jueves, 28 de agosto de 2014

Mónica de Oriol se forró con la protección a altos cargos del PP vasco y está «tocada» por el Madrid-Arena



La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol Icaza, que ha insultado grave y gratuitamente a un millón de jóvenes españoles «porque no tienen formación y no sirven para nada», pasa por ser una de las mayores beneficiadas de las contratas públicas de seguridad privada. Su empresa era además la responsable de la seguridad del pabellón del Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012, debido al exceso de aforo y a un insólito fallo como fue el cierre de las vías de evacuación.
La señora de Oriol, de 52 años, llegó a la presidencia del principal lobby empresarial hace dos años, en sustitución de Claudio Boada. Perteneciente a la dinastía de los Oriol (su bisabuelo fundó la compañía ferroviaria Talgo), alcanzó la presidencia del Círculo de Empresarios desde su puesto de presidenta de Seguriber, una de las empresas de seguridad que, por circunstancias históricas y de otro tipo, mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA.
Conectada al presupuesto del Ministerio del Interior durante décadas para dar protección a cientos de altos cargos y dirigentes el PP vasco que no se fiaban de la Ertzaintza, la empresa de la señora De Oriol se alió con Umano, también de capital vasco, para ampliar el negocio de la seguridad privada y abrir nuevos frentes de actividad cuando ya la banda terrorista había renunciado a atentar contra políticos y a extorsionar a empresarios. Finalmente, en octubre de 2011, renunció definitivamente a los secuestros y asesinatos.
No obstante, para facilitar la transición empresarial, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012. Y puesto que ETA se resistía a entregar las armas y disolverse —todavía no lo ha hecho formalmente—, el ministro Jorge Fernández Díaz le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, el titular de Interior le abrió otra línea de negocio: un «plan piloto» para controlar la seguridad de la prisión de Zaragoza, por un importe de 879.338,46 euros y con la previsión de extenderlo a todas las cárceles de España, menos las catalanas, que dependen de la Generalitat.
La empresaria de Oriol Icaza, a la que se le termina el mandato de dos años como presidenta del Círculo de Empresarios y desea ser renovada en el cargo, reclamando ahora la rebaja o supresión del salario mínimo —congelado desde que el PP llegó al Gobierno— para los jóvenes sin formación, se beneficia directamente de la enseñanza y preparación que las Fuerzas Armadas proporcionan a los jóvenes. Cientos de ellos pasan a las empresas de seguridad privada cuando terminan sus contratos como soldados profesionales. Para algunos cometidos de seguridad «externalizados» o subcontratados en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, los empleados de esa y otras empresas reciben formación complementaria de los funcionarios públicos de Interior. Con ello se significa los favores formativos por cuenta del erario público [sic] a la empresaria Oriol.
La polémica que han provocado sus declaraciones ha llevado a de Oriol a disculparse públicamente. Ayer viernes, en la web del Círculo de Empresarios, hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, dice: «siento haber utilizado una expresión inadecuada con la que yo misma estoy en desacuerdo, porque todas las personas son valiosas con independencia de su cualificación profesional».

miércoles, 27 de agosto de 2014

El Círculo de Empresarios propone salarios «inferiores al salario mínimo» para los “ninis”



La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ve «claros síntomas» de recuperación económica, aunque «insuficientes», y propone para acelerar la creación de empleo sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados y reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales y los indefinidos bunkerizados hasta el entorno de los 18 días por año, en línea con otros países de la UE.
Durante un desayuno informativo organizado por el Club Internacional de Prensa, de Oriol ha pedido así al Gobierno una «segunda vuelta» de la reforma laboral que habría de ir acompañada, también para apuntalar la recuperación, de una mayor reducción de empleos en la Administración Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas en el marco de la reforma fiscal. Concretamente, de Oriol apuesta por mantener el SMI para los trabajadores «a partir de cierta cualificación o que cumplan un programa de formación dual» en la empresa.
De Oriol ha recordado que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, alrededor de un millón de personas, muchos de ellos jóvenes, han quedado sin trabajo ni cualificación («ninis»), pero no considera acertado que la normativa obligue a pagar a estos trabajadores, «aunque no valgan para nada», un salario mínimo «que no producen». Ahora bien, ha señalado que «todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable». Asimismo, la presidenta del Círculo de Empresarios considera necesario seguir reduciendo la brecha entre el coste del despido de los trabajos indefinidos «blindados» —33 días por año en caso de improcedencia—, que hacen que «en España sea más complicado romper una relación laboral que un matrimonio», y los temporales —12 días por año— que acaban siendo los usados por las empresas. «Se está fomentando la rotación laboral desde el marco regulatorio», según de Oriol, quien propone reducir esta brecha para aproximar el coste de los despidos a los 18 días que existen en países de la UE. La presidenta del Círculo de Empresarios ha criticado también que la actual prestación por desempleo no incentiva la búsqueda activa de empleo y favorece situaciones de «parasitismo» entre los desempleados. En este punto, la presidenta del Círculo de Empresarios ha señalado que la gran segmentación de las categorías profesionales hace que los trabajadores rechacen empleos que les ofrecen los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) por no corresponder con su perfil. Por ello, ha apostado por reducir las categorías profesionales a tres o cuatro, en función del grado de formación, y facilitar que los desempleados puedan trabajar allí donde se les requiera.