martes, 22 de abril de 2014

Una política republicana culpa al matrimonio gay y al aborto de los tornados en EE. UU.



Una candidata republicana al Congreso de Estados Unidos por Illinois, Susanne Atanus, ha asegurado recientemente en una entrevista con el Daily Herald que los desastres medioambientales que está viviendo en su país en las últimas semanas se deben a que Dios está «enfadado porque le estamos provocando con el aborto, los matrimonios homosexuales o las uniones civiles».
Atanus asegura que este enfado de Dios también se puede observar en la aparición, durante este siglo, de trastornos como el autismo o enfermedades como la demencia, que no existían hace 60 años o en que hubiese 24 tornados en un solo día, ya que la divinidad es capaz de controlar el tiempo.
«Soy cristiana. Me preocupo mucho por el mundo y porque mi obediencia a Dios sea en el sentido correcto. No puedo mirar para otro lado con temas como el aborto, los derechos de los gays y las uniones civiles», agregó la política.
Por su parte, el Presidente del Partido Republicano por Illinois, Jack Dorgan, aseguró que las «ofensivas» declaraciones de Susanne Atanus no tienen cabida en el debate político.
«Su candidatura tampoco puede ser apoyada ni respaldada por los líderes de nuestro partido, debería retirarse de la carrera inmediatamente», defendió.

lunes, 21 de abril de 2014

«No creamos medicamentos para indios, sino para los que pueden pagarlo»



La discusión con las autoridades indias consiguió sacar de sus casillas al consejero delegado de Bayer. En juego estaba la patente de su anticanceroso Nexavar, un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y riñón. «No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo», saltó el consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Y varios medios lo han recogido después.
Un excolega de Dekkers, John LaMattina, le dio ocasión de disculparse después. En un artículo publicado en Forbes, el exdirectivo de Pfizer le recrimina sus palabras. Y así dio pie a que Dekkers se explicara. Bayer remite a esas declaraciones.
«Lamento que lo que [sic] una rápida respuesta en el marco de una discusión haya salido a la luz de una manera que yo no pretendía. No puede ser más contrario a lo que yo quiero y lo que hacemos en Bayer», dice Dekkers. Como compañía «queremos mejorar la salud y calidad de vida de la personas, independientemente de su origen o ingresos. En cualquier caso, estaba especialmente frustrado por la decisión del Gobierno indio de no proteger la patente del Nexavar que nos había concedido la autoridad en patentes del país. Estoy convencido de nuestra capacidad para innovar y en una abierta discusión en la reunión, mientras expresaba mi frustración fundamental, tenía que haber aclarado esto».
«En cualquier caso, me reafirmo en que hay ningún motivo para que un país debilite la protección de la propiedad intelectual. Sin nuevos medicamentos, tanto las personas de los países en desarrollo como las de otros más prósperos sufrirán», añade. Y concluye con una mención a que si bien los fabricantes de genéricos tienen «un papel crucial que desempeñar, no invierten en investigación y no producen nuevas curas o tratamientos, ni para los mercados en desarrollo ni los desarrollados».
El enfrentamiento con La India es uno más de un gran laboratorio con un país que aplica rigurosamente una ley de patentes que les lleva a rechazar la protección de algunos productos punteros (la mayoría de los casos porque no permiten modificaciones en la patente original según avanzan las investigaciones en los medicamentos, por ejemplo buscando sales diferentes). Fue lo que llevó al conflicto con Novartis por otro anticancerígeno (el Glivec). Con esa política, el Gobierno indio no solo consigue que la patente dure menos (lo que obliga a los laboratorios a bajar sus precios para competir), sino que protege a su pujante industria de genéricos.

lunes, 14 de abril de 2014

La exconsejera socialista de Sanidad extremeña consigue una plaza que ella misma convocó



Primer puesto de una oposición para funcionario en una especialidad del sistema de Salud extremeño, convocada por una consejera en funciones. María Jesús Mejuto, la convocante y triunfadora, obtuvo un 9,33 de nota sobre 10, en un examen calificado por todos los opositores que se presentaron a la prueba —37— como «muy difícil». El segundo puesto se quedó en un 6,4 de nota. Otra casualidad: el presidente del Tribunal fue su cargo de confianza durante su etapa política.
Sólo ocho opositores sacaron más de un 5 de nota para las 12 plazas en juego para convertirse en funcionario —diez del turno libre y dos de promoción interna— de la especialidad de «Cirugía General y Aparato Digestivo». El resto que aprobó sacó un 5,53 (dos de los opositores), 5,67 (tres), 6 el reseñado 6,4 del segundo puesto. Todos ellos, por tanto, un aprobado raspado salvo la contundencia en la nota de la ex consejera, que con un 9,33 sobre 10 se aupó con diferencia a la primera plaza. El resto, los otros 27 opositores, suspensos, por lo que se han quedado dos vacantes, además de los dos puestos del turno de promoción interna que tampoco se han cubierto.
Puede que María Jesús Mejuto —exconsejera de Sanidad y Dependencia del PSOE en la pasada legislatura— sea una genio, que se haya estado preparando a conciencia durante más de dos años las oposiciones (el examen fue el 19 de octubre de 2013), pero existen demasiadas casualidades para pensar que pueda tratarse de un auténtico pucherazo, un traje a medida confeccionado desde el mismo momento en que el gobierno de Guillermo Fernández Vara —de forma sorprendente— pierde las elecciones en Extremadura el 23 mayo de 2011 y José Antonio Monago (PP) toma posesión y cesan por tanto los consejeros de la legislatura anterior (9 de julio de 2011). ¿Qué pasó durante esas semanas mientras IU decide si se abstiene o no?
El caso de la ex consejera de Sanidad es uno —ahora certificado por los hechos— de los numerosos altos cargos socialistas, anonadados aún por la impensable derrota, que se intentaron asegurar esos días como fuera su futuro. Hasta entonces habían pensado que sus cargos eran vitalicios tras 30 años de sobradas mayorías. Entre ellos, la máxima responsable política de la Sanidad y la Dependencia en Extremadura, que había ocupado el cargo los cuatro años anteriores de la legislatura.
La convocatoria.
Entre el periodo que va de la derrota electoral socialista a la toma de posesión de Monago, la Consejería de Sanidad publica la convocatoria de las oposiciones casualmente a la especialidad concreta de la aún consejera, que se supone que debería de [sic] estar en funciones y no tomar una medida tan trascendente como ésta en pleno proceso de cambio político.
La publicación se realiza el 21 de junio de 2011. Curiosamente, dos días antes, el 19, el consejo regional de IU vota por mayoría no dar su apoyo a Fernández Vara y abstenerse, lo que permitirá gobernar a la lista más votada, la del PP.
Otro dato importante es que es la propia consejera la que tiene la potestad de elegir a los miembros del Tribunal y a su vez al presidente del órgano que la va a examinar, que resulta ser Luciano Santonja, a la sazón jefe de sección de Cirugía General y aparato digestivo del Hospital de Mérida y coordinador del Servicio de Cirugía, un cargo directivo de libre designación que decide la propia consejera.
A diferencia del resto de miembros del Tribunal de las oposiciones, el presidente —en éste y otros exámenes— tiene la potestad de conocer de antemano todas las preguntas del examen. Y la ex consejera las clava casi todas. Resulta número 1 de la oposición de una prueba realizada el pasado 19 de octubre. Fue la más lista, sin duda, aunque no sólo ese día.

miércoles, 9 de abril de 2014

El nuevo cardenal español asegura que la homosexualidad es una «deficiencia»



El nuevo cardenal español designado por el papa Francisco, Fernando Sebastián, ha señalado la homosexualidad como una deficiencia y apuesta por tratamientos para corregirla. Así lo afirma el arzobispo emérito de Pamplona en una entrevista con el diario Sur de Málaga.
Preguntado sobre la actitud del nuevo Papa sobre los homosexuales —de quienes dijo: «¿Quién soy yo para juzgarlos?»— el cardenal responde: «Una cosa es manifestar acogida y afecto a una persona homosexual y otra, justificar moralmente el ejercicio de la homosexualidad. A una persona le puedo decir que tiene una deficiencia que es lo que es, pero eso no justifica que deje de estimarla y ayudarla. Creo que esa es la postura del Papa, lo mismo respecto del matrimonio homosexual o los divorcios. Vamos a estar a su lado, pero la Iglesia no puede cambiar las exigencias de la moral».
El arzobispo insiste en la idea de deficiencia: «Con todos los respetos digo que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, porque ésta tiene una estructura y un fin, que es el de la procreación. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda».
En relación al escándalo sobre la pederastia en la Iglesia, que esta semana se ha tratado en la ONU, afirma Sebastián: «En la Iglesia tenemos que educar bien en los seminarios, discernir, seleccionar a los candidatos a sacerdotes lo mejor que podamos, siempre con el temor de que las personas no somos máquinas y pueden fallar. Es admirable el valor de Benedicto XVI y del Papa Francisco de afrontar este problema, reconocer las deficiencias y poner remedio en la medida en que depende de la Iglesia».
El español forma parte de la primera tanda de nuevos cardenales electores designada por Francisco. La lista incluye a 19 personas, incluidos tres eméritos y cuatro miembros de la Curia. Entre los otros 12 gana peso la periferia: Latinoamérica (4), África (2) y Asia (2).

Un policía a Yafar: «Con esta, ya puedes decir que te hemos detenido 161 veces»



Miércoles, 8 de enero. Sobre las doce de la mañana en el metro Embajadores de Madrid. Uno de los agentes ordena a Yafar, camerunés de 29 años, darse la vuelta. Y comienza a cachearle y registrarle los bolsillos. Entre los papeles que este porta, hay una hoja de periódico cuidadosamente doblada. El policía la deslía y lee el siguiente titular, entrecomillado y con grandes caracteres: «La policía me ha detenido 160 veces por mi cara». La ilustración del artículo, de El País, es la de un muchacho de tez negra que se tapa el rostro con las palmas de sus manos, en la Gran Vía de Madrid. Solo se le ve la frente y el pelo, negro y ligeramente rizado.
«Date la vuelta», le ordena el agente (de 1,75 de altura y unos 85 kilos), acompañado en ese momento de otros cuatro colegas y una agente. El policía mira la foto una y otra vez y luego la cara de Yafar, y compara la frente y el pelo. «¿Este eres tú…?», pregunta por fin. Todavía condolido por los golpes que, según Yafar, acababa de recibir al ser arrastrado hacia una pared del suburbano para identificarle, asiente: «Sí, soy yo». «¡Pues con esta ya puedes decir que son 161 veces…!», le espeta el policía, en tono chulesco. Esposado, lo sacan del metro y lo llevan al vehículo policial. El policía muestra la hoja del periódico a sus compañeros, y también entera después a los de la comisaría de Arganzuela, adonde inicialmente lo llevaron arrestado. «Me sentía como un mono de feria, uno tras otro miraba el periódico y luego a mí, y hacían gesto», cuenta Yafar.
A juzgar por lo sucedido después, parece que los agentes estuvieron más pendientes del artículo (Véase la edición de El País del pasado domingo) que de los otros papeles judiciales que también portaba Yafar en los bolsillos de su chaqueta («Nunca salgo a la calle sin ellos»). En concreto, llevaba una sentencia y una ejecutoria del Juzgado de lo Contencioso 24 de Madrid ordenando al Ministerio del Interior que renovase el permiso de trabajo y residencia de Yafar en España.
A los agentes les dieron igual los lamentos de Yafar en el periódico quejándose de tantas detenciones. Nuevamente se lo llevaron a comisaría. Y ya es la 161ª vez que la policía detiene o identifica a este muchacho camerunés que entró en España saltando la valla en marzo de 2005, tras varios años de caminatas a través de África y de dos desiertos. Logró llegar a la península y se instaló en Parla. Era la época socialista de los «papeles para todos».
Su vida en Parla no fue fácil (hace meses se mudó de ciudad «harto de tantas detenciones policiales»). En Parla vivía de alquiler con otros inmigrantes. Sus compañeros tenían interiorizado que el día que no acudía a dormir era porque estaría en algún calabozo. Siempre por no tener papeles. En realidad, sí llegó a tener la documentación en regla al poco de llegar a España, pero Interior rehusó renovársela tras ser sorprendido conduciendo un coche sin permiso («tenía el carné de Camerún, pero no el de España»). «Pagué la multa, cuatro euros diarios durante ocho meses y 22 días de trabajo en beneficio de la comunidad, y no he vuelto a tener ningún otro problema», confiesa.
Cuenta Yafar que el programa El Intermedio, de la Sexta TV, se había puesto en contacto con él al verle en El País para entrevistarle por su calvario. Pero su móvil estuvo apagado entre las doce de la mañana del miércoles (hora aproximada de la detención) y las 15.30 del jueves (cuando el juez de guardia le dejó en libertad) y no pudo avisarles de su situación.
Según la versión de Yafar, hacia la una de la madrugada del jueves se lo llevaron desde los calabozos de la comisaría de Arganzuela a los de la Brigada de Extranjería, en Moratalaz, y desde allí, al ser de día, a los juzgados de la plaza de Castilla. Los agentes que intervinieron en esta nueva detención le acusan de un delito de resistencia a la autoridad y otro de lesiones. En el parte indican que se resistió y golpeó a uno de ellos (los agentes que le detuvieron son los que elaboran el atestado y, además, su palabra goza de presunción de veracidad). «Al ver lo del periódico, uno me dijo: “¡Ahora te vas a enterar!”», destaca Yafar, que habla un perfecto castellano. «Lo que dicen en el atestado es totalmente falso, y así se lo dije al juez: no les gustó lo del periódico y se inventaron que me había resistido y agredido. Eran cinco policías y yo solo, ¿cómo voy a agredirles?». Salvo la sentencia por el carné de conducir, que cumplió íntegramente, Yafar no tienen ningún otro antecedente en su ya ocho años de estancia en España.
Yafar es un joven afable y servicial. Fue él quien, hace dos años, se encargó de acompañar en todo momento a la madre, compatriota suya, de Hervé Patrick, el camerunés que estuvo a punto de morir por las gravísimas quemaduras que sufrió en Melilla el 5 de mayo de 2012. Durante una trifulca entre inmigrantes, alguien quemó la tienda de campaña en la que dormía Patrick, ajeno al conflicto. Unos policías locales de Melilla vieron una bola de fuego en un descampado y el extintor que llevaban evitó que Patrick muriese allí mismo. La madre nunca había salido de Camerún, no sabía nada de español, pidió dinero para el viaje en su poblado y el Ministerio de Interior le permitió que estuviese al lado de su hijo, que se debatía por la vida en la unidad de grandes quemados del hospital de Getafe, adonde fue trasladado en helicóptero desde Melilla. Yafar le hizo de traductor con los médicos.
¿Qué ocurrió el miércoles en el metro de Embajadores? La versión de Yafar es la siguiente: «Iba a meter el ticket (un bono de diez viajes), y se me echaron encima cuatro o cinco agentes, y una chica policía, que me dijo: “Enséñame el ticket”. Y se lo mostré. Al ver que estaba todo correcto, me preguntó: “¿Tienes papeles?” Y negué con la cabeza. En cuanto dije eso, se me echaron encima y me arrastraron con golpes hasta la pared, me hicieron sangre en la mano izquierda. Yo les decía que mirasen en mi chaqueta, que tenía una sentencia del Juzgado 24, y que la leyeran, pero no me hacían caso…». Fue cuando, esposado, le pusieron mirando a la pared y le hallaron tanto la sentencia como la hoja doblada del periódico, que fue lo que llamó la atención del policía. «¡Por qué no te vas a tu país!», asegura Yafar que le soltó uno de ellos.
Yafar siente impotencia, y no sólo por la vergüenza que recorrió su mente cuando le zarandearon los policías en una estación del Metro, la de Embajadores, que en ese momento estaba atestada de usuarios que se quedaban mirándole rodeado de policías y con los grilletes puestos. Yafar sabe cuatro idiomas y colabora como traductor con la Asociación Movimiento contra la Intolerancia que preside Esteban Ibarra. A ella también pertenece su abogado, cuyo nombre y teléfono facilitó a los agentes de Arganzuela, pero estos, siempre según la versión de Yafar, obviaron su petición (elegir abogado es un derecho constitucional). Le asignaron uno del turno de guardia. La abogada de oficio que ha asistido a Yafar en la que ya puede ser su 161ª detención o identificación (según el cálculo del propio afectado) ha explicado a El País que los agentes de Arganzuela le comentaron que no habían podido localizar al abogado que este reclamó. «Yo les di tres teléfonos, el de la oficina del Movimiento contra la Intolerancia, el de su presidente Esteban Ibarra y el del abogado». Ninguno de ellos tiene constancia de haber recibido una llamada policial.
Según esta letrada de oficio, los agentes también le contaron que tenían previsto dejarle libre esa misma tarde, pero que lo retuvieron en comisaría porque les había dado una dirección falsa. «Eso es verdad, me he tenido que cambiar de domicilio agobiado de tantas detenciones, y prefiero que no sepan donde vivo. En Parla, más de una vez, al salir de casa, estaban con el coche en la puerta, me veían, me pedían los papeles y desde allí mismo me llevaban detenido», señala.
Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para recabar la versión de los agentes que participaron en la detención de Yafar. Un portavoz, siguiendo indicaciones de un mando, remitió a El País al Ministerio del Interior, a pesar de que se trata de un asunto específico de Madrid capital. Yafar quedó en libertad el jueves. Y sigue llevando con él la sentencia del Juzgado 24 que ordena que se le den los papeles. «En la comisaría, cuando me llevaron detenido, insistí para que la leyeran, pero un policía me dijo: “Sí, sí, pero esto a nosotros no nos vale”».

martes, 1 de abril de 2014

El cambio de nombre de tres hospitales antes de inaugurarse costó 376.000 euros



Cuatro de mayo de 2007. Esperanza Aguirre acude al acto de «finalización de las obras», que no inauguración, del hospital de Vallecas. Con chaqueta roja y falda negra, la presidenta madrileña se fotografía frente a la puerta de las urgencias, por los pasillos, en una habitación… flanqueada por su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los políticos posan frente a la entrada principal. «Hospital de Vallecas», se lee en el enorme rótulo. Faltan 23 días para las elecciones autonómicas y algo menos de un año para que el hospital entre finalmente en funcionamiento. Cuando se inaugura, en febrero de 2008, el cartel ya es otro: hospital Infanta Leonor. Cambiar de nombre al centro costó 272.635 euros.
Otros dos centros de los seis que abrieron a principios de 2008, llamados nuevos hospitales, y que nacieron con una gestión mixta pública y privada —las constructoras que los levantaron se ocupan de todo lo no sanitario (restauración, administración, limpieza…), mientras la Comunidad pone el personal sanitario—, también cambiaron su denominación. El hospital del Sur, en Parla, se convirtió en Infanta Cristina; el hospital del Norte, en San Sebastián de los Reyes, pasó a ser llamado Infanta Sofía. En total, sustituir unos nombres por otros costó a las arcas públicas 375.696 euros, según la respuesta parlamentaria del Gobierno regional a una pregunta de UPyD.
Fue justo dos meses después de la foto en el acto de finalización de obras del hospital de Vallecas cuando Aguirre anunció que los hospitales iban a llevar el nombre de las infantas. Tras una audiencia con el Rey Juan Carlos, la presidenta contó a los medios de comunicación que le había pedido permiso para llamar Infanta Sofía e Infanta Leonor a dos de los nuevos centros. Por aquel entonces, aún no estaba decidido cuáles iban a ser. Para cuando se inauguraron, los carteles y letreros ya habían sido sustituidos. Fue necesario realizar un modificado sobre el proyecto original para incluir los cambios. Un portavoz de la Consejería de Sanidad precisó ayer que las concesionarias únicamente tuvieron que sustituir la señalización, puesto que otro material que suele lucir la denominación de los centros, como la lencería (sábanas, pijamas…), aún no se había encargado.
«Hice la pregunta porque sospeché que el cambio de nombres tenía unos costes», señala el portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea, Enrique Normand. «La Comunidad tendría que explicar a qué se debe que el cambio de nombre del hospital de Vallecas fuera más caro que el de los otros dos centros. Es una muestra más de la improvisación y la mala gestión a la que lleva sometida la sanidad pública madrileña durante años», considera.
Los nuevos hospitales fueron una promesa electoral de Aguirre durante la campaña de 2003. No llegó a tiempo de inaugurarlos durante la legislatura, pero le permitieron hacerse infinidad de fotos de primeras piedras, visitas de obra y finalizaciones de obra hasta llegar a la campaña de mayo de 2007. Algunas de aquellas visitas se vieron envueltas en polémica. La presidenta-candidata acudió al supuestamente ya terminado hospital del Sur, en Parla (después, Infanta Cristina) el 7 de mayo de 2007. En su afán por conseguirle a Aguirre buenas fotos, sus asesores mandaron trasladar desde otro hospital una incubadora. Al acabar el acto y marcharse políticos y periodistas, unos operarios la sacaron por una puerta trasera para devolverla a su lugar.
Al año siguiente Aguirre pudo al fin inaugurar sus hospitales. Empezó con el del Henares (8 de febrero) y acabó con el Infanta Leonor de Vallecas (29 de febrero). Entre ellos, Sureste (en Arganda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y Tajo (Aranjuez). Seis hospitales en menos de un mes. La gestión sanitaria de estos seis centros es la que ahora pretende privatizar el Gobierno regional. Mañana y pasado se reúnen los 50 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que deberán decidir si se mantiene la suspensión cautelar del proceso.
«Nos parece una frivolidad gastar casi 400.000 euros del dinero público para cambiar el nombre de tres hospitales. El mismo Gobierno que hace no mucho derrochó recursos con el cambio de nombre de estos hospitales pretende ahora privatizar la gestión de estos mismos centros como una supuesta medida de ahorro», señala Normand.