad de todos los usuarios del monte y evitar accidentes.
«Queremos que todas las actividades sean compatibles y en este caso eso quiere decir que cuando se lleva a cabo una, no se haga la otra», señala el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Andrés Gutiérrez Lara. «Es una cuestión de seguridad. Las monterías se programan con mucha antelación y en días concretos. Los seteros pueden realizar su actividad otros días o en otros lugares», añade. «Los que buscan setas acuden todos los días; nosotros solo uno o dos al año a cada zona», subraya Ángel López, responsable de comunicación de la RFEC.
López precisa que la «negociación» con el Ministerio solo se refiere a la caza mayor (jabalíes, corzos, ciervos); no a la menor (perdices, conejos, liebres) puesto que esta, que usa cartuchos de perdigones con un alcance limitado, no reviste tanta peligrosidad. «En estas actividades no se suelen producir accidentes, y menos aún que afecten a terceros», añade. «En cambio, la caza mayor utiliza balas con un alcance de 200 metros». El Ministerio rehusó comentar el asunto alegando que «aún no hay un texto definitivo» de la ley.
Las batidas y las monterías son cacerías programadas que requieren autorización previa de las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas es obligatorio señalizar con carteles que alertan del peligro todos los caminos de acceso a la zona. Según la clase, pueden participar entre 20 y 100 cazadores. La caza mayor representa cerca del 50 % de toda la actividad cinegética en España, explica un experto consultado. Los datos de la Fundación para el estudio y defensa de la naturaleza y la caza (Fedenca) indican que la suma de capturas de especies de caza menor (26,7 millones de piezas) y mayor (411.649 reses) alcanza un valor de 1.044,4 millones de euros al año.
Pasar de la advertencia a la prohibición del acceso a zonas de monte público «es algo discutible desde el punto de vista jurídico», explica un experto en gestión del medio natural. «Choca con el derecho a la libre circulación. Una cosa es que con carácter concreto se informe de un peligro y otra es que legalmente se dé una preeminencia a la actividad cinegética frente al disfrute público de todos los ciudadanos», añade. Esta fuente considera que los cazadores pretenden eludir su responsabilidad en caso de accidente. «Aprobar algo así crearía un problema jurídico donde ahora no lo hay. Podría acabar en el Constitucional, puesto que el artículo 45 recoge el derecho a disfrutar del medio ambiente», concluye.
Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Oficina Nacional de la Caza —agrupa aproximadamente al 70 % de los cazadores españoles—, prefiere no hablar de prohibición sino de «ordenación». «Debe primar la seguridad. Cuando hay una montería o una batida, con decenas de cazadores, la Administración debe decir a los seteros: Aquí hoy no se puede entrar». Sarasketa asegura que así se lo han transmitido al Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. «Le hemos planteado el problema que supone que pueda haber 20 o 30 seteros en una mancha [superficie de la finca donde se desarrolla la batida]. Existe peligro; las balas son muy traicioneras», señala. Sarasketa cree que la prohibición de acceso se recogería no en el texto de la ley, que está previsto aprobar en verano, sino en un reglamento posterior.
«Es un tema complejo. Me parece lógico que se intente evitar accidentes, pero cualquier cosa que impida el libre albedrío de otras actividades se tiene que consensuar. No se pueden tomar esas decisiones a escondidas», dice Miquel Fortuny, vocal de la Sociedad Catalana de Micología. Manuel Vera, fundador de la Asociación Micológica Granadina, coincide en que compartir territorio con cazadores «entraña peligro. Pero los que usan escopetas, los que generan ese peligro, son ellos, no nosotros. Todos tenemos el mismo derecho a entrar en un monte público. Una cosa es comunicar que hay una cacería —nosotros ya procuraremos no entrar— y otra es prohibir el acceso y multar», añade. Los cazadores, por su parte, recuerdan que ellos son los únicos que pagan por usar el monte.
César Acosta, portavoz de Seguridad Vial de la Real Federación Española de Ciclismo, considera que dar prioridad a un colectivo supone «hacer un uso privativo de algo que usamos todos». Los usuarios de la bicicleta se verían afectados, afirma: «Yo puedo planificar un recorrido y tener que cambiar de ruta o no llevarlo a cabo». Además, le preocupa un aspecto práctico: «¿Cómo se señaliza y se delimita esa actividad? ¿Cómo voy a saber yo cuando preparo una ruta que voy a pasar por una zona en la que hay una montería? Es muy complicado ponerle puertas al campo», señala.
Una cacería autorizada en el parque nacional de Monfragüe (Cáceres) a principios de diciembre pasado evidenció la polémica que rodea la convivencia de los diferentes usuarios del monte. Tanto los hosteleros del parque como la organización conservacionista SEO/BirdLife criticaron que la cacería fuera autorizada un domingo de puente, una de las fechas en las que Monfragüe registra más visitantes.
Los accidentes de caza por arma de fuego suponen entre 50 y 60 al año, según el presidente de la RFEC. El número de fallecidos, si se cuentan únicamente los decesos provocados por arma de fuego —las estadísticas también contemplan los producidos por infarto, por ejemplo— «hablaríamos de unos ocho o diez al año de media». No hay datos sobre daños a terceros; es decir, sobre accidentes en los que quien resulte muerto o herido no sea un cazador, sino un excursionista o un setero, explican desde Mutuasport, que concentra las pólizas de responsabilidad civil de cerca del 40 % de los cazadores españoles.

martes, 18 de marzo de 2014

El Ayuntamiento transigirá con el botellón en el Parral



El Ayuntamiento ha admitido con antelación que no hará nada para evitar que este jueves se celebre el tradicional macrobotellón en el Parral con motivo de las fiestas de la Politécnica y, por ende, con los que se celebran cada fin de semana en el parque propiedad de Patrimonio Nacional. El concejal responsable de Patrimonio y Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, afirmó al respecto que, muy a su pesar «y respirando muy fuerte, hay que pasar este día. Hay que pasarlo, porque meter a la Policía y cerrar el Parral puede generar una alteración del orden público peor del [sic] que hay». Estas palabras han sorprendido en Patrimonio Nacional, dado que en la moratoria de dos años acordada en mayo de 2013 por ambas partes, se firmó un punto en el que se especifica que «el Ayuntamiento de Burgos se compromete a, con carácter inmediato, instrumentar medidas de control para evitar usos inconvenientes e insalubres como la celebración de concentraciones espontáneas para la ingesta de bebidas alcohólicas».
La celebración de botellones en el Parral fue el motivo de que Ayuntamiento y Patrimonio fuesen incapaces de llegar a un acuerdo en 2013 para renovar automáticamente el convenio de cesión del parque, uno de los más apreciados por cientos de burgaleses que acuden a pasear, a correr o a merendar. El organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia no comprende cómo es posible que se consienta la organización de este tipo de fiestas en una de sus propiedades y, a no ser que cambien las tornas de los últimos años y los universitarios decidan irse a otra parte con las bolsas del súper, las fotografías del próximo viernes van a volver a escocer en Madrid. Pero también es cierto que Patrimonio tiene un presupuesto cada vez más limitado y cantidad de propiedades que mantener por toda España, así que es un secreto a voces que no se quieren hacer cargo del parque burgalés, vinculado al Real Patronato de las Huelgas.
Y esa es la baza con la que juega el Ayuntamiento para defender su gestión el resto del año. ¿No le gusta cómo lo hacemos? Pues quédeselo. Así lo explica Salvador de Foronda, quien afirma que «Patrimonio a veces nos presiona bastante con el tema, porque hay fiestas y aparece descuidado. Pero los 363 o 364 días del año restantes, el Parral está cuidado. Hay un día en el que sucede lo que sucede y nadie está de acuerdo, yo tampoco, pero el resto de los días está cuidado». Así que Foronda afirma que llega un día en el que «te planteas decir “quédese usted con el Parral” y yo lo alquilo o se lo pido para un día, que es el Curpillos, y yo tengo el problema un día, pero el resto se encarga usted». A esto hay que añadir que aunque el acuerdo de cesión que se ha ido renovando periódicamente es gratuito, el Ayuntamiento considera que invierte un dinero en mantenimiento por el que no obtiene nada a cambio. «Es cierto que no pagamos nada, pero ponemos dinero y, sobre todo, responsabilidad, que ellos no ponen nada», apunta Foronda, destacando que el Ayuntamiento ha cumplido con el compromiso de arreglar la tapia en zonas en las que estaba mal, analizar el estado de conservación de los árboles y reponer ejemplares (29 tilos), varios de ellos ya destrozados. Además, esta semana se anunció otra partida para invertir en mejoras de las barbacoas.
Sin freno.
Así que con la perspectiva de devolución del recinto en el horizonte, Patrimonio tendrá que aguantar una vez más las fotos de una propiedad cubierta de toneladas de basura tras una fiesta universitaria a la que nadie, ni Ayuntamiento ni UBU, se atreven a poner freno. A este respecto, el concejal responsable de la materia apunta que «ese día sí echamos un poco en falta la responsabilidad de la propia Universidad en poner un poco de orden en esos macrobotellones».
En cualquier caso, la opción de que acuda la policía a impedir la entrada parece estar totalmente descartada. «Hay que ir a la raíz del problema y no es el Parral, sino la fiesta. De allí se trasladaría a las riberas del Arlanzón. Y aunque pongamos medios, el orden público no es nuestra competencia, es un tema de Policía Nacional y ¿qué creas? Un conflicto de orden público que quiere entrar en el Parral en unas condiciones…», comenta el concejal con cara de circunstancias.
Ahora, fuentes de Patrimonio Nacional afirmaron que esperarán a ver qué sucede esta semana y, llegado el caso, tomarán nota e «informarán de que se ha producido un deterioro, los usos indebidos siempre se comunican». Incidieron en que en el punto número 4 del convenio el Ayuntamiento se comprometía a evitar «de inmediato» el botellón y destacaron que el resto de sus compromisos sí los están cumpliendo.

(Certero comentario de un lector: «Cuando se permitía a los universitarios celebrar sus fiestas montando una carpa en la Milanera, ellos mismos se encargaban de alquilar los servicios necesarios, limpieza posterior etc. Rectorado y Ayuntamiento quisieron acabar con las fiestas universitarias prohibiendo las carpas y lo único que hicieron fue crear un problema que antes no existía»).

miércoles, 12 de marzo de 2014

Una concejal de Alcorcón que conducía ebria arrolla a una mujer de 78 años



La concejal de Participación, Servicios Sociales, Discapacidad, Inmigración y Cooperación de Alcorcón (169.300 habitantes), María Pilar Araque Leal, fue detenida la tarde del día de Nochebuena después de que atropellara y dejara herida grave a una mujer de 78 años en el barrio del Parque de Lisboa, según confirmaron fuentes municipales. La edil, que pertenece al PP, arrojó una tasa de alcoholemia de 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el límite legal está en 0,25. Esto supone que casi triplicaba la tasa permitida, según fuentes policiales.
La concejal, que tiene 36 años, había estado con unos amigos y se dirigía a cenar a casa de sus padres. El accidente ocurrió a las seis y media de la tarde del pasado martes en la avenida de los Derechos Humanos semiesquina a la calle del Cabo San Vicente, cuando la concejal conducía un Peugeot 207 de su propiedad. Por causas aún no esclarecidas, Pilar Araque arrolló a una mujer de 78 años que estaba cruzando la calle. El choque le produjo un fuerte golpe en la cabeza. Algunos testigos llamaron al teléfono de emergencias 112. Fuentes policiales explicaron que a esa hora estaba lloviendo y la calzada estaba mojada.
Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Municipal de Alcorcón, que se hicieron cargo de las investigaciones. Los agentes comprobaron que la concejal presenta algunos síntomas de haber estado consumiendo bebidas alcohólicas en las últimas horas, por lo que decidieron hacerle la prueba de alcoholemia. El resultado inicial ya arrojó una tasa de 0,70. Fue detenida y trasladada al Centro Unificado de Seguridad (CUS), sede de la Policía Municipal y de los bomberos, además de la comisaría de la Policía Nacional.
Mientras, la mujer fue atendida por los facultativos de una UVI móvil del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (Summa) de un fuerte golpe en la cabeza. Los médicos la trasladaron en un primer momento al servicio de urgencias del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Al ver su avanzada edad (78 años) y la posibilidad de que hubiera sufrido un traumatismo craneoencefálico con consecuencias graves, la llevaron dos horas después al hospital 12 de Octubre, en la capital, para someterla a una valoración más pormenorizada y dejarla en observación. Fuentes municipales informaron de que, salvo complicaciones posteriores, no se teme por su vida.
Pilar Araque fue sometida, como marca la ley, a dos nuevas pruebas de alcoholemia en el CUS. Esta vez se utilizó un etilómetro, ya que emite un resguardo que se adjunta a las diligencias policiales. En ambos test arrojó similar resultado, por lo que se le leyeron los derechos como detenida y se le tomaron las huellas dactilares. Se inició entonces el correspondiente atestado. Está acusada de un delito contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos del alcohol) junto con otro de lesiones graves por imprudencia.
El primer delito puede suponer una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses —la cuantía la marca el juez— o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné de conducir de uno a cuatro años. El de lesiones puede acarrear prisión de tres a seis meses, de no ser graves. Si afectan a algún órgano, la condena oscila entre los seis meses y los tres años de prisión.
Tras hacer todas las diligencias policiales quedó en libertad con cargos, pendiente de que sea citada por el magistrado que instruya el caso. En principio, lo llevará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alcorcón, que el martes se encontraba en funciones de guardia. Salió de la sede de la policía pasadas las diez y media de la noche, según fuentes municipales.
En principio, se descartó que pueda tramitarse por juicio rápido, como corresponde a los delitos de tráfico. En este caso, al haber una mujer herida y desconocer las lesiones finales y el tiempo de evolución, será tramitado como procedimiento abreviado, según explicaron fuentes policiales.
Este periódico intentó recabar, sin éxito, la versión de la concejal Pilar Araque. Fuentes municipales explicaron que se encontraba «muy destrozada [sic] y preocupada por lo ocurrido», por lo que prefería esperar a ver cómo evolucionaba la mujer atropellada. Ayer solo quedaba como resto del accidente parte de una cinta de la policía atada a un bolardo.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Las empresas de EE. UU. dan la espalda a las víctimas de Bangladés



En la respuesta a la tragedia del colapso del edificio Rana Plaza de Bangladés se va trazando una diferencia cada vez más amplia entre las grandes empresas textiles europeas y las estadounidenses. Si hace unos meses las divergencias surgieron en el grado de compromiso en la mejora de la seguridad de los talleres de confección, últimamente lo han vuelto hacer en las compensaciones económicas a las familias de las 1.132 víctimas mortales y los cerca de 2.000 heridos por el derrumbe del pasado abril.
La catástrofe de Daca el pasado 24 de abril sacudió las conciencias de Occidente y de sus gigantes de la moda, que prometieron mejorar las condiciones laborales del que, gracias a sus salarios dramáticamente irrisorios, es el segundo productor mundial textil, por detrás de China. Ocho meses después las promesas han cristalizado en varios acuerdos de mejora a largo plazo, aunque unos más concretos que otros; pero la mayoría de las víctimas siguen sin haber recibido ninguna indemnización. Es un escenario en el que parecen sentirse cómodas las compañías de Estados Unidos, que se han desentendido de lo sucedido y han optado por mirar hacia adelante, centrando sus esfuerzos en evitar nuevos accidentes.
«Lamentablemente mientras algunas firmas europeas y canadienses están al frente de los esfuerzos para pactar las indemnizaciones, ninguna norteamericana ha acordado participar en el proceso», explica Liana Foxvog, directora de organización y comunicación del Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF, por sus siglas en inglés), una entidad civil con sede en Washington que integra la campaña contra la precariedad laboral de los talleres de Bangladés.
En el momento del derrumbe del Rana Plaza, levantado con materiales de pésima calidad sobre un terreno pantanoso, se confeccionaban prendas para dos empresas de EE. UU.: Children’s Place y Chto Fashion. Hasta unos meses antes también se tejía ropa para Wal-Mart, la mayor cadena minorista del mundo y el segundo mayor cliente de todas las fábricas de Bangladés, por detrás del gigante sueco H&M. Tras el colapso, Children’s Place, una marca popular de niños, prometió otorgar una indemnización a las víctimas pero con el transcurso de los meses se ha ido desentendiendo, según lamenta Foxvog en conversación telefónica.
En cambio, Wal-Mart rechazó «al instante» participar en cualquier proceso de compensación alegando que ya no tenía ninguna línea de producción en ese complejo. «Sin embargo, habían hecho órdenes significativas de pedidos en 2012, y teniendo en cuenta que se beneficiaron del lugar deberían haber cumplido su responsabilidad de identificar los problemas que había en el edificio e informar a los empleados de los riesgos que afrontaban trabajando allí, en vez de simplemente redirigir sus órdenes a otras fábricas y marcharse», denuncia.
De momento, la única empresa que ha pagado una indemnización es la anglo-irlandesa Primark, una de las principales clientas del Rana Plaza. Ha abonado 16.000 taka (unos 200 dólares) a cada uno de los supervivientes y a los familiares de los fallecidos. Se trata del equivalente a cerca de seis meses de salario, teniendo en cuenta que Bangladés sigue pagando el sueldo mínimo más mísero del mundo. Esos tristes 38 dólares al mes que han atraído en masa a las firmas occidentales y han enquistado la precariedad en el país asiático a cambio de surtir la ropa barata de medio mundo.
Recientemente, explica Foxvog, Primark se comprometió a hacer un segundo pago de la misma cantidad, a la vez que el minorista canadiense Loblaw hacía una promesa similar. Ambos grupos junto al italiano Benetton, el español El Corte Inglés y el británico Bonmarché —que también tenían prendas fabricadas en el inmueble derrumbado— son los únicos que han firmado el acuerdo global de compensación que preparan desde septiembre la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de Bangladés —al que se ha acusado de ser cómplice de la tragedia—, los sindicatos y las organizaciones civiles. Todas estas cadenas comerciales, salvo Benetton, anunciaron el martes, coincidiendo con los ocho meses de la catástrofe, un acuerdo preliminar para crear un fondo de indemnización que debería alcanzar los 40 millones de dólares. Al margen de las tres estadounidenses, también se han opuesto a suscribirlo grandes empresas europeas, como la española Mango, que había hecho un pedido de prueba, y la francesa Carrefour.
Mientras se libra la batalla por las reparaciones, el conjunto del sector lucha por mejorar las condiciones laborales de su día a día. A mediados de noviembre, alrededor de 200 fábricas a las afueras de Daca hicieron un día de huelga para exigir un aumento salarial. Una comisión integrada por representantes gubernamentales, empresariales y sindicales propuso elevar el sueldo un 77 %, de los 38 dólares actuales a 68, pero los empleados del textil reclaman que llegue hasta los 104. Se trata, no obstante, de un precario círculo vicioso de oferta y demanda, pues los empresarios locales argumentan que ese incremento es imposible si las multinacionales extranjeras no les pagan más como proveedores, algo a lo que estas no parecen estar nada dispuestas. En junio la Administración de EE. UU. suspendió algunos privilegios comerciales de los que gozaba Bangladés como presión a las autoridades, lo que contrasta con la posición de tibieza de las empresas estadounidenses.
Pero más allá del sueldo desolador, muchos de los heridos del Rana Plaza no pueden ni siquiera volver a trabajar, como consecuencia de las graves secuelas —como amputaciones— e intensos dolores derivados del colapso. De hecho, prácticamente la totalidad de los supervivientes no lo han hecho, según una encuesta de la ONG Action Aid. «Se encuentran en una situación extremadamente desesperada», advierte la portavoz del Foro Internacional de Derechos Laborales. El derrumbe del edificio ha empobrecido a los empleados —la inmensa mayoría eran mujeres jóvenes, que cobraban entre 38 y 102 dólares al mes— y está lastrando su futuro más inmediato y el de sus allegados: «Es extremadamente importante que reciban alguna compensación porque hay familias que han tenido que sacar a sus hijos del colegio y mandarlos a trabajar porque no tienen otro modo de conseguir comer. Algunos trabajadores no pueden costearse las visitas de seguimiento con los médicos, por lo que no se recuperan de sus lesiones y no tienen ninguna posibilidad de encontrar otro empleo».
Según algunos analistas, la oposición frontal de todas las empresas estadounidenses —que importan el 30 % del tejido que produce Bangladés, aún por detrás de los niveles de las europeas— a participar en el proceso de reparación a las familias se debe al temor de que al hacerlo estarían admitiendo su participación en posibles negligencias, lo que podría acarrearles acciones judiciales y ensuciar más su imagen. Pese a ello, en casos como el de Wal-Mart, su reputación ya ha quedado muy en entredicho por su profunda dependencia de las fábricas textiles de Bangladés —a las que compra cada año cerca de 1.000 millones de dólares en ropa— y por estar muy salpicado por otros accidentes en el país.
Seguramente el mejor ejemplo es el incendio de la fábrica de Tazreen, en noviembre de 2012, en el que fallecieron 112 trabajadores. En el momento del suceso, cinco de las catorce líneas de producción estaban confeccionando prendas para Wal-Mart, según revelaron documentos hallados en los talleres tras el fuego. Sin embargo, la mayor cadena minorista del mundo se sacudió cualquier responsabilidad, adujo que la producción no estaba autorizada y se ha negado, igual que en el desastre del Rana Plaza, a participar en el proceso de indemnización global, que puede rondar los seis millones de dólares. En Tazreen también se elaboraban prendas para otras cuatro empresas de EE. UU., entre ellas Sears. Todas se han opuesto a conceder compensaciones.
Hay otro caso más reciente: el pasado octubre se desató otro incendio en una fábrica de Bangladés, en el que murieron ocho personas. Y en ella también se tejían textiles para Wal-Mart, así como para la estadounidense Gap y H&M. El ILRF ha pedido, sin éxito, a todas estas enseñas de EE. UU. que participen en las compensaciones por los tres sucesos, aunque ha puesto más énfasis en Wal-Mart por su implicación en todos ellos y por su envergadura empresarial. Y ante todos los reclamos, el líder de los hipermercados ha optado por la misma estrategia: mirar solo hacia el futuro, limitándose a un compromiso de mejora de los talleres. «Nuestro objetivo es impactar positivamente en las prácticas globales de la cadena de suministro, incrementando nuestros propios estándares y asociándonos con otros para mejorar las condiciones del conjunto de trabajadores del sector. Seguiremos invirtiendo en programas proactivos para prevenir tragedias», respondió Rajan Kamalanathan, vicepresidente de asuntos éticos de Wal-Mart, al correo electrónico que le envió la organización para urgirle a participar en las indemnizaciones por el colapso del Rana Plaza. El departamento de comunicación de la empresa no contestó al correo electrónico de este periódico en el que se pedía su posicionamiento respecto al proceso de indemnización.
En los últimos meses, Wal-Mart ha anunciado que ha intensificado sus inspecciones a sus fábricas en Bangladés. Gap, que trabaja con 70 talleres en el país, ha hecho comunicaciones similares. Los dos gigantes se aliaron en mayo para desmarcarse de la iniciativa de las compañías europeas e impulsar su propio acuerdo para mejorar la seguridad en el sector textil, que emplea a cerca de cuatro millones de personas. Crearon la Alianza por la Seguridad de los Trabajadores de Bangladés, a la que se han sumado la mayoría de las grandes empresas de EE. UU. que tienen prendas producidas allí, como Target, Sears o J. C. Penney. Su rechazo al convenio europeo —denominado Plan Contra Incendios y por la Seguridad, y promovido por la española Inditex y H&M— lo justificaron en el recelo a posibles demandas judiciales por parte de los sindicatos.
La principal diferencia entre ambos acuerdos, según explica Foxvog, es que el impulsado por las europeas es legalmente vinculante al obligar a las compañías a costear parte de las mejoras de seguridad requeridas en los talleres textiles, mientras que el estadounidense no lo es e incluye préstamos. «Al final es una cuestión de tener que pagar más dinero en seguridad», subraya. Además, el pacto europeo —al que se han sumado 125 empresas, algunas de ellas norteamericanas, como Abercrombie & Fitch, American Eagle o Fruit of the Loom— da más voz a los sindicatos mientras que el estadounidense sigue dejando todo el poder en manos de las compañías.
No es un asunto nada baladí si se echa un vistazo a los trágicos antecedentes. En el incendio de Tazreen los trabajadores, tras alertar del olor a humo, fueron obligados a volver a sus puestos porque los patronos creyeron que era una falsa alarma, aunque por si acaso, para evitar huidas, les cerraron con llave las puertas de esa planta, lo que acentuó la catástrofe cuando ya fue evidente que el fuego era bien real. O qué decir del Rana Plaza: tras ver grietas en la pared los empleados pidieron no volver al día siguiente pero sus superiores los amenazaron con retirarles un mes de sueldo si lo hacían. Al día siguiente el edificio, repleto de personas, se colapsó. Con estos antecedentes de fondo, la representante del ILRF resume muy nítidamente su sentir: «Dar a los trabajadores la posibilidad de tener voz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en Bangladés».

El expresidente de Pescanova se subió el bonus un 30 % el año pasado



El 2012 fue un mal año para Pescanova: perdió 791 millones de euros y la empresa terminó el ejercicio en quiebra técnica, con un agujero de casi 1.500 millones. Pero su cúpula se subió el sueldo. En concreto, la retribución del consejo de administración fue de dos millones de euros, frente a los 1,8 millones del año anterior. Sin embargo, esa mejora salarial no llegó a todos por igual: el entonces presidente vio ascender su retribución muy por encima del resto.
De los dos millones que cobraron los consejeros, 1,1 millones fueron a parar a «consejeros ejecutivos». Y según las cuentas individuales de Pescanova presentadas este martes, solo había un consejero de estas características durante el ejercicio: el expresidente Manuel Fernández de Sousa. Su sueldo total subió el 12 % con respecto a 2011, gracias sobre todo a la parte variable: el bonus, que solo cobra el consejero ejecutivo, se disparó el 30 %, de 300.000 a 390.000 euros, entre 2011 y 2012. Sousa fue imputado por la Audiencia Nacional por falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada.
En cuanto al resto de la cúpula, según la política retributiva de Pescanova aplicada en 2011, solo cobran un sueldo fijo y dietas, y no parte variable. En 2012, los nueve consejeros dominicales recibieron entre todos 661.000 euros (el 1 % más) y los tres consejeros externos, 239.000 euros (un 4 % menos).
En cuanto al auditor BDO, que lleva 11 años trabajando con esta compañía, también vio subir sus honorarios. En 2011 cobró 749.000 euros de todo el grupo. En 2012, 1,04 millones. Además, según las cuentas, realizó trabajos «adicionales» a los de auditoría por valor de 125.000 euros.