martes, 25 de noviembre de 2014

Cospedal gasta en altos cargos y asesores 17 veces más de lo que ahorrará reduciendo diputados



La nueva reforma de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, justo dos años después de que el PP la modificase para aumentar de 49 a 53 los escaños, hará que esta región cuente con uno de los parlamentos autonómicos más reducidos con sólo 33 diputados, sólo comprable a la comunidad uniprovincial de La Rioja, que tiene sólo un 15 % de la población de Castilla-La Mancha.
Si se atiende a los datos del Presupuesto de las Cortes para 2014, publicado en su Boletín de 23 de diciembre de 2013, el argumento del ahorro no tiene gran verosimilitud y parece más bien una coartada para acomodar el número de diputados y electos por circunscripciones provinciales a los intereses del partido en el poder.
Los diputados, salvo los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos políticos, que son 7 en total, no tienen sueldo fijo desde 2012 sino que perciben solamente indemnizaciones y dietas. Actualmente, hay 42 diputados sin sueldo fijo de las Cortes, y ese capítulo supone 1 140 000 euros anuales. Con 26, es decir suponiendo que se mantengan en las futuras Cortes los mismos 7 altos cargos con sueldo, la partida de indemnizaciones y dietas quedaría en 705 714 euros haciendo una sencilla regla de tres. Es decir, el ahorro real de la reducción quedaría en 434 285 euros, o lo que es lo mismo el 4,98 % del Presupuesto actual de las Cortes.
149 altos cargos y asesores.
Por tener algún elemento de comparación, se trata de la cuarta parte del presupuesto que dedican las mismas Cortes a «asignación a los grupos políticos», 1,6 millones, que no ha variado en lo que va de legislatura. O prácticamente lo mismo que se gasta en seguridad o algo menos del doble de lo que las Cortes dan como subvención a la polémica Radiotelevisión regional.
Por lo tanto, salvo que las nuevas Cortes planteen reducir otras partidas, como el número de altos cargos con sueldo, o reducir eventuales y funcionarios, o buscar una sede más modesta para así ahorrar más de 700 000 euros en mantenimiento, el ahorro real parece más bien escaso.
Mucho más si se tiene en cuenta que los mismos que dicen querer «ahorrar en políticos» con estas «mini-Cortes», gastan en sueldos de los 149 altos cargos y asesores del Gobierno regional 7,32 millones de euros según el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2014, para remunerar 65 consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales y 84 trabajadores eventuales de libre designación de las Consejerías, cargos políticos al fin y al cabo. Es decir, casi diecisiete veces lo que se ahorra en sueldos de diputados.
Sólo la Presidenta y su Consejería de Presidencia gastan en 77 altos cargos y personal eventual en puestos de confianza, ocupados mediante libre designación, más de 3,25 millones de euros anuales, en un Gobierno que presume de austeridad y de gastar menos «en políticos».

lunes, 24 de noviembre de 2014

Dura Lex, sed Lex (Arturo Pérez-Reverte)



Imagino que tendrán ustedes curiosidad por saber qué ocurrió, al final, con aquella banda de carteristas bosnias a las que, tras una escandalosa reincidencia delictiva, hoy detenidas y mañana en la calle, un juez prohibió el acceso al Metro de Madrid. Quizá recuerden que el arriba firmante se guaseaba de la medida, preguntándose qué ocurriría cuando esas prójimas se pasaran la decisión judicial por la bisectriz del chichi. Pero no ha hecho falta. La decisión no llegó a tener efecto, porque la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en aplicar la ley irreprochablemente, sin casarse con nadie y sin que le tiemble el pulso —algún día contaré una nauseabunda experiencia personal relacionada con ese digno lugar—, ha tumbado la anterior decisión judicial, sentenciando que la banda de carteristas, y supongo que cualquier otra agrupación cultural de características semejantes, puede acceder a las instalaciones del Metro cuando le salga. Y punto. El derecho de libre circulación y uso de servicios públicos prima sobre cualquier otra circunstancia, etcétera. Con lo que las bosnias podrán seguir cometiendo delitos y faltas de hurto con perfecta impunidad, exhibiendo incluso el texto de la Audiencia Provincial de Madrid ante sus víctimas y ante la policía —supongo que lo llevarán plastificado para más comodidad— a fin de dejar las cosas claras y el chocolate espeso. Aunque lo que de verdad lo pone estupendo a uno, en la resolución, es un detalle delicioso: una de las causas por las que se tumba la anterior decisión de alejamiento del Metro es que ni en el atestado policial ni en el auto del juzgado de Instrucción n.º 47 de Madrid se identificaba a las personas a las que debía proteger dicha medida. Léanse el anterior párrafo otra vez, despacio. Y en efecto: eso, dicho en claro, significa que ni los policías que detuvieron 330 veces a las bosnias, con sus correspondientes 330 diligencias, ni el auto del juez que dictó la orden, detallaban los nombres y apellidos de todos los viajeros del Metro a los que se pretendía proteger con dicha medida. Por consiguiente, la cosa era excesiva y atropellaba los derechos de las desvalidas delincuentes, privándolas de un servicio de transporte «esencial», según la resolución. Que también ellas tienen sus derechos, oigan. Y sus corazoncitos.
Ahora imagine usted que va en el Metro, tecleando en su Aifon o como se escriba, o leyendo una novela —espero que mía—, y se le arrima una bosnia con permiso de residencia, quinientas detenciones en el currículum y la sentencia que acabamos de glosar en el bolsillo. Y le roba la cartera. Y usted la pilla in flagranti delicto, como decían Cicerón y los romanos ésos. Y la bosnia, o sus cómplices, le montan la pajarraca que suelen en tales casos, gritando y acusándolo de haberles querido meter mano, y demás parafernalia. Y usted, sabiendo que aunque llegue la pasma a socorrerlo, a las dos horas esas pavas estarán de nuevo en la calle y en el Metro ocupándose de otro pringao, y que siempre habrá una ecuánime Audiencia Provincial de Madrid dispuesta a garantizar que nadie atropelle los derechos de esas hijas de puta, imagine usted, le digo, que llevado por el natural impulso le calza una hostia a una bosnia… ¿Lo ha imaginado ya?... Bueno. Pues imagine ahora el marrón que va a comerse acto seguido, lo mismo en la Audiencia Provincial que fuera de ella: agresión a inmigrante, desprecio de sexo, violencia de género y posiblemente también de génera. Y como la cosa ocurre en el Metro, con agravante de subterraneidad y alevosía. Resultado: varios días de calabozo como que hay Dios, empapelamiento judicial para años, sentencias, costas de juicio, abogados, tasas judiciales, procuradores, multa, reparación de lesiones y daños morales, embargo de bienes, etcétera. Y dese con un canto en los dientes si le caen menos de dos años de talego. Con el detalle de que si su careto es conocido, como el de Carlos Herrera o el mío, sale abriendo telediarios. Fijo. Por misógino y por fascista.
Dura Lex, sed Lex, decían los clásicos. O sea, Duralex. Luego, tras considerar el enjambre de casos en que al ciudadano honrado lo crucifican y el delincuente sale impune, extráñense, por ejemplo, de que una señora que se encuentra al violador de su hija libre en la calle, tan campante, y éste se chotea preguntándole por la niña, compre una lata de gasolina y monte su propia falla casera, resolviéndolo ella misma. Y es que, como ya apuntó hace tiempo don Francisco de Quevedo —que nos conocía hasta por las tapas—, a menudo en España no hay más justicia que la que uno compra.

martes, 18 de noviembre de 2014

El «selfie» del cuerno



Hubo un tiempo en que los encierros de San Fermín eran ceremonias gestionadas con seriedad. Delante de los toros corrían mozos con trienios de sortear astados por la calle Estafeta, hábiles con el periódico enrollado y poco amigos del volatín y la fantasmada. Amonestaban a los aficionados temerarios e incluso llegaban a expulsarlos del circuito. Pero la masificación, los turoperadores y las nuevas tecnologías han hecho estragos en la fiesta. Ahora cualquiera echa a correr delante de la manada, pretende tocar los toros, acariciar los cuernos o tirar del rabo de la res mientras transpira calimocho mal digerido; suerte tiene si no tropieza con los cordones de sus alpargatas.
El último virus que ha aparecido en el encierro es la autofoto. Gracias a los jugueteos de Obama y a los enredos de Ellen De Generes en la última ceremonia de los Oscar, el selfie se ha convertido en la fruslería imprescindible del momento. No se conocen virtudes estéticas al invento; parece más bien el álbum de fotos del solitario. Pero reafirma las personalidades débiles y rearma los sentimientos difusos. Un quídam se siente un titán cuando dispara una autofoto, esté en Benidorm, en el sillón de su casa o con los leones del Serengueti tanzano.
En el encierro del viernes pasado, un mozo tuvo la peregrina idea —seguro que no es el primero y desgraciadamente no será el último— de hacer un selfie mientras corría el encierro, a un metro del berrendo. Ahí está, en las imágenes de prensa, en un escorzo grotesco para encuadrar su rostro y el careto del Jandilla en una pantalla minúscula. No mira para adelante ni para atrás; enarbola el móvil como una castañuela y va transmitiendo el peligro inminente de tropezarse con otro corredor y caer en tropel bajo las pezuñas.
Aseguran que la ordenanza municipal castiga con multas de hasta 3000 euros a quienes pongan en riesgo la seguridad de la carrera. Quizá sea así. Un súbdito británico se saltó una barrera de seguridad y fue sancionado con 250 euros; y un escocés tuvo que pagar 650 euros por grabar el encierro con un dron (otra vez la tecnología). Tienen la oportunidad de penalizar el selfie del cuerno de forma ejemplar, para que el mozo del móvil aprenda a mirar hacia donde debe cuando corre por la calle Estafeta.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Imputan a tres personas ante el maltrato sufrido por el burro que fue apaleado en Los Almendros



La Guardia Civil ha imputado a tres personas, dos de ellas menores de 15 y 16 años, acusados de un presunto delito de maltrato animal en relación con el burro recuperado por la protectora La Huella Roja que fue abandonado en un descampado en el barrio almeriense de Los Almendros donde sufrió una paliza que lo dejó gravemente malherido.
Según indica la Comandancia en una nota, los agentes del Seprona iniciaron una investigación a finales de mayo que finalmente ha permitido la imputación de F. U. F., de 38 años y vecino de Almería, junto a otros dos menores.
Independientemente de las lesiones que presentaba, el pollino fue encontrado además en un «preocupante estado de desnutrición», lo que hizo pensar a los investigadores en una «total falta de atención y cuidado del animal», motivo por el que los agentes también enfocaron sus pesquisas a la localización de su propietario y persona que lo había desatendido en su alimentación.
Al carecer de microchip identificativo, los agentes realizaron «innumerables gestiones» que finalmente han permitido determinar la autoría tanto de la agresión como de la desatención del animal. Las diligencias, junto con los imputados, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y Fiscalía de Menores de la capital.
Por su parte, el burro, que fue llamado Capitán, fue trasladado a un refugio para equinos en Sevilla tras haber quedado al cuidado temporalmente de la protectora, que dio cuenta del estado del animal. Fue una profesora de un colegio cercano al descampado donde estaba el animal la que alertó a la protectora de la presencia del burro tras escuchar a algunos alumnos hablar sobre el animal.
El burro presentaba múltiples heridas, ya que habría sido golpeado repetidamente, incluso con algún objeto contundente. Asimismo, presenta heridas en el recto como consecuencia de haber sido maltratado y estaba completamente deshidratado y desnutrido.
El caso de este equino de unos 17 meses sirvió para que se elevara una petición en change.org en la que solicitaban responsabilidades por la agresión que sufrió el animal, de forma que la misma consiguió recaudar cerca de 180 000 firmas de apoyo.