miércoles, 25 de junio de 2014

Una mujer de Michigan recibe una paliza tras haber salido en las noticias casándose con otra mujer



Nueve días después de casarse con otra mujer, una chica de Michigan de 28 años fue atacada cuando regresaba a casa desde el trabajo. Tres hombres le pegaron una paliza mientras gritaban frases homófobas. «Eh p***, ¿no eres tú la que saliste en las p**** noticias?», le espetó uno de los asaltantes, según la policía.
Los agresores la reconocieron por la cobertura de su boda que salió en las noticias de la televisión local, dijo Derrick Jackson, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Washtenaw. Ella y su pareja estaban entre las muchas parejas homosexuales que celebraban su unión después de que un tribunal federal revocase una enmienda que restringe el matrimonio de Michigan a la unión entre un hombre y una mujer.
La víctima, que no quiso ser identificada, llegó a un hospital con signos de la paliza y la cara inflamada, así como su torso y el brazo, dijo Jackson. La policía en el condado de Washtenaw —a unos 30 kilómetros al oeste de Detroit— busca a los atacantes.
En muchos estados, los cargos de crímenes de odio podrían aplicarse en asaltos como este, pero Michigan es uno de los 19 estados que no incluyen la orientación sexual en sus leyes de crímenes de odio, según Sarah Warbelow, directora legislativa del grupo de defensa de los derechos de los homosexuales.
La Ley de delitos de odio de Michigan, conocida como el estatuto de intimidación étnica, protege a las personas contra los delitos provocados por su «raza, color, religión, sexo u origen nacional». Pero los fiscales de Michigan reconocen que la ley es inadecuada, y las lesbianas, gays [sic], bisexuales y transexuales están de acuerdo con él.
«La gente que está al otro lado de este problema tiende a pensar que la comunidad LGBT busca un derecho especial», dijo Yvonne Siferd, director de servicios a las víctimas de la Igualdad de Michigan, una organización contra la violencia y la defensa LGBT en todo el estado. «Pero poder caminar por la calle de la mano de la persona que amas sin ser atacado no es un derecho especial».
Durante más de dos décadas, los grupos de defensa han estado presionando a los estados para que adopten leyes de crímenes de odio para incluir la comunidad LGBT o ampliar las leyes existentes para que los incluyan, de acuerdo con la Campaña de Derechos Humanos. Las leyes podrían imponer penas más estrictas, aumentar la rendición de cuentas sobre los agresores y ampliar los delitos para incluir los crímenes de odio contra la propiedad.
El Distrito de Columbia fue la primera jurisdicción en incluir la orientación sexual e identidad de género en las leyes de crímenes de odio en 1989, de acuerdo con Warbelow. En 2001 y 2002, los defensores presionaron para que los Estados protegieran específicamente a la comunidad LGBT en las leyes de crímenes de odio. El clamor fue una respuesta directa al caso de Matthew Shepard, un adolescente homosexual que murió después de ser atado a una valla y abatido en Wyoming en 1998.
En 2009, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Matthew Shepard y James Byrd Hate de prevención de delitos, por lo que los crímenes de odio se convertían en un delito federal en un intento de proteger a los miembros de la comunidad LGBT de la nación y otros grupos de la violencia homófoba.
Los partidarios saludaron [sic] la aprobación de la ley federal como un paso en la dirección correcta, pero los legisladores parecen haber abandonado los esfuerzos para ampliarla al ámbito estatal.
«El problema es que hay una cantidad limitada de dinero que los federales tienen para investigar los crímenes de odio, así que no investigan cada agresión ocurrida en el país. Lo ideal sería que todos los estados tuvieran mecanismos para asumir los crímenes de odio ellos mismos», explica Warbelow.
El primer esfuerzo por ampliar el estatuto de intimidación étnica de Michigan se remonta a 1997, de acuerdo con Ari Adler, secretario de prensa del presidente de la Cámara estatal de Michigan Jase Bolger.
Pero los opositores creen que la ampliación de la ley haría que los gays y las lesbianas [sic] fueran considerados una clase especial de ciudadanos y que los crímenes contra la comunidad LGBT se tratarían como si fueran más graves que los cometidos contra los heterosexuales, de acuerdo con el Diario de la legislatura estatal de la Cámara.
Chris Kolb, primer legislador estatal abiertamente gay de Michigan, fue el patrocinador principal de la expansión de proyecto de ley en 2001. Él dijo que la oposición refleja una falta básica de la educación acerca de los derechos de los homosexuales, la filosofía de que no se debe agregar una penalidad adicional a un crimen, y el hecho de que algunas personas no quieren dar un reconocimiento especial a la comunidad LGBT.
«Todavía hay algunos vacíos legales que protegen a las personas en general», dijo Kolb, ex representante estatal que ahora dirige una organización llamada el Consejo Ambiental de Michigan.
«Los crímenes de odio, si bien se cometen contra una persona individual, están dirigidos a todo el grupo de personas a las quien [sic] representa ese individuo; es por eso que son diferentes que un crimen convencional», dijo. «Están enviando un mensaje a un colectivo», alertó.
Se necesitan agentes de la policía de Michigan para registrar datos y presentar la información de los crímenes reportados, incluyendo si la orientación sexual es un factor, de acuerdo con Warbelow. Pero los fiscales no pueden presentar cargos más allá del asalto real.
La policía del condado de Washtenaw dice que no hay ninguna razón para creer que el asalto a la mujer de 28 años de Michigan cuando volvía a su casa no es creíble. La policía no tiene pistas en este momento.
Ella dijo a la policía que cree que la publicidad previa contribuyó al ataque.
La investigación policial continúa, y cualquier evidencia recopilada será entregada a los fiscales.
Steven Hiller, director asistente del fiscal del Condado de Washtenaw, dijo que los fiscales podrían ponerse en contacto con los abogados de los Estados Unidos si se determina que la ley federal es aplicable. Y añadió: «No es una situación desconocida para nuestra oficina tener que contactar con el abogado de EE. UU. en las circunstancias apropiadas para examinar si en un caso en particular la ley federal se dirige a una situación mejor que la ley estatal», concluyó.

miércoles, 18 de junio de 2014

Esperanza Aguirre se da a la fuga cuando iba a ser multada en el centro de Madrid



La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha protagonizado esta tarde un incidente con un agente de Movilidad y, posteriormente, ha ignorado el alto que le ha dado la Policía Municipal en el centro de Madrid, según ha confirmado el Ayuntamiento de la capital y fuentes policiales.
Aguirre (que en ese momento estaba sola, aunque habitualmente va acompañada por dos escoltas) había aparcado su vehículo, un Toyota Verso blanco, en el carril bus de la Gran Vía, a la altura del número 44, en la plaza de Callao. Según ha explicado posteriormente, se detuvo para sacar dinero de un cajero.
Según el parte del incidente, una pareja de agentes de Movilidad (la autoridad municipal que regula la circulación) se acercó al vehículo para denunciarlo. Eran las 16.20 y Aguirre no estaba en ese momento dentro del coche.
«En ese mismo instante, aparece la conductora, requiriéndole el agente de Movilidad la documentación para notificar la denuncia», narra el parte. Y continúa: «Poniéndose la conductora muy nerviosa y bastante alterada, momento en el cual se sube al vehículo y, sin darle la documentación, arranca el mismo y golpea la moto del otro agente, que se encontraba delante del vehículo, tirándola al suelo».
Los agentes de Movilidad salieron en persecución de Aguirre. Un coche patrulla de la Policía Municipal que pasaba por allí salió detrás de ellos. Llegó a ponerse a la altura del vehículo de Aguirre, «dándole instrucciones a la conductora para que lo detuviera, haciendo caso omiso de las señales para posteriormente introducirse en el garaje de su casa», añade el parte.
Una vez en su vivienda, ubicada en el barrio de Malasaña, Aguirre metió directamente el coche en el garaje. Poco después, salieron dos agentes de la Guardia Civil que vigilan su casa y ofrecieron a los agentes de Movilidad hacer un parte amistoso de accidente. Facilitaron además la documentación para ello. Los agentes se negaron y pidieron que saliera Aguirre para notificarle la sanción de los delitos que presuntamente hubiera podido cometer, además de la multa por aparcar en el carril bus (que conlleva una sanción de 200 euros). Posteriormente, según el parte de denuncia, la expresidenta de la Comunidad de Madrid acabó saliendo en la calle y «entablando una conversación con los agentes de movilidad».
Acabado el incidente, los agentes se fueron a la mutua laboral para ser atendidos por una crisis de ansiedad. A continuación, se han dirigido a la comisaría a denunciar los hechos. Los hechos, considerados tal y como aparecen el parte oficial, pueden suponer un delito de desobediencia, castigado en el artículo 556 del Código Penal con entre seis meses y un año de prisión. Aguirre, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, no ostenta en la actualidad ningún cargo público.
Según ha relatado a El País, Aguirre no está preocupada por este incidente sino indignada por la versión oficial: «El coche que tengo ahora es muy largo, para llevar a mis nietos, y le ha dado sin querer a una moto y la he tirado, pero sin darle a nadie. Eran seis policías pero ninguno estaba subido en esa moto».
El Ayuntamiento, gobernado por Ana Botella (PP), ha defendido oficialmente la actuación de los agentes de Movilidad, que «hacen siempre su trabajo de forma profesional y tratan a todos los ciudadanos por igual, como no puede ser de otra manera». Este periódico habló ayer con uno de los agentes, que no quiso hacer declaraciones. Solo manifestó que la versión que estaba dando Esperanza Aguirre no era cierta y remitió a su representante sindical. Jesús Méndez, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, comentó que no entendían la actitud de Aguirre y que «debía de estar en gran estado de nerviosismo para hacer eso. No entendemos que un político haga eso. Vamos a pedir la máxima responsabilidad», señaló Méndez, que defendió el trabajo de los agentes y destacó que tienen un expediente impoluto.

martes, 17 de junio de 2014

El hotelero que levantó su imperio sobre la economía sumergida



El empresario Fernando Ferré Cardó, de 69 años, en apenas una década armó en Ibiza la mayor cadena hotelera de la isla, el Grupo Playa Sol (GPS), con 11.000 plazas en 40 hoteles y bloques de apartamentos y 1.000 empleados en verano. El problema es que los cimientos de ese imperio los levantó sobre la economía sumergida. Este lunes comienza en Ibiza el juicio contra el empresario. Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado no pagó impuestos: evitó ingresar al año cerca de tres millones de euros por Sociedades y alrededor de 800.000 euros por IVA. Además, a Ferré se le acusa de explotar a su personal, al que retribuía a 3,5 euros la hora, con jornadas de hasta 16 horas y sin día de descanso. Muchos de los contratados (hasta 477 en un solo año) eran extranjeros «en estado de necesidad», según el fiscal, que considera que «se veían obligados a aceptar condiciones laborales y de seguridad social muy por debajo de lo dispuesto» y «abusivas».
Hasta 18 delitos se atribuyen a Ferré: 14 contra la Hacienda más otros delitos contra los derechos de los trabajadores y contables. La Fiscalía y los abogados del Estado y de la comunidad balear ejercen la acusación junto al sindicato CC. OO. El fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach pide para el hotelero una condena de 81 años de cárcel, una multa de 18,2 millones, más una indemnización de 17 millones a las arcas públicas. Y el asesor fiscal del empresario, Josep Oller Mateu, que confesó la trama y ayudó a distinguir los pagos en negro de los oficiales, afronta una posible pena de 14 años y la misma sanción económica.
No es la primera vez que Ferré se enfrenta a los tribunales. En 2009 fue condenado a dos años de prisión por un caso de amenazas y lesiones, en 2005, a 13 empleados de tres hoteles. Pero pactó una indemnización y eludió la condena. También cargó con una multa millonaria por contrataciones ilegales de personal en las obras de reforma de hoteles antiguos. El empresario no tenía cuentas corrientes a su nombre, vivía de forma austera, comía en sus hoteles y pagaba siempre en efectivo. Tampoco usaba el ordenador. Lo que sí se halló en su despacho fue una máquina de triturar papeles. Y cinco cajas fuertes vacías.
La realidad de la cadena GPS estaba oculta en la economía clandestina: facturas simuladas, cruzadas entre cientos de sus sociedades que cambiaban de titular y sede con declaraciones ficticias y ganancias nunca superiores a 1.000 euros. La mayoría de las empresas radicaba en Madrid y Barcelona para ocultarse en la multitud de firmas. Tampoco pagaba nada por las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El listado de 301 compañías de Ferré parece la guía comercial de una ciudad de China, por sus denominaciones en claves silábicas. El negociante creció al adquirir grandes cadenas de hoteles viejos o de baja categoría que estaban fuera del mercado medio. En un cobertizo de la casa del hotelero, en Ibiza, tres contables de nacionalidad china punteaban facturas y cuentas: los ingresos en efectivo de las cajas de bares y cafeterías. Los gastos de personal y de arrendamiento de hoteles se pagaba «en B», explica el fiscal Horrach. Cada hotel tenía dos carpetas, en las que se guardaba la doble contabilidad.
Casi medio millar de empleados de países del este de Europa eran contratados cada verano en Praga para trabajar en Ibiza, por 300 euros al mes y sin ser dados de alta en la Seguridad Social. Las plantillas hacían a veces jornadas de hasta 16 horas, sin día de descanso semanal o vacaciones y dormían hacinados en sótanos «en condiciones totalmente contrarias a la dignidad humana», relata el fiscal.
En 2010 el hotelero Ferré fue detenido y encarcelado durante dos meses al estallar el escándalo de fraude, bautizado Operación Trueno por la policía y la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces estaba en libertad, a la espera de juicio. Los investigadores apuntan que la enredada estructura de propiedad y gestión del grupo de turismo —de precios populares— se tejió para dificultar precisamente el rastreo de sus números y escaparse de la lupa de Hacienda. Las sociedades no tenían ni patrimonio ni actividad real. Durante meses, 30 investigadores bucearon los números y los balances.
El equipo GPS acogía en sus hoteles una media de 350.000 turistas cada verano. Al caer el dueño, en 2010, la gestión de la cadena pasó a manos de administradores judiciales. En 2013 las sociedades de GPS suspendieron pagos con 300 millones en rojo (200 millones de deuda bancaria) y, desde entonces, los gestores delegados tratan de ordenar y reflotar la cadena hotelera, que sigue activa en el mercado y a la búsqueda de compradores.

miércoles, 11 de junio de 2014

Cachorro de gato a punto de morir debido a dieta vegetariana estricta



El espeluznante caso del hospital veterinario de North Melbourne ha motivado una advertencia sobre los peligros de la gente que «impone ideologías» a sus mascotas.
Leanne Pinfold, veterinaria de la clínica Lort Smith, dijo que los dueños del cachorro de gato, supuestamente vegetarianos estrictos, se lo trajeron este mes.
Afirmó que la dieta del cachorro, consistente en patatas, leche de arroz y pasta, había provocado que cayera gravemente enfermo.
«Estaba sumamente débil y sufrió un colapso cuando llegó. Estaba casi inconsciente,» dijo la Dra. Pinfold.
Se le administró líquido gota a gota, se le colocó sobre una manta eléctrica y se le alimentó con carne. Permaneció ingresado en el hospital durante tres días, después de los cuales se entregó carne a sus dueños para que alimentaran a su mascota en casa, dijo.
La Dra. Pinfold dijo que, como carnívoros obligados o verdaderos, los gatos necesitan carne para sobrevivir.
Explicó que la gente que quiera una mascota que no coma carne debería considerar otras opciones, como los conejos.
«La preocupación por el bienestar de los animales debe incluir una dieta biológicamente apropiada», dijo. «A un gato no se le puede imponer la ideología de cada uno».
«Los carnívoros salen a la búsqueda de carne, por lo que es probable que un gato salga a cazar y mate a la fauna nativa local si se le priva de carne».
La Dra. Pinfold aseguró no haberse encontrado con un caso semejante en sus once años como veterinaria.

martes, 10 de junio de 2014

El líder de la patronal leonesa: «¿Por qué los empleados no indemnizan a la empresa por darles trabajo?».



Que los empresarios exijan una despido [sic] más barato y fácil y menos cotizaciones sociales no es nuevo, pero la idea del presidente del Círculo Empresarial Leonés, José Ángel Crego, va mucho más allá: «¿Por qué el trabajador no le paga 45 días por cada año que la empresa le ha estado pagando un sueldo y le ha dado trabajo?», preguntó el empresario el pasado miércoles en una tertulia organizada por el Diario de León y La 8 de Televisión Castilla y León en la que dejó muy clara su postura sobre las indemnizaciones por despido.
En opinión de Crego, «contratar y despedir debe ser natural». Aunque es consciente de que los trabajadores son «personas con nombre y apellidos», la viabilidad de la empresa es más importante para él y para el país en su conjunto, por eso —dice— «el empresario tiene que tenerlo fácil para contratar y despedir. El drama humano es duro, pero la realidad manda y es mucho más dura».
El presidente de la patronal leonesa no escatima en peticiones: «Hay que tomar medidas. ¿Cuáles? Todas». Sabedor de que su discurso «puede sonar muy liberal», no tiene escrúpulos en olvidarse de la mano de obra, la fuerza de trabajo que el asalariado presta a una empresa a cambio de su salario, y afirma que «una persona que ha dejado diez años en una empresa, cuando se va tiene una indemnización», pero contrapone que «una empresa que da diez años de trabajo a una persona ¿por qué además tiene que pagar? No podemos dar por válidos los axiomas de toda la vida. ¿Por qué el trabajador no le paga a la empresa 45 días por cada año que ha trabajado por haberle dado trabajo?»
«Hay que ser imaginativos», dijo en la tertulia. Y, efectivamente, imaginación no le falta, porque a diferencia de sus colegas del gremio, él no pide abaratar el despido: «No digo que haya que abaratar despidos ni bajar salarios. Una buena opción sería meter la parte proporcional de la indemnización en el sueldo, para no tener que pagar en el despido», propone Crego. El visionario líder de los empresarios leoneses también se ha dado cuenta de que el empleo indefinido ya no se lleva al asegurar que «lo de entrar en una empresa y morirse en ella, ya no existe».
Durante su intervención, Crego hizo un repaso por todo el panorama laboral de España y de León, empezando por las cuencas mineras, de las que asegura que «esas zonas están muy castigadas porque no se han hecho las cosas bien». Cuando dice «cosas», Crego se refiere a las subvenciones a la minería: «¿Dónde está el retorno de esa inversión de 700 millones?», se pregunta para detallar que «un grupo empresarial compraría el mundo con ese dinero. Cuando el dinero no es de nadie, del uso que se hace con ello se pone el pelo de punta».
También quiso incidir en la «movilidad geográfica», eso que los jóvenes formados en universidades públicas estatales que están en paro practican cuando se va a Alemania a buscar empleo, llamado «exilio económico» por varios colectivos juveniles. Pero para Crego, el hecho de que los jóvenes se tengan que ir fuera para encontrar trabajo no es tan dramático como se pinta: «Hay que desdramatizar y ser más natural. Los chavales tienen que formarse pero la movilidad geográfica tiene que ser más natural. Muchos nos hemos tenido que ir de España y eso tiene que ser menos dramático. Hay que formarse bien en lo que a uno guste, en León o en Huelva, y a partir de ahí hay que buscarse la vida en tu pueblo o fuera del entorno», dice.
El presidente de los empresarios también ha hecho autocrítica en lo relacionado con los fondos públicos para la formación, algo de lo que no es «partidario» y le «chirría». Él prefiere «buscarse los fondos y la vida» de otra forma. Para ello, apuesta por seguir con la senda de reformas y recortes del Gobierno que, a su juicio, han devuelto a España una imagen menos desastrosa. Pero advierte: «Las reformas nos han hecho más competitivos. Pero una parte de los fondos que llegan son para comprarnos a precio de chiste». En su opinión, la única salida de la crisis llegará si «se apuesta más por el empresariado que por otra vía, porque de fuera no va a venir Míster Marshall».

martes, 3 de junio de 2014

El Ayuntamiento transigirá con el botellón en el Parral



El Ayuntamiento ha admitido con antelación que no hará nada para evitar que este jueves se celebre el tradicional macrobotellón en el Parral con motivo de las fiestas de la Politécnica y, por ende, con los que se celebran cada fin de semana en el parque propiedad de Patrimonio Nacional. El concejal responsable de Patrimonio y Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, afirmó al respecto que, muy a su pesar «y respirando muy fuerte, hay que pasar este día. Hay que pasarlo, porque meter a la Policía y cerrar el Parral puede generar una alteración del orden público peor del [sic] que hay». Estas palabras han sorprendido en Patrimonio Nacional, dado que en la moratoria de dos años acordada en mayo de 2013 por ambas partes, se firmó un punto en el que se especifica que «el Ayuntamiento de Burgos se compromete a, con carácter inmediato, instrumentar medidas de control para evitar usos inconvenientes e insalubres como la celebración de concentraciones espontáneas para la ingesta de bebidas alcohólicas».
La celebración de botellones en el Parral fue el motivo de que Ayuntamiento y Patrimonio fuesen incapaces de llegar a un acuerdo en 2013 para renovar automáticamente el convenio de cesión del parque, uno de los más apreciados por cientos de burgaleses que acuden a pasear, a correr o a merendar. El organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia no comprende cómo es posible que se consienta la organización de este tipo de fiestas en una de sus propiedades y, a no ser que cambien las tornas de los últimos años y los universitarios decidan irse a otra parte con las bolsas del súper, las fotografías del próximo viernes van a volver a escocer en Madrid. Pero también es cierto que Patrimonio tiene un presupuesto cada vez más limitado y cantidad de propiedades que mantener por toda España, así que es un secreto a voces que no se quieren hacer cargo del parque burgalés, vinculado al Real Patronato de las Huelgas.
Y esa es la baza con la que juega el Ayuntamiento para defender su gestión el resto del año. ¿No le gusta cómo lo hacemos? Pues quédeselo. Así lo explica Salvador de Foronda, quien afirma que «Patrimonio a veces nos presiona bastante con el tema, porque hay fiestas y aparece descuidado. Pero los 363 o 364 días del año restantes, el Parral está cuidado. Hay un día en el que sucede lo que sucede y nadie está de acuerdo, yo tampoco, pero el resto de los días está cuidado». Así que Foronda afirma que llega un día en el que «te planteas decir “quédese usted con el Parral” y yo lo alquilo o se lo pido para un día, que es el Curpillos, y yo tengo el problema un día, pero el resto se encarga usted». A esto hay que añadir que aunque el acuerdo de cesión que se ha ido renovando periódicamente es gratuito, el Ayuntamiento considera que invierte un dinero en mantenimiento por el que no obtiene nada a cambio. «Es cierto que no pagamos nada, pero ponemos dinero y, sobre todo, responsabilidad, que ellos no ponen nada», apunta Foronda, destacando que el Ayuntamiento ha cumplido con el compromiso de arreglar la tapia en zonas en las que estaba mal, analizar el estado de conservación de los árboles y reponer ejemplares (29 tilos), varios de ellos ya destrozados. Además, esta semana se anunció otra partida para invertir en mejoras de las barbacoas.
Sin freno.
Así que con la perspectiva de devolución del recinto en el horizonte, Patrimonio tendrá que aguantar una vez más las fotos de una propiedad cubierta de toneladas de basura tras una fiesta universitaria a la que nadie, ni Ayuntamiento ni UBU, se atreven a poner freno. A este respecto, el concejal responsable de la materia apunta que «ese día sí echamos un poco en falta la responsabilidad de la propia Universidad en poner un poco de orden en esos macrobotellones».
En cualquier caso, la opción de que acuda la policía a impedir la entrada parece estar totalmente descartada. «Hay que ir a la raíz del problema y no es el Parral, sino la fiesta. De allí se trasladaría a las riberas del Arlanzón. Y aunque pongamos medios, el orden público no es nuestra competencia, es un tema de Policía Nacional y ¿qué creas? Un conflicto de orden público que quiere entrar en el Parral en unas condiciones…», comenta el concejal con cara de circunstancias.
Ahora, fuentes de Patrimonio Nacional afirmaron que esperarán a ver qué sucede esta semana y, llegado el caso, tomarán nota e «informarán de que se ha producido un deterioro, los usos indebidos siempre se comunican». Incidieron en que en el punto número 4 del convenio el Ayuntamiento se comprometía a evitar «de inmediato» el botellón y destacaron que el resto de sus compromisos sí los están cumpliendo.

(Certero comentario de un lector: «Cuando se permitía a los universitarios celebrar sus fiestas montando una carpa en la Milanera, ellos mismos se encargaban de alquilar los servicios necesarios, limpieza posterior etc. Rectorado y Ayuntamiento quisieron acabar con las fiestas universitarias prohibiendo las carpas y lo único que hicieron fue crear un problema que antes no existía»).

Un árbitro de 16 años, ingresado tras la brutal agresión del padre de un jugador de prebenjamines



El deporte escolar vivió este sábado en la provincia de León un lamentable espectáculo que acabó con un niño de 16 años en el hospital. Se disputaba el partido de la categoría de prebenjamines (7-8 años) entre el CD Bosco de la localidad de Armunia y el San Andrés.
Al término del partido, el padre de uno de los jugadores del CD Bosco, junto a otro individuo, se acercó al colegiado, de tan sólo 16 años. El acompañante sujetó al árbitro por los brazos mientras que el padre del jugador golpeó al árbitro en un ojo y en el tórax, cuando los niños aún no habían abandonado el terreno de juego. La Policía se personó en el campo, identificó a los agresores y tomó declaración a los testigos.
La víctima fue trasladada al hospital de León. José Antonio Martínez Alas, presidente del comité de árbitros de la provincia, estuvo acompañando al chico y explica que fue ingresado y se le sometió a un TAC que no fue concluyente, debido a la hinchazón del ojo del menor. Según explica Martínez Alas, tras pasar la noche en observación fue enviado a casa, si bien sin el alta, ya que los médicos consideraron que debido al estado de nerviosismo del joven lo mejor era que estuviera en su hogar, si bien [x2] el lunes y el miércoles volverá al centro hospitalario para que se le realicen más pruebas. Las primeras conclusiones de los médicos es que tiene un fuerte derrame en la córnea pero ni el ojo ni la vista del menor corren peligro.
El presidente de los árbitros leoneses relató a 20minutos que el joven árbitro es de origen marroquí y se encuentra en España de acogida con unos tutores. «Era la primera vez que estaba en un hospital y estaba temblando, más que del dolor, que era mucho, de la situación de estrés». Martínez Alas, que estuvo con el chico el sábado y el domingo, explicó que pese a la experiencia traumática, el menor sigue teniendo la intención de ser árbitro de fútbol.
El CD Bosco emitió un comunicado este domingo en el que lamentan los sucesos del partido del sábado y condenan «la actuación individual de uno de los padres de los jugadores cuyos actos no representan los valores del club». En su nota, el CD Bosco manifiesta su apoyo al colectivo arbitral y asegura haber «tomado las medidas pertinentes para que no vuelvan a suceder tales actuaciones», si bien [x3] no especifica cuáles. También la Fiscalía de Menores ha tomado parte en el caso.
Plante de los árbitros.
«Es la primera vez que veo esto en mi carrera», afirma el presidente de los árbitros leoneses, que explicó que la situación en los últimas semanas se ha agravado en los partidos de fútbol base de la provincia de León. Y es que el fin de semana anterior, en hasta cuatro partidos los colegiados tuvieron que requerir la presencia de Policía Local (en tres de ellos) y de la Guardia Civil (en otro), hasta el punto de que en uno de los casos tuvieron que encerrarse en el vestuario para evitar ser agredidos.
«La temporada pasada hubo en toda España más de 700 agresiones a árbitros en fútbol base», explica José Antonio Martínez Alas, que añade que en muchas ocasiones, los agresores justifican su actitud aludiendo a «el paro o los problemas personales». Tras los acontecimientos de los últimos dos fines de semana, los árbitros leoneses quieren organizar un plante para la siguiente jornada. Este jueves se celebra en León la reunión semanal del Comité territorial y en él se decidirán los detalles de esta huelga.