miércoles, 29 de marzo de 2017

El Gobierno conmuta una pena de 13 años por homicidio por una multa de 6 € diarios



El Gobierno ha indultado a un valenciano condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a trece años de prisión por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, al que se suma un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños. Así, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy conmuta la pena de R. J. R. S. por otra de multa de seis euros al día durante dos años. Además, también ha indultado a D. Z. A., condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a tres años de prisión y multa de 38 991,53 euros por un delito contra la salud pública y a seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros por un delito de hurto con uso de vehículo de motor. En este caso, el Gobierno conmuta la pena por otra de dos años de prisión, que si no tiene antecedentes penales no cumplirá en la cárcel.
Con éstos, la cifra de indultos en el primer año completo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno se encuentra en torno a los 500 indultos. En concreto, hasta el 25 de noviembre, se habían concedido 468, en su amplia mayoría por delitos contra la salud pública, esto es, contrabando de drogas. En el caso de los homicidios, hasta noviembre “únicamente” se habían producido 7 indultos. Además, también ha habido indultos por delitos como torturas —el más sonado es el de los Mossos d’Esquadra indultados tras ser condenados por pegar una paliza a un ciudadano rumano—, estafas, prevaricación o detención ilegal.
Es en este punto donde varias asociaciones de jueces critican la institución del indulto. La ley que la regula es de 1870 y en ningún punto señala a qué delitos se les puede aplicar la medida de gracia. Además, las críticas se dirigen hacia la falta de explicación del Gobierno a la hora de concederla. En los dos casos que se han dado en Alicante y Valencia, en ningún momento el Real Decreto que publica la medida señala las razones por las cuáles el Consejo de Ministros ha decidido indultar al condenado.
Quejas de Jueces para la Democracia.
En este sentido, son varias las asociaciones que han criticado la medida de gracia. Entre ellas, Jueces para la Democracia, cuyo portavoz es el valenciano Ximo Bosch, que criticó ayer, a preguntas de este diario, la actual regulación de la medida: «Es un vestigio de tiempos históricos en los que no existía el estado de Derecho, cuando el monarca absoluto podía revocar lo que decían los tribunales», explicó el magistrado, que indicó que desde su asociación creen «que es muy peligroso que el Gobierno se convierta en una especie de última instancia que revoca lo que dicen los tribunales, porque eso afecta a la división de poderes y a principios como el de seguridad jurídica».
Además, Bosch criticó la arbitrariedad de la medida: «No se acaba de saber por qué a unos se indulta y a otros no. Se debería acotar a casos muy concretos y el Gobierno debería poder resolver el indulto explicando las razones», dijo Bosch, que señaló que en muchas ocasiones «el poder se acaba perdonando a sí mismo, como en el caso de los Mossos d’Esquadra», recordó. Así las cosas, la entidad que preside reclama «una reforma estructural de la figura del indulto para evitar arbitrariedades».
Con independencia del partido en el poder.
Lo cierto y verdad es que la medida de gracia se ha otorgado con relativa independencia del color político del partido que esté en el poder. Para muestra, un botón. Según datos del Ministerio de Justicia, que es quien regula la mayoría de los indultos —un pequeño porcentaje corresponde al Ministerio de Defensa en cuanto se trata de deserciones—, en el año 2011 el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió 301 indultos, pero en los años 2006 y 2007 se contabilizaron 520 y 521 medidas de gracia, respectivamente. El mínimo en lo que lleva el siglo se registró en 2001, cuando el Gobierno que presidía José María Aznar otorgó 237 indultos, una cifra que ahora el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy ha doblado, según los datos temporales del Ministerio de Justicia.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Pareja española atacada salvajemente en York «por ser extranjeros»



La policía está a la búsqueda de un grupo de hombres que atacaron salvajemente a una pareja española en una de las ciudades turísticas más históricas de Gran Bretaña, simplemente por ser extranjeros.
Los agentes están tratando la agresión en York, en la que un varón de 24 años recibió reiterados puñetazos y patadas durante unos diez minutos, como asalto con agravante por motivos raciales.
Según fuentes policiales, otros miembros del grupo sujetaron a su novia de 29 años durante la agresión. El calvario no terminó hasta que un taxista que pasaba por allí se detuvo para ayudarlos. El asalto, que podría dañar el prestigio de la ciudad como lugar turístico de acogida, se produjo en el centro de York y a escasa distancia de The Shambles, una de las calles más visitadas de Gran Bretaña.
«Se trata de un incidente sumamente inquietante que obviamente va a escandalizar a la comunidad local de York y a todos aquellos que estiman la ciudad como un lugar de visita acogedor y seguro», señaló la agente Sophie Wilson, de la policía de Yorkshire del Norte. «Estamos prestando apoyo a la joven pareja española, que ha visto su estancia empañada de la manera más repugnante y mezquina».
La pareja española se encontraba en York de vacaciones cuando sufrieron el ataque al salir de un bar en el centro de la ciudad.
El hombre fue golpeado en repetidas ocasiones mientras se tambaleaba entre las calles New y Coney hasta llegar a la plaza St. Helen’s, donde los atacantes se disolvieron al ser vistos por un taxista.
La víctima sufrió graves lesiones, incluyendo fractura de mandíbula, hematomas por todo el cuerpo y dientes astillados. Se le condujo hasta el Hospital de York, donde recibió tratamiento de urgencia.
Las cinco personas del grupo fueron descritas como de raza blanca, de entre 20 y 25 años de edad y con el pelo corto o rapado; todos ellos hablaban con acento inglés y uno de ellos medía aproximadamente 170 cm y vestía una camiseta de manga corta y color claro con pantalones.
La policía está deseosa de localizar a cualquiera que haya presenciado el ataque y particularmente interesada en hablar con el taxista, que desapareció tras acudir al auxilio de la pareja.
«Las víctimas están muy agradecidas al taxista por haber tenido la decencia de detenerse y ayudarlos cuando se encontraban en una experiencia tan aterradora», comentó la agente de policía Wilson.

lunes, 13 de marzo de 2017

El presidente del Tribunal Supremo lamenta viajar en turista porque no da buena imagen



El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha lamentado hoy tener que viajar en clase turista porque cree que esa no es «la mejor imagen» para quien preside el Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
Así lo ha manifestado Moliner en declaraciones a RNE tras explicar que, a raíz de la dimisión de su antecesor, Carlos Dívar, por el escándalo de sus viajes en fin de semana a Marbella, el CGPJ aprobó un nuevo régimen de control del gasto tan «restrictivo» que le obliga a tener que pedir permiso para sus desplazamientos y «viajar en turista». «Ya no hay semana caribeña», ha proclamado.
En cuanto a sus relaciones institucionales, ha señalado que tiene «buen entendimiento» con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien ha dicho que no imaginaba que iba a tener una comunicación «tan positiva como está siendo» y, al ser preguntado qué temas habían tratado, se ha limitado a indicar que en «bajar determinados niveles de ruidos», sin querer concretar más.
Respecto al pacto entre CiU y ERC para convocar un referéndum independentista en 2014, ha recordado que la Constitución es la que marca las reglas de juego para ese tipo de convocatorias y si no se cumplen esos requisitos sería «ilegal», por lo que habrá que ver cómo «lo interpretan el Gobierno y el Tribunal Constitucional».
De la ley de tasas, ha reiterado que «sólo sería inconstitucional si limitara gravemente» el acceso a la Administración de Justicia, por lo que «hay que verlo en cada caso», dado que el CGPJ hará un seguimiento de la aplicación de las tasas. «No sé hasta qué punto puede reducir la litigiosidad, en principio parece que sí, pero ya lo veremos».